En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.

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Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

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A principios de 2016, la Cámara de la Cuarta Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una norma contenida en un reglamento interior de trabajo que prohibía el uso de los equipos de cómputo para fines personales era suficiente para justificar un despido ejecutado por una empresa rumana al descubrir que el trabajador había utilizado un servicio de mensajería instantánea a través de una computadora de la compañía para tener conversaciones privadas.

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Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.

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El pasado 31 de agosto, por primera vez en la historia de este Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados no alcanzó los acuerdos necesarios para la integración de su Mesa Directiva. Esta situación generó especulaciones, interpretaciones normativas y un amplio debate al interior de la Cámara baja respecto a las consecuencias de no contar con el órgano de gobierno, de máxima conducción parlamentaria.

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Las conclusiones que se pueden obtener del análisis son que debemos reconocer la existencia del problema para poder combatirlo por la vía administrativa y no la legislativa. Aunque todavía sea muy pronto para predecir los resultados, es importante considerar las fórmulas que vayan utilizar las autoridades para hacer atractiva la participación de los ciudadanos y sus aportaciones para la agenda y los foros de cultura cívica.

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Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.

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La cuestión a resolver, a partir de la demanda de amparo presentada por Radiomóvil Dipsa, S. A de C. V (Telcel), será fundamentalmente la siguiente: si al aprobarse la Ley el Congreso invadió la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones o; dicho en otros términos, si el establecimiento de tarifas por interconexión le corresponde al IFT y no al Congreso.

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El próximo 14 de agosto los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán y votarán el proyecto propuesto por el Ministro Javier Laynez Potisek, en donde se da respuesta a los conceptos de invalidez planteados por los impugnantes en contra de diversos preceptos relativos al contenido electoral de la Constitución de CDMX.

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