A raíz de los sismos que han afectado al país este mes, se creó una petición en Change.org la cual exige que los partidos políticos utilicen su presupuesto para la recuperación de las zonas afectadas por el sismo. La petición propone “…asignar a cada partido político una zona para que se encargue de su recuperación…”. Al momento de escribir este artículo (21 de septiembre) la petición llega casi al millón y medio de firmas. De igual manera, motivado por la catástrofe, el presidente del partido político MORENA en su cuenta de Facebook, el martes 19 de septiembre declaró que: “…MORENA destinará recursos para atender esta emergencia nacional…”.

Si bien las propuestas están muy bien intencionadas, ambas son ilegales. Tanto la Constitución en su artículo 41, como la ley general de partidos políticos en su artículo 25, les prohíben a los partidos políticos utilizar su presupuesto en asuntos distintos que los que señala la ley. ¿La ley está prohibiendo a los partidos políticos ayudar a la gente? Sí, pero es más que eso. Imaginemos un escenario en que cada partido político utiliza su presupuesto sin un marco legal previamente establecido y sin una correcta fiscalización, ¿Qué detendría al PRI, PAN, PRD o MORENA de lucrar con la pobreza o desgracia de la gente? Los partidos políticos utilizarían el dinero en una burda compra de votos en vez de centrarse en propuestas reales. Nuestra democracia se transformaría en una competencia en la cual ganaría el partido que más dinero regale.

¿Esto significa que no hay manera de restarle el presupuesto a los partidos políticos y que este se utilice en apoyo a los damnificados? No. El financiamiento público a partidos políticos es una prerrogativa, es decir, un privilegio económico, y los partidos pueden renunciar a este o al menos a parte de éste. La ley establece un máximo de gasto, pero no existe el mínimo de gasto; cuando un partido político no utiliza todo el presupuesto que se le fue asignado, este regresa a la Tesorería de la Federación para posteriormente ser reasignado a algún otro rubro. Entonces, si no podemos ni debemos exigirles a los partidos políticos que donen su dinero, sí podemos y debemos exigirles que renuncien a la mayoría de este presupuesto, de tal manera que este dinero pueda ser reasignado en apoyo a los damnificados. La distinción pareciese sutil, pero es de enorme relevancia.

Acorde a declaraciones del Secretario de Hacienda, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) alcanzaría en el 2018 un acumulado de 15 mil millones de pesos; por otro lado, el Instituto Nacional Electoral calcula el presupuesto total para financiar los partidos políticos el próximo año en la absurda cantidad de 6,788 millones de pesos. De renunciar todos los partidos políticos a su presupuesto asignado, y que este fuera a parar al FONDEN, los recursos superarían los 20 mil millones de pesos. Si bien parece que es una medida irreal, el hecho de que los partidos políticos renuncien al 100% de su presupuesto implicaría que se quedarían sin dinero para operar. Lo cual no necesariamente es lo mejor. Basta recordar que tan solo en el 2012, se presume que el PRI no reportó gastos de campaña que superan los 4 mil 599 millones de pesos,  el 67% del total de presupuesto asignado a todos los partidos políticos este 2018.

Por último, ¿qué debemos exigir como ciudadanía?

1. Que los partidos políticos renuncien a su presupuesto asignado para el 2018. Crear campañas y amenazar con no votar por el partido que no renuncie a alguna parte o la mayoría de su presupuesto.

2. Entender que los partidos no están “donando” nada, pues no es prerrogativa de ellos decidir que se hace con ese dinero.

3. Demandar que se modifique la ley para disminuir la enorme cantidad con la que se financian los partidos políticos año con año. Una manera de lograr esto sería apoyar que la llamada “Ley Kumamoto” llegue y se apruebe en el Congreso de la Unión, propuesta que modifica la fórmula de distribución de recursos a los partidos políticos y que recientemente fue aprobada y declarada constitucional en el estado de Jalisco.

El proceso puede parecer engorroso y tardado, pero recordemos que Roma no se construyó en un día. Si queremos un cambio efectivo, debemos siempre buscar que todas las instituciones operen apegadas al estado de derecho, es la única manera en que lograremos disminuir la corrupción, generar procesos más transparentes y transformar este país.

Gerardo Velarde. Politólogo por la BUAP, maestro en Políticas Metropolitanas por la UAM. Twitter: @velardegera

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