El sismo del pasado martes 19 de septiembre significó una fuerte sacudida a los cimientos de la sociedad de ciudad de México, con claras repercusiones a nivel nacional al menos en dos aspecto claves: la profunda solidaridad y empatía que ha surgido entre los “mexicanos de a pie”, lo cual se ha acompañado de un recrudecimiento del sentimiento de enojo con las distintas autoridades.

En este sentido, los partidos políticos son uno de los blancos más visibles de este enfado ciudadano, lo que se ha expresado en estos últimos días en las distintas y tumultuarias peticiones para que el financiamiento público hacia dichos institutos políticos y a las campañas electorales por venir, se elimine, reduzca y/o reoriente a las tareas de reconstrucción o de apoyo a los damnificados.

El debate no es nuevo: la discusión respecto la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y las campañas políticas, está entre nosotros al menos desde la presentación de la llamada “Ley Kumamoto”. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre su constitucionalidad y, por su parte, en la cámara de Diputados hasta el momento suman 16 las iniciativas de ley sobre este relevante tema. Sin embargo, en días recientes el reclamo ciudadano ha escalado a tal nivel que los diversos liderazgos partidistas se han visto obligados a manifestarse a favor.

El tema preocupa y, por ende, debe ser debatido a fondo y en serio, entre otras razones porque implica que el financiamiento público sea sustituido por el privado. Lo que abre la puerta, entre otros aspectos, a que individuos y grupos con mayor poder económico, incluido por supuesto el crimen organizado, adquieran fuerte incidencia en los asuntos públicos a raíz de sus aportaciones a los partidos y las campañas. Todo lo cual tendría, sin duda, graves repercusiones en nuestra incipiente democracia mexicana.

El caso norteamericano es un muy buen ejemplo y aleccionador respecto la espiral en el gasto en campañas políticas y, por consiguiente, en la influencia cada vez más profunda de la élite económica sobre los actores políticos y la vida pública.

En Estados Unidos de Norteamérica el financiamiento a las campañas políticas está regulado por la Ley federal de campañas electorales (The Federal Election Campaign Act) de 1971 y sus enmiendas de 1974 y 1976, que crearon la Comisión Federal Electoral (Federal Election Comission) y establecieron los fundamentos del financiamiento a las referidas campañas. Lo cuales consisten básicamente en restricciones a las aportaciones de los propios candidatos, individuos, partidos políticos y los controvertidos comités de acción política (PACs); revelación pública, a través de la Comisión Federal Electoral, de las contribuciones y gastos efectuados.1 A lo que se suman una serie de resoluciones de la Corte Suprema norteamericana, entre las que destaca United Citizen vs. FEC, según la cual el gobierno no puede prohibir ni poner límites a las contribuciones de las corporaciones en las campañas electorales.2

El siguiente gráfico muestra la trayectoria ascendente del gasto (en dólares) en campañas electorales en Estados Unidos en el período 2000-2016, de conformidad con lo que sigue:3

1. El gasto total en campañas se incrementó de $4.3 a $6.4 billones de dólares en el período en análisis, un aumento de $2.1 billones de dólares o 48% en 16 años;

2. El costo de las campañas legislativas fue el que observó un mayor crecimiento al pasar de $2.3 a $4 billones de dólares en el período en observación, lo que equivale a un incremento de 73% o 1.7 billones de más; y

3. Las campañas presidenciales tuvieron el menor de los aumentos al pasar de $1.9 a $2.3 billones de dólares, aunque fue en la elección de 2008, la de Obama contra McCain, cuando el gasto se disparó al alcanzar $3.7 billones de dólares.

Más recientemente,  esta tendencia en el gasto en campañas en Estados Unidos alcanzó un nuevo record en las elecciones del 20 de junio de 2017, fecha en la que tuvo lugar el ejercicio más caro en la historia de las elecciones para la Cámara de Representantes de dicho país. La elección en el sexto distrito de Atlanta, Georgia, por ejemplo, alcanzó la cifra récord de 55 millones de dólares, muy por encima de los 29 millones de dólares de su antecedente más cercano que fue el distrito dieciocho de Florida en 2012.4

Esta tendencia en el gasto en campañas electorales en Estados Unidos, ha despertado la preocupación respecto el poder que tiene el dinero y quienes lo detentan sobre la democracia misma.5 En este sentido, desde el ámbito académico, Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Boston Massachusetts, ha demostrado, para las elecciones a la Cámara de Senadores y la Asamblea de Representantes de Estados Unidos en el periodo 1980-2014, la existencia de una relación lineal positiva entre la proporción de dinero gastado en campañas y el voto por los candidatos ganadores.6 Es decir, el dinero tiene una influencia directa en los resultados electorales.

En la misma línea, Martin Gilen, académico de Princeton University, y Benjamin I. Page, profesor de Northwestern University, han concluido que el “análisis multivariado indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan los intereses de los negocios tienen sustanciales e independientes impactos en la política del gobierno norteamericano, mientras el promedio de los ciudadanos y los grupos de interés con base social tienen poca o ninguna influencia”.7 Esto es, son los individuos y las organizaciones con poder económico los que ejercen influencia en la conducción política de nuestro vecino del norte.

La evidencia empírica sobre el funcionamiento del régimen de financiamiento privado de los Estados Unidos es concluyente, son cada vez más grandes las sumas de dinero que se destinan a las campañas electorales, hay una relación directa entre gasto en campañas e intención del voto, y es abrumador el nivel de influencia en la vida política de quienes detentan el poder económico y, por tanto, los recursos para aportar a las campañas políticas.

México no es de ninguna manera Estados Unidos, lo que pase en el país vecino no nos condena a la misma experiencia. Sin embargo, lo cierto es que debemos de tener en cuenta lo que ha acontecido en el norte de nuestra frontera, y en otras latitudes, para tomar las debidas precauciones en el supuesto de que en efecto transitemos hacia un modelo de financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales. De hecho la situación de México no permite atisbar un futuro esperanzador: nuestra democracia adolece de condiciones mínimas como instituciones fuertes, un Estado de derecho consolidado, millones de persona en situaciones de pobreza, autoritarismos regionales y, por supuesto, la hidra que representa el crimen organizado. La eliminación del financiamiento público, pues, no parece ser la panacea que sus impulsores prometen, al contrario puede ser la llave para abrir la caja de pandora de nuestra endeble democracia.

Mauricio Calcaneo Monts. Estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


1 Smith, Steven S. et al., The American Congress, New York: Cambridge University Press, 2013.

2 Resolución disponible en http://bit.ly/2xsCdSf

3 Información disponible en http://bit.ly/2wgjo0N

4 A este respecto véase http://nyti.ms/2yp1hq5

5 Bohlen, Celestine, “American Democracy is Drowing in Money”, disponible en http://nyti.ms/2wQQpVH

6 Ferguson, Thomas and Jorgensen, Paul D. and Chen, Jie, “How Money Drives US Congressional Elections”, August 1, 2016, Institute for New Economic Thinking Working Paper Series No. 48. Disponible en: http://bit.ly/2wQnZLg o http://bit.ly/2hsb0IZ

7 Gilen, Martin and Page, Benjamin I, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, Perspectives on Politics, September 2014, Vol. 12/No. 3, pp. 564-581.

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El pasado 2 de enero de 2015, los ministros de la Suprema Corte de Justicia eligieron a su presidente para el periodo 2015-2018: el ministro Luis María Aguilar Morales. Han sido varias las voces que se han manifestado sobre este tema en los diversos medios de comunicación, aunque ni de lejos en el número y con la intensidad que se esperaría por tratarse de la elección de quien encabezará a uno de los poderes en que se divide el Supremo Poder de la Federación.

Una posible explicación de este poco debate público serio respecto a la sucesión en la Corte se puede encontrar en el carácter meramente jurídico que en el imaginario colectivo se le atribuye a la misma. El destacado académico, Robert A. Dahl, en un texto fundamental para el estudio de la Corte Suprema estadunidense[1], subrayó el carácter eminentemente político de dicha institución en el sentido de que se encarga primordialmente de resolver cuestiones controvertidas de la política nacional.

La Corte mexicana parece seguir cada vez más la pauta descrita por Dahl, pues se ocupa principalmente de casos que implican la resolución de aquellas diferencias surgidas entre la clase política nacional –al menos así lo parecen indicar los datos disponibles sobre la materia.

La gráfica 1, por ejemplo, muestra la evolución del total de asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, donde destaca una tendencia al alza pues en cinco años se pasó de 7,827 a 11,380[2], lo que significa un incremento del 45%.

grafica1

La gráfica 2, por su parte, presenta la distribución porcentual por año de los asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, de lo que se deduce que el amparo directo en revisión, el incidente de inejecución y el amparo en revisión abarcaron el 70% de los asuntos que conoció la Corte durante este periodo; mientras que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales representaron menos del 2% de los casos atendidos por la Corte.

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Lo anterior de modo alguno significa que la Corte concentre sus esfuerzos en la resolución de asuntos de orden sustancialmente jurídicos; por el contrario, la instancia máxima de la Corte, el Pleno, dedica la mayor parte de sus esfuerzos en la resolución de cuestiones que por su naturaleza jurídica implican solventar a su vez diferencias surgidas entre la clase política mexicana.

En el Informe de Actividades 2014[3] del anterior presidente de la Corte, se señala que en el periodo diciembre de 2013-noviembre de 2014 se resolvieron 6,826 asuntos. De estos, el Pleno estuvo a cargo de 301 (4.4%), la 1ª sala de 3,019 (44%) y la 2ª sala de los restantes 3,506 (51%). El Pleno de la Corte se encarga entonces de un número limitado de los casos, posiblemente de los más importantes.

La revisión de las versiones taquigráficas[4] del Pleno de la Corte correspondientes al segundo periodo de sesiones del 2014, que abarcó del 1 de agosto al 11 de diciembre de dicho año, ofrece una aproximación más precisa a los asuntos que en específico fueron abordados por dicho órgano judicial (véase gráfico 3):

  1. En el periodo referido tuvieron verificativo 58 sesiones del Pleno de la Corte: 10 solemnes, 47 ordinarias y 1 extraordinaria.
  2. Durante el segundo periodo de sesiones de 2014, fueron puestos a consideración del Pleno 67 asuntos de los que 63 recibieron resolución.
  3. Los asuntos relacionados con la solución de diferencias entre la clase política nacional (acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis, controversias constitucionales y consultas populares), representaron el 82% de los asuntos puestos a consideración del Pleno de la Corte (55 de 67) y el 84% de los casos resueltos por éste (53 de 63).
  4. Los casos de corte primordialmente jurídico (incidentes de inejecución de sentencias, consulta a trámite, recurso de inconformidad, amparo en revisión y amparo directo en revisión), significaron respectivamente el 17% y el 15% de los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte.
  5. Los temas de los asuntos que le planteó la clase política mexicana y que la Corte resolvió son: la reforma fiscal; la ley de ingresos; la legislación electoral federal; la legislación electoral del Distrito Federal, Colima, Tabasco, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Campeche, Guanajuato, Sonora, Morelos, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Nuevo León; las consultas populares sobre reforma energética, salario mínimo y legisladores de representación proporcional; controversias por diferencias entre los ayuntamientos y los gobiernos estatales en materia presupuestal.

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La información presentada, aunque solamente abarca el último periodo de sesiones de la Corte, parece confirmar para el caso mexicano la hipótesis de Dahl, pues su órgano máximo, el Pleno, resuelve principalmente cuestiones con un tinte profundamente político que son aquéllos que confrontan a nuestra clase política. Tal vez el reconocimiento de este papel político de la Corte pueda conducir a la sociedad mexicana a conocerla y a analizarla más a profundidad en beneficio de nuestra incipiente democracia.

Mauricio Calcaneo. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mail: calcaneomonts@yahoo.com

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[1]Dahl, Robert A. (1957), “Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker”, Journal of Public Law, No. 279, pp. 279-295.

[2] La información presentada en este apartado fue tomada del documento Indicadores de gestión jurisdiccionales que elabora la Secretaría General de Acuerdos de la Corte. Aunque en dicho documento se señala que el total de asuntos ingresados para los años 2009 y 2013 fueron del orden de los 9,191 y 13,032 respectivamente, la suma de las cantidades que presentan asciende a los 7,827 y 11,380 casos que aquí se reportan.

[3] Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe Anual de Labores 2014, disponible en www.scjn.gob.mx

[4] Disponibles en www.scjn.gob.mx

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