La democracia en México, en los últimos veinte años, ha experimentado cambios constantes al finalizar cada proceso electoral. Mediantes dichos cambios se ha buscado modificar esquemas y procedimientos en la organización de las elecciones. Algunos de éstos sí representan transformaciones importantes, pero en su gran mayoría parecen ser solo alteraciones por intereses particulares de grupos y mayorías parlamentarias. A partir de ello, el beneficio que se pretende alcanzar para la evolución y construcción del Estado democrático se encuentra poco justificado.

democracia

Esa inercia de movimientos reformistas dificulta, de cierta manera, el estudio de la democracia actual en México. Quienes hayan estudiado la democracia y el Estado, desde la antigüedad hasta la modernidad, pueden advertir el contraste de ideas que han sustentado las reformas y cambios estructurales en la mayoría de democracias en el  mundo. Nuestro país presenta una singularidad temporal en sus periodos para hacer cambios en la ley, puesto que estos tienen una duración de tres años que es lo mismo a realizar cambios a la legislación al concluir una elección.

La reforma política del 2014 generó cambios radicales en la dirección de las instituciones electorales. Dicho cambio, en vez de separar la dirección institucional a nivel federal y a niveles estatales, hizo una orientación unificada basada en esquemas nacionales legislativos en concordancia con los artículos 41 y 116 constitucional. Aunque la reforma haya ocasionado una unificación, esto no sucede en la práctica. Al respecto, surgen las siguientes interrogantes: ¿el tiempo será suficiente para consolidar el nuevo esquema de organización para mostrar los resultados esperados? O simplemente, como la historia nos ha mostrado, ¿se ajustarán de nueva cuenta las estructuras al finalizar el proceso electoral 2018?

La reforma apunta a la unificación de criterios, de fechas de participación y de costos en la democracia. Sin embargo, los cambios dejaron de lado las distinciones culturales, sociales y económicas de los distintos estados del territorio nacional. De ello, sobresale que las leyes vigentes no se adecuaran a las necesidades y casos singulares de un determinado entorno social, sino que ocasionaran la adecuación de las personas a los procedimientos. Este efecto demuestra que la búsqueda de un esquema único del derecho no puede ignorar la existencia de la pluralidad de las regiones y de las personas. En la actualidad, el reconocimiento y constancia de esas diferencias es llevada a cabo por los tribunales mediante acciones afirmativas, seguimiento de casos particulares y tutelas de derecho políticos-electorales –como lo hace el Instituto Nacional Electoral mediante sus facultades especiales. En consecuencia, el Estado mexicano requiere de un estudio profundo donde sean identificadas las reformas necesarias a la ley, en razón de los criterios jurisprudenciales y precedentes jurisdiccionales.

Otra consideración importante de las reformas es que prescriben y orientan cambios sustanciales en la manera en cómo se involucra a las personas en la vida pública o, en otras palabras, la ley otorga un derecho más amplio al ciudadano. La transición que está sufriendo México va de algunas formas de democracia directa para poder consolidar la democracia representativa. En este sentido, las reformas otorgan mayores derechos en las decisiones de Estado a los ciudadanos; empero, en la práctica esto no resulta totalmente cierto debido a que estos derecho están limitados. A manera de ejemplo, temas como derechos humanos, materia electoral, recursos del Estado, seguridad y fuerza armada están excluidos de la opinión pública. Los primeros ejercicios democráticos deberán ser una calificación más certera de los avances en la participación ciudadana para verificar sí efectivamente se combate el abstencionismo y se construyen ciudadanos interesados en los asuntos públicos; esto para poder crear pesos y contrapesos en la toma de decisiones.

En la sociedad existen diversas ignorancias que limitan la democracia actual y que debieran de ser erradicadas. Ernesto Garzón advierte dos tipos de ignorancia en la práctica: la ignorancia pasiva y la ignorancia activa (Garzón, 2011). La primera detallada como el resultado y falta de interés en la información, la falta de medios de información o dificultad para disponer de ella. Este tipo de ignorancia se ve reflejado en el aún bajo nivel educativo del común de la población. La segunda es aquella ignorancia que se denomina activa y se entiende como la que utiliza un conocimiento falso para promover intereses individuales o colectivos. En la era actual, la globalización digital aparenta ser vasta y de fácil acceso, sin embargo es imprecisa e irreal. Lo cual propicia la ignorancia activa caracterizada por la desinformación, la comunicación “viralizada”, la información parcial y la falta de rendición de cuentas que ocasiona un conocimiento falso basado en intereses individuales o colectivos de orden público o privado para manipular. A partir de ello, el desafío de la democracia mexicana debe ser una ciudadanía informada de los asuntos públicos con mejores esquemas educativos y mecanismos efectivos en la rendición de cuentas para la correcta toma de decisiones.

Para lograr una participación ciudadana más informada tienen que ser analizados los esquemas de comunicación política que prevé el Estado. El modelo actual de comunicación fue generado con la reforma constitucional del 2007-2008. La reforma señalada dio un cambio importante en la estructura al instaurar un administrador único de los tiempos de radio y televisión en la figura del Instituto Federal Electoral (conocido en la actualidad como el Instituto Nacional Electoral). José Woldenberg, en alusión al modelo de comunicación política, señaló que con esos pequeños segmentos de 20 y 30 segundos de publicidad política, ordenada en la norma, se “adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en “comerciales” y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases “ocurrentes” (Woldenberg, 2015). La anterior crítica y reflexión permite concluir que en gran medida la ignorancia pasiva del ciudadano es consecuencia del modelo de comunicación política existente. Es un hecho que el ciudadano no tiene información cierta de la propuesta política de los partidos y candidatos, como punto de tiene conocimiento el día de las votaciones los nombres, los apodos, las imágenes y las fotografías alusivas a los partidos y los candidatos; sin embargo, no tiene la información que construye una participación informada. Vencer esa falta de conocimiento debe ser un desafío más del Estado.

Advierto entonces que el Estado no garantiza un modelo efectivo de comunicación política de contenidos de información; con lo cual, no se propicia una ciudadanía participativa más informada. El enfoque del Estado se centra en el cumplimiento del esquema constitucional, basado en números de impactos y apariciones derivadas de la fuerza y la capital electoral de cada actor. De esta manera, debe existir una revisión al modelo de radio y televisión orientando no solo a la verificación del cumplimiento genérico de los estándares técnicos para la difusión de un spot, sino a la estructura de la pauta de los promocionales para integrar elementos de la propuesta política e ideología de los candidatos. Por supuesto que no se debe despreciar los esfuerzos de la libertad de expresión que abonan al discurso enérgico de la crítica política, pero hoy en día se requiere también de un saber positivo que construya.

Dentro de la comunicación política-electoral también es posible conocer las propuestas en contienda mediante la figura de los debates electorales. Lo negativo de esta figura es que difícilmente cumple su cometido, porque más que enfocarse en la difusión de información para la toma de decisiones electorales, en muchas ocasiones se reduce a una estrategia individual de los candidatos para no asistir y con ello no afectar sus posibles resultados. Por lo anterior, la tarea de abatir las ignorancias, descritas por Ernesto Garzón, no deben dejarse en exclusiva en la responsabilidad del Estado, sino deben extenderse como una corresponsabilidad y participación amplia a todos los sectores de la sociedad civil, las autoridades y los partidos políticos.

Un gran evento está próximo a la vuelta de la esquina. El 2018 representa el mayor acontecimiento democrático en la historia de nuestro país. De manera concurrente será renovado el poder ejecutivo, las cámaras de senadores y diputados, así como distintos órdenes en treinta estados de la República. Para combatir la indiferencia participativa del ciudadano, el Instituto Nacional Electoral creo una estrategia nacional de seis años (el periodo 2017-2023) bajo un instrumento denominado “ENCCIVICA”. El proyecto manifiesta que las políticas públicas definen la forma en que el Estado interviene para enfrentar problemas con visión de largo aliento. De manera particular, la calidad de la ciudadanía en México advierte una debilidad en la cultura democrática de las y los mexicanos; la cual “se expresa a través de la distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, de la desconfianza en el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas” (INE, 2016).

Las conclusiones que se pueden obtener del análisis son que debemos reconocer la existencia del problema para poder combatirlo por la vía administrativa y no la legislativa. Aunque todavía sea muy pronto para predecir los resultados, es importante considerar las fórmulas que vayan utilizar las autoridades para hacer atractiva la participación de los ciudadanos y sus aportaciones para la agenda y los foros de cultura cívica. Un instrumento valioso deberán ser los indicadores cuantitativos y cualitativos que puedan reflejar el acierto en la política pública adoptada.

Son muchos los desafíos que enfrenta nuestro país. No basta la existencia de figuras que aparentan un avance en la participación, como son los esquemas de democracia directa, las candidaturas independientes y la progresividad de los derechos humanos; sino es indispensable hacerlas operativas y asequibles a todo el mundo. De manera similar, es necesario mejorar las reformas con modelos productivos de comunicación política, mejores candidatos en contienda y, sobre todo, un gran número de escenarios para el debate de ideas en la sociedad civil. La invitación a la población deberá ser abierta, cercana y permanente. Los temas cívicos deberán presentarse de manera empática para buscar construir  al ciudadano informado, que no sólo busque participar, sino que tome el papel protagónico y decisor de la política mexicana actual.

Sandor Ezequiel Hernández Lara. Maestro en derecho. Twitter: @SandorHdz

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Garzón Ernesto, 2011, Propuestas, Editorial Trotta, Madrid

Woldenberg José, Menos spots más ideas, Nexos, De Chile, dulce y manteca, Blog de José Woldenberg, 17 de julio de 2015, consultado el 16 de julio de 2017, http://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=292

Instituto Nacional Electoral, 2016, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, versión ejecutiva, consultado el 24 de julio de 2017, http://bit.ly/2vMIHGp

 

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