Hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales.

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A principios de 2016, la Cámara de la Cuarta Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una norma contenida en un reglamento interior de trabajo que prohibía el uso de los equipos de cómputo para fines personales era suficiente para justificar un despido ejecutado por una empresa rumana al descubrir que el trabajador había utilizado un servicio de mensajería instantánea a través de una computadora de la compañía para tener conversaciones privadas.

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Llama la atención que el juez de distrito no analizó el modo en que opera Alphabet y sus múltiples empresas controladas, ni tampoco analizó si el tratamiento de datos transfronterizo que suele darse en la red incide de alguna forma en la cuestión competencial, pues no puede perderse de vista que el origen del problema ocurre solo en el mundo virtual, en Internet.

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Los anteriores son apenas unos ejemplos de las consecuencias que, desde el punto de vista probatorio, puede tener el Internet de las cosas. Constantemente parecemos olvidar que, si queremos defender derechos o asegurar el cumplimiento de obligaciones, es indispensable probar nuestros reclamos o nuestras defensas. Mientras no seamos capaces de robustecer nuestros procesos, y dentro de ellos los aspectos probatorios, ante la avasalladora tecnología en que vivimos nuestros derechos seguirán existiendo solo en el papel.

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El pasado 5 de diciembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe informar a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en el entorno digital, el número de personas o dispositivos que espió (intervino en sus comunicaciones) durante el año 2014.

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El pasado 16 de febrero, una magistrada californiana ordenó a la compañía Apple generar un tipo específico de código o software para auxiliar al FBI en la investigación de la masacre de San Bernardino. Una intensa discusión se ha suscitado en torno a esta orden, por lo que a continuación abordo algunos de sus aspectos más relevantes.

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Un empleado recibe la orden de su superior jerárquico de abrir una cuenta de mensajería instantánea en línea –como puede ser whatsapp, el servicio proporcionado por Facebook o Yahoo Messenger-, utilizando una plataforma de acceso público (es decir, no una herramienta web propia y exclusiva de la empresa) a fin de entablar comunicaciones vinculadas con sus labores. El empleado aprovecha el canal y hace uso de él para intercambiar mensajes con su novia y hermano. El patrón se da cuenta de ello y, con ese pretexto, despide al trabajador por haber utilizado recursos de la empresa para fines personales.

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Este somero repaso de algunos de los retos jurídicos que los autos inteligentes traerán aparejados es suficiente para dar cuenta de cómo nuestros códigos legales ocupan ya el asiento trasero mientras los códigos informáticos van tomando el control del volante que antes, para bien y para mal, residía mayormente en los conductores. Detrás de las pequeñas pantallas del tablero se esconderán más secretos e información que las ocultadas por Volkswagen. Nuestros vehículos avanzan hacia la autonomía, pero no es tan claro hacia dónde avanzan nuestros derechos en relación a ellos.

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