El fisco maneja gran cantidad de información sobre los particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, domicilio, o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin embargo, nuestras autoridades hacendarias también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente y conforme a derecho.

No es necesario ser un experto en materia fiscal para darnos cuenta que algo anda mal cuando la capacidad recaudadora del Estado es baja, los impuestos aumentan y, sin embargo, parece que a la hora de asignar el presupuesto público, nunca hay dinero suficiente para lo que la población necesita. Se vuelve entonces indispensable que haya transparencia en el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que dicha institución rinda cuentas sobre los ingresos que recibe. Es también necesario conocer exactamente qué criterios sigue para decidir lo que cobra y lo que deja de cobrar.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión del SAT continúa estando bajo una caja negra. La razón: una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto para que el SAT actúe detrás de una cortina de opacidad?

El famoso “secreto fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT reservar sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su naturaleza es indudablemente pública.

Un ejemplo claro de información que sí debemos poder conocer es la relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Se trata de créditos que el fisco ha decidido no cobrar, ya sea por incosteabilidad en el cobro (cuando cuesta más caro realizar diligencias de cobro que cancelar el crédito), por insolvencia del deudor o por la imposibilidad práctica del cobro. Si bien la cancelación no libera al deudor del pago (pues queda abierta la puerta para que pague de manera espontánea), también lo es que el Estado dejará de emplear su maquinaria para cobrar el crédito cancelado.

En octubre pasado, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos al SAT la información sobre los montos, fechas de cancelación y, principalmente, los motivos o razones por los cuales fueron cancelados dichos créditos. La información fue negada con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ante esta negativa, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que declare inconstitucional el artículo citado. Con esta estrategia, esperamos que el Poder Judicial sirva como verdadero contrapeso a un Poder Legislativo que ha sido omiso en reformar la noción de “secreto fiscal” para obedecer el mandato constitucional. Esperamos además que sirva de balance a un Poder Ejecutivo que hace uso indiscriminado de este precepto para negar información pública de manera caprichosa.

Nuestro argumento es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones. Esto significa que en el artículo 69 del CFF establece un régimen de excepciones que es exactamente opuesto al que establece el artículo 6º de la Constitución.

Además, la reserva absoluta que plantea el artículo 69 del CFF no responde al criterio de interés público que es el criterio rector en esta materia. Al contrario, es de interés público que se haga disponible la información sobre los créditos fiscales cancelados, pues sólo de esta forma la ciudadanía podrá verificar que se dan a partir de la actualización de supuestos establecidos en reglas claras y equitativas. Debemos poder conocer exactamente cómo son aplicados los criterios para la cancelación de créditos a fin de verificar que dichas cancelaciones no sean el resultado de la ineficiencia en el cobro o incluso de corrupción.

¿Quedaremos entonces desprotegidos los contribuyentes en nuestra intimidad o seguridad? La respuesta es no. Vale la pena precisar que lo que se busca con este litigio no es eliminar por completo la noción de “secreto fiscal”, sino resaltar que dicha noción debe ser acotada a fin de que corresponda a los avances que hemos tenido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales[1], así como aquella información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas[2] e incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones.[3]

La demanda de amparo indirecto que interpusimos fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el asunto fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal para que dicte la sentencia correspondiente. Se espera que la sentencia de primera instancia se emita en los próximos meses.

Si la sentencia niega el amparo, acudiremos a la segunda instancia para solicitar la revisión, y si la sentencia otorga el amparo, seguramente las autoridades responsables harán lo mismo. Tendremos entonces la oportunidad de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción, pues consideramos que es un caso que lo amerita por su particular importancia y trascendencia, así como por su novedad y relevancia.

En el fondo lo que perseguimos es delimitar y desmitificar algunas nociones aparentemente sagradas que amenazan de manera patente nuestro derecho de acceso a la información. El “secreto fiscal” tal y como está definido, no protege a nosotros los contribuyentes (o por lo menos no en todos los casos), sino que nos mantiene a obscuras en un tema que nos incumbe a todos: el manejo de los ingresos de nuestro país.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

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[1]Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el  11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II.

[2] Idem, Artículo 13, fracción IV.

[3] Idem, Artículo 13, fracción V.