En un post anterior, nos preguntábamos a quién protege realmente el famoso “secreto fiscal”, el cual tradicionalmente se encuentra definido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sugeríamos que dicha reserva no está orientada a proteger la seguridad o intimidad de los contribuyentes sino que sirve para reservar de manera arbitraria y sistemática la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para comprobar esta hipótesis, solicitamos la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Como anticipábamos, esta información nos fue negada con fundamento precisamente en el artículo 69 del CFF. En respuesta, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarase inconstitucional este artículo.

El argumento central de la demanda es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales.

El pasado 1º de abril nos fue notificada la sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esta sentencia presenta varios aspectos que vale la pena comentar:

En primer lugar, la sentencia es interesante porque resuelve a partir de la llamada “interpretación conforme a la Constitución”. Esté método interpretativo consiste en que cuando una norma permite diversas interpretaciones, se tendrá que acudir a la interpretación que es acorde con la Constitución federal. En las palabras de Paulo Bonavides, “una norma puede admitir varias interpretaciones. De éstas, algunas conducen al reconocimiento de la inconstitucionalidad, otras sin embargo consienten en tomarla por compatible con la Constitución. El intérprete, adoptando el método propuesto [la interpretación conforme a la Constitución], tiene que inclinarse por esta última salida o vía de solución. La norma, interpretada ‘conforme a la Constitución’, será por lo tanto considerada constitucional.”[1]

De acuerdo con la Jueza Quinta de Distrito Auxiliar, el artículo 69 del CFF admite dos posibles interpretaciones: una, en el sentido de que el secreto fiscal incluye toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades fiscales (sentido amplio) y; otra, en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos de los contribuyentes que estos suministren a dichas autoridades en sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación (interpretación conforme). Por lo tanto, la Jueza concluye que existe una interpretación posible del artículo 69 del CFF que sí respeta el orden constitucional y decide ultimadamente negar el amparo.

Lo curioso es que la propia Jueza reconoce que existe una interpretación amplia del “secreto fiscal” que es inconstitucional e incluso reconoce que ésta es la interpretación que le dan nuestras autoridades hacendarias. Admite además, que la información sobre créditos fiscales cancelados no debería ser reservada con fundamento en el artículo 69 del CFF pues no se refiere a los datos personales de los contribuyentes.

La Jueza declara en su sentencia que el acceso a la información pública es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración. Además, concede que no puede soslayarse que el Estado, como sujeto que genera información que tiene el carácter de pública y supone, por tanto, el interés de los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información, con las únicas limitaciones que exige la protección de la persona.

La sentencia concede que las autoridades del SAT realizan una interpretación incorrecta del “secreto fiscal” porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de tales créditos, no solamente no perjudica el interés público sino que va acorde con este último. Es una sentencia positiva, a pesar de que niega el amparo, pues declara en todas sus letras que, bajo el pretexto interpretativo del secreto fiscal, se esconden y cobijan nombres, cifras y datos concernientes a cancelaciones de créditos fiscales sobre los cuales los gobernados tienen interés público en conocer y en saber por qué no llegaron a las arcas públicas.

Estas valientes y acertadas declaraciones confirman que el concepto caduco de “secreto fiscal” no responde a las exigencias del derecho de acceso a la información como hoy se concibe, pues permite que las autoridades hacendarias hagan un uso caprichoso de esta reserva. Sin embargo, al realizar la interpretación conforme a la Constitución, la Jueza Quinta de Distrito encontró una salida fácil para negar el amparo.

La interpretación realizada por la Jueza es problemática porque reconoce que fue violado el derecho de acceso a la información, pero escoge un modo de interpretación que permite que subsista dicha violación en el caso concreto, por lo que no permite remedio alguno al quejoso. En efecto, esta modalidad interpretativa es más sencilla cuando se trata de control abstracto de la Constitución en países como Alemania, en donde el Tribunal Constitucional realiza este tipo de interpretación a fin de preservar la supremacía constitucional sin tener que eliminar del orden jurídico aquellas normas secundarias que pudieran tener una interpretación conforme a la Constitución. Un elemento clave es que esta interpretación conforme que realiza el Tribunal que se vuelve entonces obligatoria para los poderes públicos para la aplicación de la norma.

Al contrario, en nuestro sistema jurídico, la sentencia de amparo tiene efectos relativos, por lo que el pronunciamiento de la Jueza en el sentido de que existen dos interpretaciones posibles y debe prevalecer aquella interpretación que es acorde a la Constitución en ningún momento obligará ni indicará a las autoridades hacendarias que deben aplicar la norma impugnada conforme a ese criterio.

Además, sostenemos que aún la interpretación estricta o restringida que hace la Jueza en este caso es incorrecta porque dentro de la información proporcionada por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados no toda puede ser válidamente reservada bajo la noción de “datos personales”. Si bien el nombre, domicilio, patrones de consumo, etc. de los contribuyentes pueden ser clasificados como información confidencial, hay toda una gama de información que proporcionan los contribuyentes que sí es de naturaleza pública. El Estado tiene la obligación de generar versiones públicas de la información que proporcionan los contribuyentes por ejemplo, para fines estadísticos, precisamente para salvaguardar los datos personales. No olvidemos además que la protección de datos personales ya se encuentra prevista por el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización son confidenciales.

Por estas consideraciones recurriremos el fallo en nuestra lucha para que el derecho de acceso a la información sea una realidad y no un mero enunciado a nivel del texto constitucional. Acudimos, ahora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideramos que es competente en razón de que se impugna una ley federal y el tema de inconstitucionalidad subsiste en el recurso, además de que se trata de un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

Síguenos en Twitter: @FundarMexico Y también en Facebook


[1] Bonavides, Paulo, Curso de direito constitucional, 6a. ed., São Paulo, Malheiros, 1996.