Hace unos días, el Tribunal Constitucional español resolvió la constitucionalidad de una norma electoral andaluza retomando uno de los mejores e interesantes debates del constitucionalismo moderno: la obligatoria colación alternativa de hombre-mujer en la presentación de listas de candidatos para un Parlamento.

Aunque este debate no resulta novedoso para gran parte de las sociedades europeas, sí que lo es en algunos Estados americanos (como de otros continentes), donde apenas los órganos encargados del control constitucional de las normas emanadas por el Parlamento comienzan a recibir demandas por las consecuencias que este tipo de listas pueden generar, ya sea en las cúpulas de las organizaciones políticas (partidos y agrupaciones), como entre los mismos ciudadanos que desean aspirar a un cargo público representativo.

El caso, originado por la impugnación de la ley por parte del Partido Popular andaluz y resuelto en la STC 40/2011, reforzó la doctrina constitucional que se venía sosteniendo en materia de paridad de sexos en candidaturas electorales (concretamente, la establecida en la STC 12/2008, de 29 de enero, en la que se analiza la constitucionalidad de la norma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que prevé el mínimo del 40% en cada tramo de cinco puestos en las candidaturas presentadas, y la STC 13/2009, de 19 de enero, que analiza la Ley del Parlamento Vasco que dispone la necesaria “representación equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales”, la cual sólo puede darse “cuando los dos sexos están representados al menos al 40 por 100”).

El Tribunal Constitucional señaló que las normas electorales que prevén la obligatoria presentación de las listas de candidatos con un riguroso intercalado de sexos en su composición para la integración parlamentaria no restringe, en absoluto, el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos como alegaba el Partido Popular. Estas medidas legislativas, a juicio del Tribunal, están orientadas a la consecución real y efectiva del principio de la igualdad material previsto en el artículo 9.2 de la Constitución española. Así, a través de una división cualitativamente equilibrada en la sociedad, puede lograrse un equilibrio efectivo en los órganos políticos representativos.

Ahora bien, es cierto que con estas medidas los partidos políticos (además de las agrupaciones de electores y coaliciones, únicos legitimados para presentar listas de candidatos) adolecen una vulneración en su libertad de actuación. Sin embargo, dicha libertad no supone un derecho fundamental, sino una atribución implícita de la  Constitución que no es absoluta. De este modo, en atención a ciertos valores fundamentales, el legislador democrático puede imponer ciertas limitaciones a su ámbito de actuación. En el caso, resulta razonable corregir una situación histórica de discriminación de la mujer en la vida pública a través de una fórmula de paridad absoluta en el terreno de la participación política.

John Rawls señala que justamente debe partirse del reconocimiento de las personas como libres e iguales en la cultura pública de la democracia. Si entendemos el sentido estricto de una democracia representativa (no en el sentido clásico de democracia indirecta, sino del ideal igualitario por el que propugna John H. Ely al entender por “representativo” que los intereses de todas las personas estén igualmente representados con igual consideración y respeto), el fundamento material de este tipo de medidas electorales queda justificado en atención a los más altas aspiraciones constitucionales de igualdad. Una igualdad efectiva en el terreno de la participación política (a través de la paridad estricta entre los dos sexos para la conformación de los cargos públicos representativos), habla de una sociedad igualitaria, de pluralismo político y de realización de las máximas por las que propugna una auténtica democracia constitucional.

No debe pasarse por alto, sin embargo, que supondría una cosa distinta la aplicación de la norma en cuestión en la fase de proclamación de candidatos electos, es decir, una vez celebradas las elecciones, donde sí podría apreciarse una vulneración constitucional al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso de los cargo públicos representativos. En efecto, dado que el contenido esencial del derecho de sufragio pasivo consiste en la garantía de acceso al cargo público de aquellos candidatos que los ciudadanos hayan elegido como sus representantes, dicho derecho se satisface sólo en la medida en que se mantenga la debida correlación entre la voluntad del cuerpo electoral y la proclamación de candidatos. En este sentido, la posterior aplicación de una norma que exige la paridad de sexos en los representantes distorsionaría la voluntad general y pervertiría el acceso democrático a los órganos representativos.

Por último, surge el problema de la vulneración del derecho a la libertad de ideario de algunos partidos políticos: ¿Qué sucede con aquéllas opciones partidarias que únicamente postulan listas electorales con personas del mismo sexo (digamos, por ejemplo, un partido feminista)? Pues bien, en sí mismas dichas listas no son, en términos del Tribunal, “constitucionalmente ilegítimas”, pero una vez establecida la nueva obligación jurídica por parte del legislador democrático, el mandato se vuelve “constitucionalmente irreprochable” y, por tanto, es constitucionalmente lícita la imposibilidad de presentar candidaturas que reflejen una determinada ideología política a través de la presentación de una lista compuesta por personas de un mismo sexo. Lo contrario supondría una contradicción con el desarrollo normativo del principio de igualdad material previsto en la Constitución, principio a través del cual se concreta, además, los postulados de una auténtica democracia representativa a través de la integración paritaria de los órganos políticos estatales.

Luis Felipe Nava Gomar. Becario del Tribunal Constitucional español (twitter: @lfnavita).