La guerra que el presidente Felipe Calderón declaró al inicio de su sexenio en contra del narcotráfico ha puesto casi desde el inicio un punto de enorme relevancia en la discusión pública: si es constitucional la decisión del Ejecutivo federal de combatir el crimen organizado mediante las Fuerzas Armadas del país. En este sentido, en buena medida, la discusión en el Congreso respecto la Ley de Seguridad Pública ha girado en torno precisamente en si el presidente de la República puede emplear al Ejército de manera unilateral, sin la aprobación del Congreso, con el objetivo de apoyar o sustituir a los cuerpos de policía.

Algunos consideran que todas estas acciones en que se emplean a las Fuerzas Armadas con el objetivo de que desempeñen tareas de seguridad pública carecen de sustento constitucional, violando entre otros el artículo 129 de nuestra Constitución que señala que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y que se relaciona con el artículo 29 constitucional que regula la suspensión de derechos fundamentales en el país para que el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia.

Ahora bien, lo curioso es que en esta discusión sobre la regulación de la fuerza pública en términos constitucionales pocos se han preguntado si la Suprema Corte de Justicia tiene ya una interpretación sobre las posibilidades que tiene, dentro del marco constitucional, el Ejecutivo federal para utilizar a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y sin intervención del Congreso, para resguardar la seguridad interior del país. Es decir, ante este tema tan delicado, vale preguntarse cómo ha entendido nuestra Corte el mencionado artículo 129 de la Constitución.

La respuesta es que la Suprema Corte tiene ya una tesis de jurisprudencia, que derivó de una sentencia de acción de inconstitucionalidad resuelta en marzo de 1996, donde interpreta precisamente este artículo 129 y que señala que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles sí es constitucional.  Lo cual nos recuerda algo obvio: en esta discusión hay que poner el ojo crítico tanto en el poder Ejecutivo y el Congreso, como en la Suprema Corte de Justicia.

Registro No. 192080

Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 549
Tesis: P./J. 38/2000
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).

La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXIX/96), se publique como jurisprudencial, con el número 38/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

El Juego de la Suprema Corte

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