Los problemas que surgen de la representación parlamentaria han generado, desde su inicio, uno de los debates principales del constitucionalismo moderno. La incidencia que pueden tener los representados en el foro de discusión parlamentaria o el alcance de su participación en la deliberación de sus representantes ha exigido un continuo replanteamiento en el debate democrático.

Es cierto que el principio constitucional de prohibición del mandato imperativo (que puede surgir entre representantes y representados) constituye un pilar fundamental para la libre formación de la voluntad estatal por quien tiene la legitimidad para hacerlo, pero también es cierto que ello no debe cerrar la oportunidad de la participación ciudadana en la deliberación parlamentaria.

Los debates parlamentarios, la creación de comisiones especiales o bien la iniciativa legislativa –descartando la complicada iniciativa popular prevista en la Constitución española en su artículo 87– constituyen facultades que únicamente competen a aquéllos que ostentan un cargo público representativo (en las Cortes Generales, diputaciones autonómicas, etc.) y que, por tanto, no pueden ser ejercidas por el ciudadano. Pero, ¿qué sucede si como ciudadanos y miembros de la sociedad realizamos alguna propuesta de intervención –sin intención de incidir en los procedimientos preestablecidos– a los órganos parlamentarios? ¿Deben éstos tomarla en cuenta o bien están legitimados para rechazarla sin mirarla siquiera? Pues bien, es justamente este problema el analizado por el Tribunal Constitucional de España hace unos días en la sentencia STC 108/2011.

Una asociación civil defensora de la función pública presentó ante las Cortes de Aragón una solicitud a la Mesa de la Cámara: que propusiese al Pleno la creación de dos comisiones parlamentarias, una especial de estudio sobre criterios de conducta pública aplicables a todos aquéllos que desempeñan un cargo público, y otra de investigación para esclarecer la situación y funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. La Mesa de las Cortes inadmitió estas peticiones con base en la “falta de legitimación” que tenía esta asociación, pues la creación de este tipo de comisiones correspondía al Pleno de la Cámara a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o bien de una quinta parte de los diputados.

La asociación recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. En su sentencia, el Tribunal recordó la doctrina establecida sobre este derecho y señaló su importancia como instrumento básico para la participación ciudadana y su relación con la libertad de expresión como posibilidad de opinar. Señaló que la petición, de acuerdo a la Constitución y a ley que lo regula, puede incorporar una sugerencia, una iniciativa, una súplica o queja.

Además, señaló que la misma Constitución dispone en su artículo 77  la posibilidad de que las Cámaras puedan recibir peticiones individuales y colectivas (quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas), lo que incluye, desde luego, a los Parlamentos autonómicos. De este modo, el Tribunal subrayó que la petición ejercitada en ese ámbito, además de ser una libertad civil, constituye también una expresión de un derecho de participación política: un derecho que permite la comunicación de los ciudadanos con el poder público y que contribuye a que los representantes democráticos conozcan las preocupaciones de sus representados.

Es verdad que la Mesa, en tanto que órgano de administración y gobierno interior de las asambleas parlamentarias, tiene la función de realizar un control de regularidad legal de los escritos de los parlamentarios previo a su debate. Sin embargo, también es cierto que ese examen debe limitarse siempre al exclusivo cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente exigidos y no a juicios de oportunidad política o bien a juicios que corresponden en competencia a otros órganos de la Cámara.

En este sentido, el Reglamento de las Cortes de Aragón establece una Comisión Permanente de peticiones y derechos humanos para examinar cada petición individual o colectiva ciudadana. Por ello, con la recepción de la petición formulada por dicha comisión y su posterior examen hubiera bastado el respeto al derecho de petición de la asociación recurrente. Sin embargo, lo contrario supuso no sólo su vulneración, sino también una extralimitación en las competencias de la Mesa parlamentaria al tomar una decisión que no le correspondía, decisión que, además, privó a los representantes democráticos del conocimiento de una propuesta que hubiera podido merecer un debate y hasta el surgimiento de una iniciativa legislativa. Por estas razones, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo a la Asociación recurrente y ordenó anular los acuerdos de inadmisión del Parlamento autonómico.

Es cierto que no pueden ser objeto del derecho de petición las solicitudes, sugerencias o quejas para las que el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento específico (en el ámbito judicial, administrativo o inclusive parlamentario). Pero el hacer llegar una propuesta (no iniciativa) o sugerencia a los órganos del Estado (sobre todo al Parlamento) constituye, a mi juicio, una oportunidad de acercamiento del ciudadano con los órganos democráticos, pues les permite a éstos últimos el conocimiento de las inquietudes ciudadanas. El derecho de petición en este ámbito constituye un derecho de participación democrática y ciudadana, estimula el diálogo parlamentario y genera un debate en el núcleo representativo: ya para la función del control del gobierno, ya para la articulación de nuevas iniciativas legislativas.

Luis Felipe Nava Gomar. Becario del Tribunal Constitucional de España (twitter: @lfnavita).