No digo nada nuevo si afirmo que el aborto es uno de los temas más controversiales en las sociedades modernas y que la sociedad mexicana no es la excepción. Su discusión divide a familias, parejas, amigos y como era de esperarse hasta a los ministros de la Corte. Este “enfrentamiento” es parte de una sociedad plural en la que convivimos habitantes con distintos planes de vida, formas diversas de concebir el bien, la justicia, el mundo. En pocas palabras, con un profundo y persistente desacuerdo sobre este tipo de cuestiones.

En ese sentido, la herramienta más poderosa con la que contamos es la deliberación, por medio de lo cual los pueblos definimos lo que queremos ser como sociedad, fijamos nuestra identidad y los bienes que queremos alcanzar a través de nuestros representantes. A fin de cuentas, la deliberación es la base que da legitimidad a las decisiones democráticas y es el único medio razonable para la coexistencia pacífica.

La semana pasada, los ministros tuvieron la tarea de definir la constitucionalidad o no del artículo 7º, primer párrafo de la Constitución de Baja California, que establece que el individuo concebido se tendrá como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Como se sabe, la incorporación de esta disposición a dicha Constitución fue consecuencia de la sentencia recaída a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la que la mayoría de los ministros dejó en manos de las legislaturas la decisión sobre la penalización o no del aborto.

Si hacemos memoria ese proceso (A.I. 146/2007 y acumulada) tuvo como causa la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el D.F. hasta la duodécima semana de gestación. Ante dicha situación, el gobierno federal, a través del Procurador General de la República, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad impugnando su conformidad con la Constitución. Así, después de un proceso inédito en el que se celebraron seis audiencias públicas y se recibieron cientos de escritos, cartas y correos electrónicos, la Corte reconoció la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal. A través de una sentencia minimalista y ambigua respecto a los derechos en juego, consideró que la penalización del aborto en las primeras doce semanas es una opción constitucional de las legislaturas estatales.

Desde un punto de vista dialógico, esta sentencia sirvió para comunicar a las legislaturas estatales que la prohibición del aborto quedaba a su discreción. Así, algunos entidades federativas entendieron la señal y reformaron sus constituciones para proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Estas reformas a su vez fueron impugnadas ante la propia Corte y hace algunos días fueron declaradas constitucionales. Aunque como ha señalado Alejandro Madrazo, en esta ocasión no se trataba estrictamente de la penalización del aborto, sino de la protección del “individuo” desde el momento de la concepción. Sin embargo, en mi opinión, en el fondo se debatía el mismo tema.

El resultado de la votación alcanzada la semana pasada fue de una mayoría de 7 votos por la inconstitucionalidad y 4 por su constitucionalidad. Esta votación no obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que establece el artículo 105 de la Constitución -requeridos como forma de deferencia hacia el legislador- para declarar la invalidez de una ley. Es decir, faltó un sólo voto para declarar la inconstitucionalidad del precepto. En efecto, si bien los argumentos de esa mayoría de 7 no fueron totalmente coincidentes, todos se pronunciaron por declarar su inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, el mensaje de la Corte es muy claro: “vuelvan a la arena política en búsqueda de un cambio legislativo o impulsen nuevos ministros que puedan cambiar esa mayoría”. En el contexto actual, ninguno de estas dos cuestiones es baladí, pero exige de nosotros (los ciudadanos) un papel más activo.

De hecho los ciudadanos no tenemos porqué aceptar sin reparos las decisiones judiciales (es decir, ser sujetos pasivos), pues el debate popular sobre la Constitución infunde las memorias y los principios de la tradición constitucional, que no serían desarrollados si la ciudadanía fuera pasiva ante las decisiones judiciales. En este sentido, nuestro papel no está limitado a actos ocasionales de creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación y ejecución de la Constitución. De ahí que hoy más que nunca debemos hacer valer nuestro protagonismo como actores constitucionales.

En este aspecto, los movimientos sociales juegan un papel fundamental como configuradores del sentido constitucional, generando nuevos entendimientos que guíen las posturas oficiales y estableciendo canales de comunicación entre la ciudadanía y el poder judicial. Por tanto, si queremos que en un futuro próximo la Constitución de Baja California sea modificada, lo primero que tenemos que hacer es ser políticamente activos. Esto significa seguir debatiendo y tratar de convencer a los que están en contra del derecho a decidir. Eso sí, aceptando que al final del día el desacuerdo puede persistir.

Con esto conecto con mi segunda reflexión. Como se sabe, dos de los Ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad terminan su período a finales de 2012. Es decir, muy probablemente sus sustitutos serán elegidos por un acuerdo entre el Presidente Calderón y su sucesor. En este sentido, quién siga a Calderón en la silla presidencial será fundamental para el futuro de nuestra doctrina constitucional. Ahora bien, para nuestros efectos lo más importante es tener presente que como cualquier político el titular del Ejecutivo que sea electo en las elecciones de 2012 estará influido por la opinión pública. De esta manera, si queremos repercutir de alguna manera en la próxima designación de ministros y, en consecuencia, en el próximo debate judicial sobre el aborto lo que nos queda es la movilización política.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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