Durante los primeros años de esta década, una parte de la discusión sobre el renovado  papel de la Suprema Corte de Justicia en México y sus nuevas atribuciones, consistió en si la Corte era una institución política.

Logrado un nivel aceptable de autonomía respecto del poder político tradicional, la caracterización de la Corte como política tenía para no pocos connotaciones negativas. Y de ahí que sostuviesen lo que podemos llamar una posición juridicista al respecto, es decir, consideraban que la Corte en tanto tribunal constitucional no era política, que sus decisiones no eran fruto de dinámicas políticas y que más bien debían leerse en clave enteramente jurídica. Detrás de esta mirada, estaba la idea de que el derecho y la política son dos sistemas separados que operan con lógicas diferentes y que no es deseable que se mezclen, por lo cual las intervenciones de la Corte debiesen ser eminentemente técnicas.

Por otra parte, habíamos otros que abogábamos por una visión más realista del binomio derecho-política y de la relación entre ambos. Sosteníamos, y en mi caso sostengo, una posición politicista del lugar de la Corte mexicana, y de cualquier otra. Esta mirada defendía la politicidad de la Corte y, en ese sentido, la consideraba un actor político que utiliza herramientas jurídicas para procesar conflictos. Y, por lo cual, es deseable que tenga  una lectura clara del espacio político en que se mueve, así como de los impactos y consecuencias de sus decisiones.

Quizás en esos primeros años de una mayor presencia de la Corte en la vida pública -recordemos que hace una década y media que tuvieron lugar las reformas judiciales de 1994- la discusión estaba más que justificada. Hoy, sin embargo, no cabe duda de la politicidad de la Corte. La intervención que ha tenido la Corte en la resolución de ciertos conflictos, rebasando el ámbito estrictamente técnico, (como, por ejemplo, en las dos sentencias sobre el aborto, el desafuero de López Obrador y el veto presidencial al presupuesto), su nueva visibilidad en la arena pública, así como el propio reconocimiento de la Corte como un actor político realizado por algunos de sus presidentes, dan cuenta de ello.

Ahora bien, si asumimos plenamente la politicidad de la Corte, entonces, la discusión debe abandonar el tema de la deseabilidad del carácter político de la Corte y girar hacia una nueva interrogante: qué conflictos son los que deben resolverse en la arena de la Corte.

Sabemos por múltiples fuentes que el 90% de los amparos que resuelve el poder judicial son amparos fiscales, esto significa que el poder judicial fundamentalmente trabaja para resolver conflictos en torno al pago de impuestos. Por otra parte, a partir de la nueva base de datos @lex de la Suprema Corte, también sabemos que en las acciones de constitucionalidad entre 1995 y 2009, el 44% de las normas impugnadas tuvieron que ver con cuestiones electorales y el 38% con ingresos públicos, en tanto que en las controversias constitucionales el 28% de las normas impugnadas tienen que ver también con ingresos públicos, y el 21% con una categoría residual. Estas cifras, tomadas sin un análisis sofisticado, nos permiten identificar que entre 1995 y 2009, en los quince años de funcionamiento de la Corte como un árbitro en el proceso político, ésta ha sido una arena en que se dirimieron básicamente conflictos que tienen que ver con el dinero (los ingresos públicos) y el poder. Lo cual no debe impresionar dado el diseño institucional predominante que permite que se judicialicen cuestiones relacionadas con esto. Un espacio protagonizado por las entidades federativas y los partidos políticos, así como la federación.

No obstante esta tendencia general, parece que en los últimos tiempos, probablemente en los últimos cinco años, comenzamos a ver que de manera excepcional, pero con gran repercusión pública, el espacio de la Corte se está convirtiendo, no sin resistencias, no sin idas y vueltas, y de manera tímida, en un espacio en que además de litigar cuestiones de poder y dinero se litigan derechos. Importantes aspectos vinculados con los derechos se empiezan a ventilar en el ámbito jurisdiccional. Varios movimientos y actores sociales e individuales han incorporado a la Corte dentro de sus estrategias. Antes no era un espacio que se tomara en cuenta para dirimir derechos. Ahora, sin embargo, parece que no sólo el poder y el dinero sino también la sociedad están ingresando, de a poco, en la agenda del máximo tribunal.

Ahora bien, más allá de esta descripción, ¿qué escenarios nos plantea esta nueva politicidad de la Corte?

En primer lugar, un proceso de aprendizaje de las formas de relación, e incluso la adaptación de las mismas, por parte de actores de la sociedad civil  y de la Corte. En segundo lugar, que la excesiva o exclusiva judicialización de los derechos, desafíe la predicción teórica de la democracia constitucional que ubica a las cortes constitucionales en el centro del sistema de protección de derechos, y genere demasiadas expectativas iniciales difíciles de cumplir. La mirada comparativa es ilustrativa, incluso exclusivamente en América Latina, encontramos un mosaico de situaciones. Y la pregunta ante ese mosaico es qué sucede, qué condiciones políticas, sociales e institucionales contribuyen a que las cortes se constituyan como agentes de cambio. Y aquí parece que la facilidad de acceso a la jurisdicción, cuestión que no se ha dado en México, o estructuras de soporte legal que comienzan a desarrollarse (pensemos en las clínicas de interés público, etc.) son condiciones necesarias, para lograr cambios positivos.

En tercer lugar, si asumimos con Robert Dahl, que las cortes son parte de la coalición gobernante, el espacio de acción de la corte sería el que permita la coalición gobernante, sin embargo en lo que hemos dado en llamar nueva politicidad de la corte, el espacio puede ampliarse y hacerse más diverso y por tanto complejo. En un contexto que cada vez más las cortes son visibles y tienen una preocupación por su legitimidad ante el público, y no sólo ante el sistema político, las cortes tienen que salir al ruedo y establecer parámetros que vayan más allá de la declaración y, en este sentido, la posibilidad de pensar en soluciones experimentalistas es una posibilidad para la generación de modelos alternativos de diseño de políticas públicas consonantes con los procesos políticos democráticos.

Pero también, desde el otro lado, del lado de la sociedad, las ONGs y los movimientos sociales, podemos esperar reacciones. Sin haber hecho una investigación exhaustiva, es evidente que dentro de las estrategias de algunas organizaciones se han incorporado los tribunales y con ellos un nuevo actor, el litigante de derechos, un abogado comprometido, casi militante, que lleva litigios, y que en general es muy optimista respecto de las posibilidades del litigio estratégico para impulsar derechos y con ellos procesos de cambio social. Probablemente sin hacer futurología, y si las cosas siguen como hasta ahora, lo que veremos en los próximos años es un aumento del litigio en materia de derechos en México, y respuestas divergentes por parte de los tribunales y con éstas una pérdida de las esperanzas iniciales sobre las promesas del litigio estratégico. Colombia, Argentina, EEUU, son un buen ejemplo al respecto.

Esta mayor apertura de los espacios judiciales al litigio nos enfrenta con una situación nueva que nos remite a un problema clásico, una preocupación por la independencias judicial que va más allá del poder político. Y la vincula con otros actores estratégicos. Esta mayor competencia que se está dando en el espacio judicial claramente requiere elementos que contribuyan a la equidad de la contienda. Esto es, al desarrollo de mecanismos que publiciten y visualicen la relación de los actores con los jueces. Porque presiones siempre va a haber, el tema es tratar de que todos tengan iguales chances de presionar y que los jueces las procesen adecuadamente.

Hoy la Corte es una arena para dirimir no sólo conflictos políticos sino conflictos relacionados con derechos litigados por organizaciones sociales, sin dejar de celebrar esta situación, esta intervención llama a tener una mirada más expectante que triunfalista sobre este proceso.

Karina Ansolabehere. Politóloga. Investigadora de tiempo completo de FLACSO-México.

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