Una de las reflexiones que creo puede hacerse desde y sobre el constitucionalismo mexicano a raíz de este período de elecciones es la falta de espíritu crítico y pasividad que caracteriza a nuestra academia constitucionalista. En un momento tan importante de la vida nacional seguimos enfocando nuestros esfuerzos en cuestiones de dogmática jurídica, mientras en las calles, las universidades, lugares de trabajo, etc., lo que se está discutiendo son las campañas y las próximas elecciones.

Asimismo, salvo algunas excepciones como los artículos publicados por John Ackerman en el periódico La Jornada, no hemos servido para llamar la atención sobre cuestiones que debilitan nuestro debate democrático, como sí lo están haciendo los estudiantes universitarios de muy distintas procedencias. Por poner un ejemplo, hemos dejado pasar sin mayor consideración la sentencia del TRIFE (SUP-RAP-94/2012) en  la que se confirmó la negativa del IFE a organizar doce debates temáticos conforme a las reglas establecidas en el artículo 70 del COFIPE, es decir, poniendo en manos del mercado y de los propios partidos la organización de los debates entre los contendientes. Lo que por cierto, a la luz de los acontecimientos recientes no parece que vaya ser el caso. ¡Como si no lo supiéramos desde antes!

Desde mi perspectiva, si algún aporte podemos hacer desde el constitucionalismo a estas elecciones es promover ese espíritu crítico que es base de una democracia basada en la fuerza del mejor argumento. Sin embargo, mientras sigamos pensando que nuestro trabajo sólo radica en la elaboración de propuestas técnico-jurídicas no parece que las cosas vayan a cambiar. En efecto, a diferencia de nuestro entorno, en otros países los constitucionalistas están seriamente involucrados en la crítica de la política nacional. Es por ello que en esta oportunidad quiero llamar la atención sobre lo dicho por el candidato Enrique Peña Nieto en la conferencia que dio hace unos días en la Universidad Iberoamericana, pues a mi entender una declaración de tal envergadura no puede ser pasada por alto, por lo menos si se tiene un compromiso verdadero con la protección de los derechos fundamentales.

En efecto, una vez más el candidato del PRI justificó el brutal uso de la fuerza que se hizo en Atenco hace unos años. Para él, la muerte de un joven y la violación de varias mujeres en manos de las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron justificadas en tanto se preservó el “orden público”. Es decir, el uso de la fuerza a la vieja usanza en la que los derechos y libertades de los seres humanos podían ser atropellados por razones de Estado. Entre esta forma de justificación del uso de la fuerza y la que se utiliza para mediatizar a la población en la guerra al narcotráfico actualmente emprendida, no hay una ninguna diferencia. Por ello es que después no podremos hacernos los sorprendidos si las cosas no cambian y seguimos siendo uno de los países de Latinoamérica con uno de los peores índices en el respeto de los derechos y libertades civiles (Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, Konrad Adenauer Stifftung, 2011).

Con esta entrada no quiero demeritar o siquiera insinuar que durante estos meses de campaña dejemos de hacer dogmática y/o teoría constitucional para dedicarnos de lleno al análisis político, lo cual sin duda sería absurdo. Sin embargo, si quisiera hacer una llamada a aquellos que comparten el proyecto de un México en el que los derechos dejen de ser un argumento retórico, para emprender la tarea de llamar la atención sobre los discursos de los candidatos y la candidata que sean contrarios a los ideales del constitucionalismo, esto es, la libertad, la igualdad y la democracia, así como alentar la movilización, la discusión y la crítica política en la sociedad civil. Pues como dice Habermas los actores de la sociedad civil tienen la oportunidad invertir la dirección de los circuitos de comunicación convencionalmente consolidados en el espacio de la opinión pública y en el sistema político (medios de comunicación y partidos políticos) y con ello de cambiar el modo de solucionar problemas que tiene el sistema en conjunto. Este trabajo, me parece a mí, es parte de nuestro compromiso con ese Estado constitucional que tanto propugnamos y teorizamos.

Roberto Niembro. Investigador de la ELD y actualmente investigador visitante del Max Planck Institute para Derecho Público Comparado en Heidelberg, Alemania.

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