Desde hace ya algunos días, el Pleno de la Suprema Corte se encuentra discutiendo la resolución de un conjunto de asuntos relacionados con temas de transparencia y acceso a la información.

El siguiente asunto enlistado para discutirse este lunes 9 de julio es el relacionado con el amparo indirecto promovido en contra del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, mismo que consagra la noción de secreto fiscal.

Como recordarán, en posts anteriores (aquí y aquí) nos hemos dado a la tarea de preguntarnos realmente qué y a quién o quiénes protege el secreto fiscal, pues consideramos que la reserva absoluta a la que hace referencia dicho artículo no se orienta a la protección de la seguridad ni mucho menos de la intimidad de los contribuyentes, sino que más bien sirve para ocultar sin fundamento alguno la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para ponernos en antecedente, recordemos que para demostrar que el artículo 69 es contrario a los principios de máxima publicidad y divulgación –consagrados en el artículo 6° constitucional-, en 2010 se llevó a cabo una solicitud de información ante el SAT sobre los créditos fiscales que fueran cancelados en 2007 y que ascienden a una cantidad de alrededor de 74 mil millones de pesos.

Como era de suponerse, el SAT negó el acceso a dicha información, fundando su negativa en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que la información requerida se encuentra protegida bajo la sombrilla del secreto fiscal.

En respuesta a lo anterior, desde Fundar acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarara la inconstitucionalidad del precepto legal que faculta a la autoridad tributaria a reservar TODA la información que esté en sus manos.

El argumento toral se basó en que en un país como México, las autoridades estatales deben de regirse por la presunción de que toda la información en poder del gobierno es de carácter público y que ésta podrá, excepcionalmente, reservarse por causas de interés público.

La sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y notificada el 1 de abril de 2011, negó el amparo. A pesar de ello, dicha sentencia resultó interesante pues resolvió el caso a partir de la llamada interpretación conforme a la Constitución, considerando que la resolución del asunto admitía dos posibles interpretaciones: la primera que correspondía a la interpretación en sentido amplio, consideraba que la noción de secreto fiscal incluye toda la información que se encuentra en posesión de las autoridades tributarias; la segunda interpretaba el artículo en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos que los contribuyentes suministren a las autoridades fiscales mediante sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los que se obtienen en el ejercicio de las facultades de comprobación. De esta forma, la Jueza decidió no conceder el amparo al considerar posible esta segunda interpretación.

Por lo anterior, recurrimos el fallo en segunda instancia. Solicitamos que el asunto se remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues consideramos que era competente en razón de que en el amparo se impugnó una ley federal y de que subsistía el tema de la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Además, dado que la reforma constitucional ordena la interpretación conforme a los tratados y el principio pro personae, resulta aún más claro que se debe de interpretar el derecho de acceso a la información de todos los gobernados de manera más amplia.

El día de ayer, el Tribunal Pleno resolvió favorablemente dos amparos, uno promovido contra actos del Congreso del Estado de Veracruz y otras autoridades y un segundo contra actos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con lo que contribuye a fortalecer las condiciones para el ejercico del derecho a la información en nuestro país.

Tenemos fuertes expectativas de que de la discusión que se de en la próxima sesión de Pleno deriven criterios judiciales que contribuyan a inhibir el uso arbitrario que la autoridad tributaria hace del secreto fiscal en perjuicio de nuestro derecho a la información.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.