Esta última etapa del proceso electoral en la que nos encontramos es de especial importancia no tanto porque los resultados de la elección presidencial vayan a cambiar, sino porque pone a prueba a todos aquéllos que estamos convencidos de que la democracia es la mejor forma de gobierno.

Es verdad que hay muy distintas formas de entender la democracia y la legitimidad democrática, sin embargo ahora no quiero detenerme en este interesante debate. Me basta con que podamos coincidir en que si hemos establecido procedimientos e instituciones electorales es porque consideramos que es la mejor manera que tenemos para dotar de legitimidad a las elecciones. Es verdad que la legitimidad es una cuestión gradual y que en la medida en que los hechos se acercan más a un ideal de democracia, que en mi caso sería el de la democracia deliberativa, los resultados serán más legítimos y viceversa. Ahora bien, más allá de los ideales regulativos, lo que tenemos son determinados procedimientos que nos permiten tener resultados más o menos legítimos. Así, lo que ahora mismo está en juego no sólo es el voto de 49 millones de mexicanos, sino que esos votos hayan sido expresados en procedimientos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales que dotan de legitimidad a los resultados.

Pues bien, si coincidimos en este punto, es que resulta llamativo que algunos “demócratas” no quieran esperar o no les guste que el candidato de las izquierdas haga valer sus derechos ante las instituciones electorales. Recalco la palabra derechos, pues afortunadamente no se trata ya de concesiones simpáticas. Por el contrario, yo diría que el ejercicio de esos derechos nos beneficia a todos, no sólo a los que no votamos por Peña Nieto, sino también a los que votaron por él. Que el sistema electoral que tanto nos ha costado funcione y funcione bien hoy, es la única forma de asegurarnos que el día de mañana quien gane las elecciones pueda celebrar su triunfo. No se trata entonces, como algunos han insinuado, de no aceptar la derrota, sino de poner a prueba y que realmente funcione el sistema electoral del que tanto nos enorgullecemos.

¿Y qué hay de las protestas en contra del IFE? ¿Es que una vez que votamos debiéramos volvernos a nuestras casas y esperar a que las instituciones electorales hagan su trabajo? No, definitivamente no. La protesta además de ser un derecho sirve para percibir e identificar problemas, tematizarlos de forma convincente y de modo influyente, proveerlos de contribuciones, comentarios e interpretaciones, y dramatizarlos de suerte que puedan ser asumidos y elaborados por el complejo parlamentario. Como dice Lovera, “un rápido repaso por movimientos sociales exitosos nos muestra que quienes se movilizaron y protestaron en torno a reclamos comunes produjeron cambios que, hoy en día, pocos demócratas estarían dispuestos a cuestionar como un beneficio a nuestras democracias” (por publicarse 2012).

Así, desde mi perspectiva el sistema político debe estar sujeto a permanente crítica. Este punto  hay que recordarlo permanentemente ya que para algunos no debiéramos criticar más a nuestras instituciones, pues no vaya a ser que se desgasten. Sin embargo, lo que pierden de vista estos optimistas es que “la democracia no es algo que se ‘da’ o se ‘concede’, sino más bien, un movimiento abierto, empecinado y precario, a favor de la igual libertad de todos y contra las oligarquías y tiranías de diferente signo” (Pisarello, 2011).

De hecho lo que esta cerrazón me hace sospechar es que lo que buscan es que nuestra democracia sea manejada por las élites, en este caso el IFE y el TEPJF. Sin embargo, olvidan que el discurso de los expertos no está aislado de valores y puntos de vista morales, es decir, no es neutral. Por ello, es que al contrario de estas opiniones celebro esa cultura pública ágil, móvil y aun nerviosa acostumbrada al ejercicio de las libertades, que exige a nuestras instituciones el respeto y garantía de los procedimientos que nosotros mismos hemos establecido.

 

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD y actualmente investigador visitante del Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado en Heidelberg, Alemania.

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