Acaba de salir publicado el libro Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que tiene como objetivo reflexionar, criticar y dar a conocer la doctrina de dicho Tribunal sobre algunos temas de actualidad. El trabajo es fruto de la iniciativa de los analistas de doctrina (2010-11) y del desinteresado apoyo de algunos letrados del Tribunal Constitucional español, así como del director de la biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer. Los analistas del Tribunal se renuevan cada año y son seleccionados a través de un concurso público abierto en el que puede participar gente de cualquier procedencia. Nuestras tareas consisten básicamente en estudiar y analizar la doctrina del Tribunal. Durante el período 2010-11 tres de los seis analistas fuimos mexicanos.

Este libro nació con el fin de compartir nuestro trabajo con los lectores mexicanos que están interesados en el derecho constitucional comparado, pero sobre todo contribuir a la discusión teórica en nuestro país. Desde este punto de vista, esta obra no pretende ser una difusión acrítica de lo hecho en otras latitudes, sino un instrumento más para llevar a cabo nuestros propios debates.

A continuación, usando las palabras del ministro Fernando Franco y que se pueden leer en el prólogo que amablemente escribió para la obra, se resume el contenido de la misma.

“En lo que atañe a las funciones sustantivas, la obra se integra con:

  • La contribución que realiza Ana Ylenia Guerra para comprender el fascinante y complejo espectro que se abre con la evolución científica en materia de bioética, particularmente en el campo de la Biología y de las Ciencias de la vida y sus aplicaciones tecnológicas (en temas tan polémicos como son los relativos a derechos reproductivos –reproducción asistida-, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, entre otros), para el análisis y protección de los derechos humanos;
  • El trabajo de Luis Felipe Nava Gomar, el cual se ocupa de los problemas de la interpretación a la luz de los métodos seguidos por la suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y del Tribunal Constitucional español, pronunciándose en el sentido de considerar como la más adecuada actualmente a la que se ha denominado “interpretación evolutiva”, que según el autor consiste en una adaptación de la norma constitucional a la realidad social por parte del juez constitucional. Permite la plena eficacia de la Constitución y dota de contenido vacios jurídicos (generados en casos concretos) que pueden generar una desprotección en los derechos y libertades del ciudadano que son considerados como fundamentales para una sociedad en un momento y lugar determinados.; y
  • El estudio que realiza Nuria Sangüensa sobre los conflictos jurídico constitucionales que presenta la protección del derecho a la libertad personal, así como las libertades de residencia y circulación en el caso de los extranjeros, que aunque referido al caso español, se universaliza en cuanto a las consideraciones que formula en relación con la extensión de la protección de derechos fundamentales que atañen a las minorías cuyos integrantes no se encuentran representados de la forma ordinaria en el proceso de formación de la Ley.

En lo que está vinculado a las funciones sustantivas de la jurisdicción constitucional en el ámbito de la estructura estatal y la relación entre poderes, se encuentran:

  • Respecto de la jurisdicción internacional, el estudio elaborado por Cristina Izquierdo sobre los enfrentamientos entre las jurisdicciones constitucionales en materia de derechos fundamentales, a la luz de la experiencia española frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que presenta los casos de tensión entre esos dos órganos de control, particularmente cuando el tribunal internacional pretende imponer un estándar de protección menor en materia de derechos fundamentales que el que ha adoptado jurisprudencialmente el órgano límite de control constitucional nacional.
  • En lo que atañe al orden interno, Amuitz Garmendia y Luis Alberto Trejo aportan el interesante estudio sobre el Federalismo Judicial en Estados Compuestos, en el que analizan los modelos de España y México bajo el presupuesto de que los requisitos que tipifican el federalismo judicial en esos esquemas estatales son: que tanto el Estado como las entidades territoriales (así llamadas por los autores) tengan competencias sobre lo que se denomina autonomía institucional en lo judicial; que cada sistema judicial (el estatal y los regionales) tenga autonomía jurisdiccional, y la necesaria existencia, en lo que afecta al ejercicio de la jurisdicción, de articulaciones entre el sistema central y los subsistemas territoriales que eviten lagunas y soluciones, las contradicciones o las discriminaciones que pueden darse en aplicación del derecho por los órganos judiciales de las entidades territoriales; y
  • Roberto Niembro escribe sobre la teoría del diálogo constitucional entre los jueces y los legisladores, que considera que el juez es parte de una práctica racional y comunicativa en la que escucha y a la vez responde por tanto, pretende ser un modelo alternativo en el que ninguno de los actores constitucionales puede prevalecer en todos los casos por lo que se identifica como un proceso compartido en que los interlocutores discuten sus respectivas visiones, bajo la premisa de que lo que esta teoría sugiere es cooperación, intercambio y, principalmente, moderación mutua.

En el segundo bloque, referido a trabajos relacionados con aspectos procesales, se ubican:

  • El de Ignacio Torres que desarrolla el tema de la legitimación en los procesos constitucionales en España, en el que después de hacer un análisis de los criterios que ha sostenido el Tribunal Constitucional en ese país, concluye que la tendencia en los últimos años ha sido poco proclive a explorar nuevas legitimaciones y que, cuando no ha hecho una interpretación estricta y restrictiva de la ley, ha sido porque se trataba de confirmar líneas jurisprudenciales muy consolidadas, explicando tal tendencia en el contexto de evitar el desbordamiento de la justicia constitucional por el crecimiento de las cargas de trabajo, fenómeno que es común a todos los tribunales constitucionales; y
  • El análisis pormenorizado que Luis Pomed realiza sobre el trámite de admisión de la Cuestión de Inconstitucionalidad en el régimen español -que es dable en un sistema de control concentrado de constitucionalidad-, por lo que España ha desarrollado esa figura como una cuestión de colaboración entre jurisdicciones, dado que a través de esta institución los jueces y Tribunales que consideren que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución Española, tienen expedita la facultad para plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, para que éste resuelva sobre la inconstitucionalidad planteada.”

Esperamos que sea de su interés.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD.

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