Reino Unido está en el centro de la opinión pública. Los últimos comicios han hecho que analistas y periodistas sigan puntualmente los vaivenes de la política inglesa. Más allá de la compleja negociación política que en este momento se está llevando a cabo para formar gobierno, en el futuro inmediato también se esboza el escenario de una ambiciosa reforma electoral. En este contexto, la siguiente entrega analiza un tema poco estudiado y que probablemente pronto sea objeto también de una reforma de no menor importancia: la consolidación de un tribunal constitucional. Y lo que esto implicaría para la vieja isla: abandonar el principio de supremacía del parlamento para adoptar plenamente el paradigma de la supremacía constitucional.

En uno de los debates de la Cámara de Lores, a finales del año 2002, donde se discutió la reforma impulsada por el gobierno de Tony Blair para crear una Corte Suprema en el Reino Unido, el Lord Canciller Irvine of Lairg resumió el accidentado proceso de reforma en una frase: “somos una nación de pragmatistas, no de teóricos, y estamos, en realidad, por lo que funciona”.

La gran reforma constitucional impulsada por Tony Blair, y que permitió la creación de la Corte Suprema, ha evolucionado lentamente y parece ser que tendrá que recorrer todavía un largo camino. De ahí que exista una curiosa comparación entre este proceso de reforma que impulsó el gobierno de Blair y el arribo de Cristóbal Colon a América: Colon, al igual que Blair, no sabía hacia donde se dirigía cuando zarpo, al llegar a su destino nunca supo donde estaba y cuando regreso jamás entendió donde había estado.

Es cierto: el partido laboral se lanzó hacia la conquista de un nuevo orden constitucional sin tener claro cuál era el más apropiado para el Reino Unido. Según Timothy Garton Ash, el fracaso es doble: lograron derrumbar el viejo orden constitucional, pero no fueron capaces de construir otro nuevo. El proyecto careció de continuidad y coherencia. Existieron razones suficientes para restarle importancia: el 11 de septiembre, la invasión a Iraq, las próximas elecciones y el riesgo de confrontar a la opinión pública. Lo peor, sin embargo, fue que los laboristas se aferraron al sistema parlamentario durante los debates de la reforma. Nunca existió verdadera voluntad de cambio. Tal vez temieron enfrentar a la opinión pública o simplemente, como dice David Held, los británicos siempre se aferran a la tradición.

No obstante, los resultados de la reforma son enormes: se logró descentralizar el poder al establecer un sistema de reparto de competencias que incluyó a Escocia, Gales e Irlanda del Norte; se instauró la independencia del Banco de Inglaterra; y se logró implementar la Ley de Libertad de Información y la Ley de Derechos Humanos –como consecuencia de la creación de ésta última nace la Corte Suprema-.

Vale recordar que desde 1876, un grupo de miembros de la Cámara Alta del Parlamento, el comité de los Lores de la Justicia (Law Lords), cumplía el rol de máxima Corte de Apelaciones para Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y para Escocia (en casos civiles). Hoy, por primera vez en 900 años, la independencia judicial se encuentra consagrada en la ley. Mediante un acto del Parlamento (Acto de Reforma Constitucional de 2005) se creó la Corte Suprema en el Reino Unido, quedando oficialmente establecida el 1 de octubre de 2009. Su creación tiene un objetivo no menor en la tradición constitucional: separar definitivamente la función judicial y legislativa de la Cámara de los Lores.

Así, desde octubre de 2009, la Corte Suprema del Reino Unido es la máxima instancia en cualquier controversia que surja en el derecho inglés, galés e irlandés. Tiene también jurisdicción limitada, con respecto a las controversias que surjan en el derecho escocés. Además, tiene jurisdicción para conocer acerca de cualquier controversia que surja del ejercicio de los poderes de las tres administraciones descentralizadas, como lo son los poderes ejecutivo y legislativo de Irlanda, el gobierno y el parlamento escocés y la Asamblea Nacional de Gales. Al mismo tiempo, esta reforma removió la facultad del Lord Canciller de actuar como ministro de gobierno y juez. Una facultad que atentaba contra el principio de separación de poderes.

Pero, ¿cuáles son, en concreto, los alcances reales de este cambio y las consecuencias que se pueden generar en el sistema constitucional del Reino Unido?

La gran diferencia entre la mayoría de las cortes constitucionales del mundo y la Corte Suprema del Reino Unido es que en ésta no existe un control formal de constitucionalidad de las leyes, debido a que el Reino Unido no tiene una Constitución codificada y escrita. En caso de que la Corte Suprema considere que una ley es inconstitucional, el gobierno tiene que someter la controversia a consideración del Parlamento para que la ley sea reformada.

De esta forma, las decisiones judiciales de la Corte no poseen la característica de la inmediatez. Mientras el Parlamento mantenga el monopolio en la validez de las leyes y no se refuercen las facultades del nuevo tribunal, la creación de la Corte pasará a la historia como una ambiciosa reforma que pretendía cambiar el sistema constitucional del Reino Unido y que concluyó en meros ajustes de transparencia y de la relación entre la sociedad y la justicia británica.

Ahora bien, aunque esta Corte carece de las facultades propias de un tribunal constitucional, también es necesario subrayar que el dinamismo del sistema inglés se ha encargado, en muy poco tiempo, de convertirla en un factor decisivo para balancear la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte ha confrontado los pilares del viejo sistema Británico. Veamos.

La creación de la Corte, no hay que olvidar, es fruto de la adhesión del Reino Unido a la Convención Europea de los Derechos Humanos. En este sentido, la Corte es resultado de la exigencia de reconocimiento de garantías para los ciudadanos. Por ello, la reforma se enfocó en el control de las leyes en materia de derechos fundamentales y de normativa comunitaria (Unión Europea). Por ello, en su calidad de última instancia del sistema judicial del Reino Unido, tendrá un papel decisivo en la aplicación de la normativa propia de la Unión Europea. En primer lugar, al interpretar los tratados que se transformen en leyes y, en segundo término, al asegurar que las demás cortes británicas conozcan y cumplan las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. En este sentido, la efectividad de la nueva Corte Suprema descansará en buena medida en su capacidad de señalar las inconsistencias entre la ley nacional y las exigencias jurídicas de Europa.

Esto significa un verdadero cambio de paradigmas constitucionales, pues, a pesar de que la reforma insistió hasta cierto punto en privilegiar el sistema parlamentario sobre el constitucional, la creación de la Corte Suprema produce un inevitable tránsito del tradicional principio de soberanía del parlamento británico hacia el principio de supremacía constitucional. Esto es, la Corte Suprema del Reino Unido es el pilar final en la Constitución, ya que el Parlamento crea las leyes, el gobierno y los organismos públicos las aplican y la Corte monitoreará su aplicación.

Los últimos resultados electorales han abierto la posibilidad de una reforma electoral que busque un parlamento más equilibrado, pero también la oportunidad de que el debate constitucional regrese a la agenda nacional y se haga una reflexión más profunda de las facultades que debe tener la Corte Suprema inglesa. Y lo que esto implicaría: definirse por conservar el principio de supremacía del parlamento o apostar por el paradigma de supremacía constitucional. Parece lejana la posibilidad, pero hoy en día los tiempos cambian a pasos agigantados en el Reino Unido.

Luis Sánchez Barbosa. Licenciado en Derecho por el ITAM y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Londres.

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