El 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia retomará la discusión del amparo directo en revisión ADR 517/2011: el caso Cassez. El 21 de marzo del año pasado, la Primera Sala retiró el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque, aunque tres ministros (José Ramón Cossío, el propio Zaldívar y Olga Sánchez Cordero) se pronunciaron a favor de otorgar el amparo a Florence Cassez, no lograron construir consenso con relación a los efectos que debe producir esa concesión de amparo a favor de Florence.

El proyecto quedó en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien con ánimo de generar una resolución que convenza a sus colegas en la Primera Sala, ha elaborado un nuevo proyecto de resolución.

A continuación, se exponen algunas diferencias entre lo propuesto el año pasado por el Ministro Arturo Zaldívar y el proyecto de Olga Sánchez Cordero.

Efectos

El proyecto de Arturo Zaldívar proponía otorgar un amparo liso y llano a favor de Florence Cassez, dada la naturaleza grave e irreparable de las violaciones cometidas en su contra. Por esa razón, los efectos del amparo no podían ser otros que ordenar la libertad inmediata de Florence. Zaldívar proponía la anulación total de proceso como resultado de la contaminación íntegra que produjo tanto el montaje elaborado por las autoridades federales como el “filtro” que este impuso tanto a los testigos de cargo (víctimas), como a las autoridades ministeriales y judiciales.

Sobre la base de tres derechos fundamentales, Zaldívar construyó la noción de “efecto corruptor” como un detonador de consecuencias jurídicas muy particulares en el caso, que en el conjunto habrían afectado irreparablemente los derechos fundamentales de Florence Cassez.

El proyecto de la ministra Sánchez Cordero propone otorgar un amparo para efectos a Florence Cassez, es decir, no ordena su liberación inmediata y tampoco elabora un estudio exclusivo de constitucionalidad, de modo que el Tribunal Colegiado que resolvió el amparo directo no será quien decida en definitiva “con plenitud de jurisdicción”. En su lugar, propone anular varios elementos de prueba y regresar el expediente al Tribunal Unitario de apelación, para que éste emita una nueva sentencia sin tomar en cuenta los elementos viciados.

Análisis

Además de identificar violaciones a derechos constitucionales, el proyecto de Sánchez Cordero elabora un estudio de “legalidad” que, dada la naturaleza del recurso promovido por Florence (que en principio centra la discusión en el marco constitucional con base en el cual deberá resolverse el caso, sin analizar directamente la evidencia y sin pronunciamiento sobre normas que no sean propiamente constitucionales) podría producir una discusión sobre los límites que la Corte tiene para la discusión de este caso: si puede o no hacer lo que la Ministra propone.

El proyecto de Olga Sánchez Cordero basa la concesión del amparo en tres violaciones constitucionales, al igual que el proyecto de Zaldívar. No obstante, la argumentación que propone la ministra difiere de la ofrecida por Zaldívar el año pasado. Las violaciones identificadas son:

  1. Violación al derecho fundamental de un detenido a ser puesto a disposición sin demora;
  2. Violación al principio constitucional de inocencia;
  3. Violación al derecho a la asistencia consular.

A diferencia de Zaldívar, Sánchez Cordero no ubica al montaje de la aprehensión urdido por la Agencia Federal de Investigación como la fuente y explicación de las violaciones ni lo coloca como el elemento que desencadenó las demás consecuencias jurídicas.

Aunque la ministra considera que el montaje violó los derechos fundamentales de Florence Cassez, para ella, este elemento es eficiente para “contaminar” (e invalidar) sólo algunos de los elementos de prueba con los que se juzgó a Florence Cassez, principalmente las declaraciones y ampliaciones de declaración de los testigos de cargo Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos. La ministra no conecta directamente al montaje con la nulidad de estas pruebas, sino que desarrolla cómo es que el montaje y la manipulación –por parte de la AFI– de elementos objetivos de la investigación autorizan a realizar un análisis de “legalidad” sobre la confiabilidad de los testimonios que posteriormente plasmaron estos testigos.

El análisis de legalidad se propone como método para respetar el principio de presunción de inocencia, que en el caso fue violado en más de una forma.

Asimismo, el proyecto propone anular los partes informativos elaborados por los policías que aprehendieron a Florence Cassez. Sánchez Cordero sostiene que los partes policiales se contradicen con las imágenes transmitidas a virtud del montaje televisivo y que, posteriormente, los policías federales cambiaron su versión de los hechos en declaraciones vertidas ante la Visitaduría de la Procuraduría General de la República, principalmente, para apoyar la versión de los hechos ofrecida por el montaje. Para la ministra, lo anterior resulta inconstitucional y por tanto propone la anulación de estos partes policiales.

La anulación de los partes policiales “derribaría” los delitos de portación y posesión de armas prohibidas, delito por el que también fue condenada en las instancias ordinarias.

El ministro Zaldívar construyó un respaldo de normas constitucionales para explicar la secuela procesal en el caso Cassez, desde el momento de la detención de Florence y hasta la sentencia del Tribunal Colegiado de amparo. Para Zaldívar, el montaje significó una “escenificación ajena a la realidad” que produjo violaciones a derechos fundamentales por sí misma –el derecho a la asistencia consular y el derecho a ser puesto a disposición sin demora–, pero que, además, habilitó la violación de otros derechos constitucionales, particularmente el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato y como regla probatoria.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero no basó su proyecto en la violación al derecho a la asistencia consular como elemento indispensable para una defensa adecuada, como había anticipado durante su intervención en la sesión de 21 de marzo de 2012, sino en el derecho a la presunción de inocencia y en el estudio de legalidad (valoración de elementos de prueba) que el proyecto realiza con base en lo que se denominó “principio de congruencia”.

El efecto que la ministra concede a la violación al derecho a la asistencia consular de Florence Cassez es únicamente la anulación de su declaración ministerial.

El proyecto de Sánchez Cordero finaliza argumentando que los elementos de prueba anulados por las violaciones a derechos fundamentales no deberán ser tomados en cuenta por el Tribunal Unitario que resuelva en definitiva y que, dado que una persona no puede ser juzgada con base en el contenido de tan solo un testimonio, la declaración que quedó exenta del análisis de nulidad propuesta por la ministra, no sería suficiente para condenar a Florence Cassez. Esto último, no es una afirmación contenida expresamente en el proyecto, sino una inferencia derivada de las consideraciones de la parte final.

Escenario

El proyecto de Olga Sánchez Cordero tiene la encomienda de convencer al menos a dos ministros de la Primera Sala para ser aprobado por mayoría. Por un lado, deberá convencer al ministro Cossío sobre los efectos propuestos y los alcances de las violaciones a derechos fundamentales con relación a las pruebas que deben ser anuladas particularmente. Por otro lado, el proyecto debe convencer tanto en sus razones de fondo como en sus efectos al ministro Arturo Zaldívar, quien inicialmente propuso otorgar un amparo liso y llano (con efectos absolutos y de libertad inmediata). Asimismo, la ministra Olga Sánchez Cordero provocará un nuevo pronunciamiento del ministro Pardo Rebolledo, quien en principio estaba de acuerdo con la estructura y argumentos de Zaldívar, pero no con sus efectos. Por último, la propuesta de este miércoles forzará al nuevo integrante de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a pronunciarse en el caso Cassez. Como se ha adelantado en algunos comentarios sobre los antecedentes del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, su criterio jurídico continúa siendo un misterio con relación a los temas que son materia de la Primera Sala.

De no aprobarse el proyecto de Olga Sánchez, existen varios escenarios posibles, dada la falta de reglas claras en la práctica de la Primera Sala para casos en los que, por segunda ocasión, no se resuelve en definitiva.

El expediente ADR 517/2011 podría turnarse al Pleno de la Corte, en cuyo caso serían los 11 ministros quienes decidirían el futuro de Florence Cassez. Otras posibilidades son que el proyecto se turne nuevamente a un ministro de la Primera Sala –probablemente Ortiz-Mena – o incluso a algún ministro de la Segunda Sala.

Finalmente, los ministros pueden decidir abandonar las consideraciones del proyecto de Olga Sánchez (si ella se suma) y llegar a un acuerdo sobre la concesión de amparo y sus efectos durante la sesión, pero dejando los argumentos y los lineamientos particulares para otro momento, esto es, pendientes de “engrose”. Esto quiere decir que las razones y los efectos del amparo que, en su caso, se otorgue a Florence Cassez quedarán pendientes a la elaboración de un documento escrito, que deberá conciliar los argumentos vertidos en la sesión y que sería encargado a un ministro en particular.

El Juego de la Suprema Corte

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