El caso Cassez constituye incontestablemente un caso que suscita muchos comentarios, inquietudes y, en general, reacciones fuertes. Los alumnos de derecho, familiarizados con los temas de la justicia, del estado de derecho, de las garantías procesales etc., no representan una excepción, como me lo demostró un querido ex-alumno que tuvo la curiosidad de solicitar mi opinión.

Sus inquietudes pueden resumirse así: es cierto que durante el proceso hubo violaciones a los derechos humanos del acusado, pero ¿qué hay de las víctimas? Si es cierto que el debido proceso es una garantía (un valor y un objetivo) fundamental, ¿no es igual o más importante que prevalezca la justicia? ¿Qué mensaje manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los demás jueces que tendrán que resolver otros casos?

Estas inquietudes deben de ser tomadas en serio. Así las tomé y las observaciones que siguen son un humilde intento para, a partir de un análisis más profundizado de algunos aspectos, transformar las inquietudes en fuentes de optimismo.

La primera observación es sobre las víctimas. Que una víctima tenga derecho a que se haga justicia, que castiguen a los culpables, que se repare el daño que han sufrido, es no solamente importante sino casi una banalidad. Lo que no es banal es quien tiene la obligación correspondiente. La respuesta es: el Estado, y en particular, los órganos encargados de ejercer la acción penal. Los acusados (presuntos inocentes) no tienen ninguna relación jurídica con las víctimas, hasta que una decisión definitiva no haya establecido (legalmente) su responsabilidad.

La verdadera pregunta, que ya muchos están formulando es: ¿quién debe pagar por esta “violación a los derechos de las víctimas”? Se trata de un caso claro de mala administración de la justicia (pero no por lo que ha hecho el pasado miércoles la SCJN, sino por todo lo que se hizo antes), y las víctimas deberían de poder reclamar una reparación al  Estado, y hasta “condenas penales” para ciertos funcionarios públicos.

Cassez, por su parte, como no se pudo probar su culpabilidad, paradójicamente comparte el estatus de víctima con las “víctimas”. Fueron violaciones distintas pero siempre se trata de violaciones. La diferencia es que en el caso de Cassez, no hay dudas sobre cual fue la violación y quienes la cometieron. En el caso de las “víctimas”, puede no haber duda sobre lo que sufrieron, pero existe más que una duda sobre el tipo de participación que tuvo Cassez. Y las “víctimas”, de todas formas, podrán concentrarse sobre otros “culpables”, dado que, creo, nadie nunca ha sostenido que Cassez fuese el cerebro y el brazo armado de una organización criminal compuesta de un solo miembro. Así que si un potencial culpable (presunto inocente) sale del juego, esto no significa que las “víctimas” se quedan sin “culpables”. Significa sólo que los culpables no pueden seleccionarse arbitrariamente, con la sola finalidad de satisfacer lo que podríamos llamar “una sed de justicia”.

Que tenga que prevalecer la justicia o el estado de derecho (representado, en este caso, en último análisis, por el debido proceso), es, como diría cualquier positivista (postura que defiende la separación entre el derecho y la moral), una opción personal. Algunos sugerirían sin embargo que si es difícil ponerse de acuerdo sobre lo que exige el estado de derecho, es casi imposible ponerse de acuerdo sobre lo que exige la justicia. Hay casos que parecen claros: fue considerado como “justo” castigar a los responsables de un genocidio (el cometido por los nazi por ejemplo), aunque haya sido violando ciertas garantías como la no retroactividad de la ley penal. Y es por supuesto injusto castigar con la pena de muerte a un inocente por un crimen que no ha cometido.

Si nos fijamos en esta última frase se vislumbra una relación entre debido proceso y justicia. ¿Como sabemos si alguien es inocente? Hay dos respuestas, una metafísica y una humana. La metafísica diría: sólo Dios lo sabe. Si descartamos esta respuesta, nos quedamos con la otra, humana: un debido proceso nos garantiza, con un margen de error ineliminable pero “soportable”, que un inocente no sea castigado por error. Pero, ¿qué pasa cuando no se respeta el debido proceso? no podemos saber si un inocente está siendo castigado por error, lo que implica que no sabemos si se esta cometiendo una injusticia. Esto significa que el costo de no respetar el debido proceso es demasiado alto en el caso en que el acusado sea de hecho inocente. Y como no se respeta el debido proceso, salvo invocar el conocimiento de Dios (sic !), es imposible (epistemológicamente imposible) afirmar que el acusado no es inocente.

De esto podemos concluir que respetar el debido proceso, en un caso penal, no solamente permite cumplir con las exigencias del estado de derecho, sino manifiestamente también con la exigencia de justicia.

Podría alguien objetar: ¿y las víctimas? Las víctimas no tienen nada que ver con esto, a menos que consideremos que castigar a alguien que no es responsable de la comisión de un crimen constituye una forma de satisfacer los derechos de las víctimas de dicho crimen. Dudo que alguien lo sostendría. En el caso Cassez, las “victimas” y Cassez son, ambas, víctimas del mal funcionamiento de la maquina policial y judicial (y de los medios de comunicación).

El mensaje que esta decisión envía para el tratamiento de los demás  casos es muy sencillo y claro. Es un mensaje garantista. Pero el mensaje garantista ya lo dieron en otros casos, no es una novedad. Los que siguen la jurisprudencia de la SCJN (y no solamente, también de algunos juzgados locales), ya se han dado cuenta del giro garantista (claro que con claro-obscuros) que está tomando la jurisprudencia en materia penal. Y se trata de un mensaje importante, en un país en donde la tendencia es no respetar las garantías procesales. ¿Habrá casos de “criminales” en libertad? Por supuesto que sí, pero me temo que tal número depende más de otros factores; corrupción, falta de capacitación de los ministerios públicos, falta de denuncia por parte de las víctimas, son, creo, los elementos que estadísticamente generan la tasa muy alta de impunidad en este país. Sospecho que el respeto del debido proceso tendría como consecuencia un aumento importante de inocentes libres, y un aumento relativamente bajo de los “culpables” en libertad (por supuesto el uso de la palabra “culpable”, fuera del contexto del debido proceso, supone tomar a préstamo una mirada “divina”, capaz de acceder a “verdades” sobre hechos, elementos psicológicos etc.).

Todos somos, cualquier sea el país en el cual vivimos, potenciales víctimas y potenciales acusados. Si pensamos que las reglas más justas (o menos injustas) son las que elaboraría un grupo de individuos en una situación hipotética (detrás de un velo de ignorancia, como lo ha teorizado el filósofo moral y político John Rawls), entonces tenemos que concluir que las reglas generales que desprenden de la postura de la SCJN, son, en último análisis, las que más satisfacen, no solamente las garantías procesales, sino también las exigencias de justicia.

 

Alberto Puppo. Profesor e investigador de tiempo completo de Derecho del ITAM.

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