mayo 14, 2010

¿Y la reparación del daño? Más sobre el caso de Alberta y Teresa

Hace unos días, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que la detención y privación de la libertad, por más de tres años, de dos mujeres indígenas, Alberta y Teresa, se había realizado de manera ilegal y arbitraria. Con claras violaciones de las más elementales reglas del debido proceso. En otro post, la ministra Sánchez Cordero explicó las razones de tal decisión. Ahora, el siguiente texto aborda el relevante tema de la reparación del daño: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a estas mujeres (y demás casos análogos) cuando son víctimas de la negligencia o, peor aún, la mala fe de los jueces?

En este breve escrito me propongo analizar dos cuestiones: 1) si es factible que después de la referida sentencia estas dos mujeres demanden la responsabilidad del Estado mexicano, por la violación que sufrieron de uno de los derechos básicos de todo ser humano: la libertad; 2) de ser factible lo primero, cómo podría materializarse esta demanda.

En mi opinión la primera cuestión planteada es simple de responder; la segunda, en cambio, es más compleja. Digo que la primera pregunta es fácil de responder porque todo Estado que se precie de haber transitado hacia un Estado de Derecho —como entiendo es el caso de México—, debe indemnizar los casos en que sus instituciones y servidores fallan de manera tan contundente como el de Alberta y Teresa. Incluso, en situaciones como las que ahora comentamos, el Estado ni siquiera debería esperar la realización de un proceso judicial y la existencia de una sentencia condenatoria en su contra, sino que debería adelantarse e indemnizar directamente a las víctimas los daños que sus funcionarios le han inflingido. En España, por ejemplo, en el caso de atentados terroristas, hay una legislación que permite la indemnización directa de las víctimas cuando el atentado se debió a fallas en los sistemas de seguridad, sin necesidad de proceso judicial alguno. Algo parecido sucedió con de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el año 2001, en Nueva York. Pero como me temo que esta indemnización directa no se va a producir, veré cómo podría intentarse llevar adelante la correspondiente demanda de indemnización de daños y perjuicios. Aclaro, desde luego, que trabajaré sobre el supuesto que estamos en el ámbito federal de legislación.

Antes del 1 de enero de 2005 podíamos haber acudido al artículo 1927 del Código Civil Federal (CCF) el cual, después de la modificación llevada a cabo el año 1994, había quedado redactado del siguiente modo:

“El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos”.

Pero este artículo fue derogado por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004. Vale subrayar que pese a las críticas que se formularon a esta derogación, hasta la fecha la situación ha permanecido sin cambio.

¿Es factible, entonces, aprovechar la vía de la referida LFRPE? Me temo que la respuesta es negativa. Veamos. La referida ley tiene su origen en la reforma a la Constitución del año 2002, en la que se adicionó un párrafo segundo al art. 113:

“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”

Por su parte, el artículo 1º de la LFRPE dispuso en su párrafo primero que: “La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. [...]”.

Por tanto, debe tenerse presente que de acuerdo con la normativa transcrita, la responsabilidad sancionada se refiere a la responsabilidad que va a tener el Estado por los daños que con su actividad administrativa irregular pudiere causar. Por tanto, no se incluyeron todos los deterioros que el Estado en sus distintas actuaciones puede provocar, sino sólo los que deriven de su actividad administrativa irregular. No se incluyeron, por tanto, los menoscabos que el Estado ocasione —como el que ahora comentamos— por los errores en el ámbito de sus actividades jurisdiccionales. Los perjuicios que el Estado produzca mediante las resoluciones de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación no quedan cubiertos por esta ley.[1] Sobre esta situación una expresa decisión del Constituyente nacional.

Tampoco tenemos en el ámbito federal un capítulo como el previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, relativo a la responsabilidad civil de los jueces y magistrados. En concreto me refiero al artículo 728 del CPCDF: “La responsabilidad civil en que puedan incurrir jueces y magistrados, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada, en el juicio ordinario, y ante el inmediato superior del que hubiere incurrido en ella”. Asimismo, el art. 745 señala los requisitos que, en este caso, debe cumplir la demanda de daños y perjuicios.

Frente a este vacío normativo, y teniendo en cuenta que no es razonable en un Estado de Derecho dejar a las personas que han sufrido un daño por causa de la negligencia de los servidores públicos —en este caso de un juez—, creo que el camino que queda en este tipo de situaciones es demandar al respectivo servidor público y al Estado utilizando las normas del derecho común relativas a la comisión de hechos ilícitos, según reglamentan los artículos 1910 y ss. del Código Civil Federal, y utilizando las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto al procedimiento.

Juan Carlos Marín G. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


[1] Sobre esta situación, vale rescatar lo que se mencionó, en su momento, en la Cámara de Diputados (Dictamen de primera lectura de 29 de abril de 2000. Año III. No. 17 p. 2374): “Los miembros de estas comisiones, después de haber hecho los análisis pertinentes y sopesado las consecuencias de las modificaciones legales y constitucionales que se plantean, buscando como primer objetivo el respeto de la justicia en nuestro Estado, consideran conveniente proponer que la responsabilidad patrimonial del Estado se aplique exclusivamente a los actos de la administración pública, por lo siguiente: […] En el caso de los actos judiciales, existe el riesgo de estar creando una instancia más de revisión, pues el objeto de la acción tendría que ser el fondo de la sentencia que cause un daño, toda vez que si la sentencia es conforme a derecho, no se puede considerar que su dictado ni su ejecución, sean antijurídicas ni dañinas. De cualquier suerte, los miembros de estas comisiones juzgamos que la prudencia aconseja esperar el desarrollo de la doctrina y de la experiencia jurídica, tanto nacional como extranjera, antes de ampliar el régimen de responsabilidad a los actos legislativos y judiciales. Por lo analizado y expuesto en estas líneas concluimos que es preferible no incluir los actos legislativos ni los actos judiciales dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es pertinente hacer la aclaración de que si quedarían incluidos los daños causados por los actos administrativos que realizan los órganos legislativo y judicial, ya que el criterio de separación seguido es en razón de su naturaleza y de sus efectos, no así del órgano que lo expide.”

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2 comentarios a “¿Y la reparación del daño? Más sobre el caso de Alberta y Teresa”


  1. Miguel Angel Antemate Mendoza

    Muy interesante la posición que maneja el Profesor Juan Carlos Marín G. Me llaman la atención varias cuestiones:
    a) Que existió un precepto en el CFPC que establecia que el Estado (en su conjunto) tenía la obligación de responder x daños y perjuicios. Esta previsión fue genérica.
    b) Con la expedición de la LFRPE se derogó el precepto anterior y lo restringio a una actuación de la “actividad administrativa irregular”, excluyendo entonces otras fuentes.
    c) La consecuencia de esto es la “legal imposibilidad” de excitar al Sistema de Protección Judicial p/obtener la reparación del daño en los casos de Teresa y Alberta al no haber precepto normativo aplicable (interpretación exegética); no obstante ello no implica que dicho numeral 1 de la LFRPE no tenga rasgos de “inconstitucionalidad x omisión y restricción”.
    d) La Jurisprudencia en México ha empezado a tocar temas relativos a la inconstitucionalidad en las “normas ausentes”, precisamente porque los órganos legislativos han violentado la Carta Magna al no legislar sobre una materia determinada por mandato expreso.
    e) La Jurisprudencia de la Corte Interamericana al menos si ha determinado que la responsabilidad internacional tambien puede generarse por las “actuaciones del Poder Judicial”, en atención a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
    f) Me parece entonces, que la propia reparación del daño en estos casos tan lamentables tendrá que pasar x una nueva estrategia de litigio. Saludos.


  2. José Ángel Santiago Ábrego

    El Dr. J.C. Marín escribe de manera muy puntual sobre la procedencia de la reparación del daño con base en el régimen supletorio del CCF. Coincido íntegramente.

    Ahora bien, en mi opinión, la fuente constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado (que no es otra cosa más que la responsabilidad civil extracontractual del Estado) no es sólo el artículo 113, el cual la consagra únicamente para la actividad administrativa dañosa. Una reconstrucción de la gama de derechos fundamentales que se desprenden del enunciado iusfundamental que se considere pertienente nos lleva a concluir la existencia de una obligación estatal de protección los derechos fundamentales (véase Teoría de los derechos fundamentales de R. Alexy p. 398 y ss.). Esta obligación se logra, entre otras cosas, reparando (o procurando que sean reparados) todos los daños que la vulneración al bien jurídico ocasione (véanse diversas sentencias de la Corte IDH sobre la obligación de garantizar en la CADH, especialmente, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, fundamento 166 y 172).
    Así las cosas, si el juzgador correspondiente considera que la normativa referida por el Dr. Marín no es suficiente para condenar al Estado por este acto jurisdiccional, la demanda de amparo deberá promoverse argumentando la violación a la prohibición de protección deficiente (princpio de proporcionalidad) del derecho fundamental del que se trate.

    Saludos.

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