febrero 27, 2013

El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Caso Ejido Tila

“El nuevo planteamiento consiste  en buscar el problema indígena en el problema de la tierra”.

José Carlos Mariátegui

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará en próximos días, en incidente de inejecución, el caso del ejido Tila, mismo que representa una oportunidad histórica para establecer precedentes sobre la protección del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.

Un repaso por la historia permite establecer la existencia del pueblo de Tila, al menos, desde la época colonial. El pueblo indígena Ch’ol habita desde tiempos inmemoriales en ese territorio. Acorde a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 constitucional, los choles son un pueblo indígena que existía desde antes de la conformación del Estado mexicano.

En el periodo posrevolucionario y en pleno auge de las políticas agrarias, el Estado validó la posesión mediante la figura legal del ejido. Sin embargo, en el decreto presidencial de 1934 no se dotó de tierras a los habitantes del pueblo de Tila, se legalizó y se les dio seguridad jurídica mediante el reconocimiento expreso de posesión ancestral, estableciéndose así el ejido Tila.

Décadas después se pretendió el despojo de 130 hectáreas mediante la intervención del Cuerpo Consultivo Agrario, que pertenece a la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia intentó en 1966 modificar el plano y el decreto presidencial para establecer que esa superficie constituiría fundo legal. Ante ello, el ejido acudió al amparo para proteger sus derechos. En 1994 se concedió el amparo 890/77 y se dejó sin efecto la determinación administrativa que había afectado la posesión material y la administración sobre dicha superficie.

En 1982, cuando ya había avanzado el amparo 890/77, se dio un nuevo intento de legalizar el despojo. A solicitud del gobernador y de la autoridad municipal de Tila, el Congreso del estado de Chiapas emitió el decreto 72, mediante el cual se afectaba la misma superficie –130 hectáreas– para constituir un fundo legal. Nuevamente el ejido acudió a las instancias legales e interpuso el juicio de amparo 259/1982.

En suma, tres generaciones de ejidatarios han defendido durante medio siglo sus derechos en carácter de pueblo indígena. Además, existen registros de otros actos de despojo que se remontan a la Colonia y al siglo XIX, en el que mediante la Ley de Colonización de 1875 y la de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, se les sustrajo de tierras para entregarlas a la finca Jolnopa.

En 2008, el juez primero de distrito del estado de Chiapas, concedió el amparo 259/1982 de forma lisa y llana, para dejar insubsistente el decreto expropiatorio, así como los actos de aplicación que implicaron la desposesión material de las 130 hectáreas. El efecto de la sentencia de amparo implicó para el juez de distrito la restitución de esa zona al ejido agraviado. Ante la falta de cumplimiento por parte de la autoridad municipal y tras diversos requerimientos en los que no justificó la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo; aunado a la exigencia de restitución por parte de los quejosos, el expediente fue remitido a la SCJN para los efectos del artículo 107 fracción XVI, de la Constitución Federal.

¿Cuáles son los efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo? Hay al menos dos interpretaciones jurídicas: la primera consiste en  afirmar que el amparo sólo puede anular el acto de autoridad –el decreto expropiatorio–, así como todos aquellos actos jurídicos que hayan derivado del mismo como actos traslativos de dominio que durante décadas ha realizado el municipio; la segunda interpretación es que el amparo no sólo debe dejar sin efecto el decreto aludido, sino que debe implicar la restitución de la superficie que fue desposeída al ejido Tila. La primera es una postura en la que el juicio de amparo tendría efectos declarativos, la segunda defiende que el amparo debe tener como consecuencia la restitución física y material. Esto es lo que se debatirá en el pleno del máximo tribunal.

El caso resulta emblemático y ha llamado la atención de diversos sectores. Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de pueblos indígenas de la ONU, presentó un amici curiae donde expuso, desde una perspectiva socio-antropológica, la dimensión cultural y la especificidad que, desde su cosmovisión, vincula a los pueblos choles con su entorno. Se abunda sobre la relación entre el pueblo indígena y el territorio que permite la reproducción social y simbólica de su existencia y que constituye el medio en el que se desarrollan las formas de organización comunitaria, la cultura, la lengua, el acceso sobre los recursos naturales, entre otros derechos ligados a la autonomía y autodeterminación. Cabe señalar que en años recientes su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el estado de Chiapas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó otro amici curiae, en el que presenta argumentos sobre el derecho de los pueblos indígenas y los estándares en la materia. En dicho memorial, propone a la SCJN tutelar adecuada y efectivamente los derechos colectivos mediante el establecimiento de criterios nacionales que consideren la dimensión cultural y la relación especifica de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio y permitan asegurar la restitución material y la administración del ejido sobre la superficie afectada.

Para ello, es de suma importancia acudir a la interpretación conforme de la Ley de Amparo y de la Ley Agraria, la aplicación directa de los artículos 1 y 2 constitucionales y de tratados internacionales sobre pueblos indígenas y la utilización de los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avanzando así en la consolidación de nuevos paradigmas de interpretación constitucional, como la maximización de derechos, la ponderación, la interpretación sistémica y la utilización del principio pro persona en la tutela de derechos fundamentales.

Con ello, se pretende evitar un fallo declarativo que implicaría, que el ejido iniciara nuevamente un proceso jurisdiccional, para solicitar la reivindicación sobre lo que de hecho y de jure, le pertenece. Asimismo, significaría un avance significativo en la tutela jurisdiccional de la Constitución y de los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, lograría el acceso pleno a la justicia en un caso cuya resolución ha llevado décadas.

 

Simón Alejandro Hernández León. Colaborador del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

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8 comentarios a “El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Caso Ejido Tila”


  1. Jesús Roto

    Me parece que es una excelente oportunidad para que la Corte se quite de encima los cacicazgos fácticos que aún imperan en un México que se dice “independiente”. La tierra es de quien la trabaja, pero también de quien la defiende justamente.


  2. Iván Rodarte

    Es un caso histórico, la Suprema Corte debe avanzar ya hacia su consolidación como tribunal constitucional. Existe una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Esperamos una resolución justa.


  3. Ana Lorena

    Esperamos que la Suprema Corte aproveche esta oportunidad histórica para reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Efectivamente, los artículos 1 y 2 Constitucionales y los tratados internacionales dan pie para que la Corte se pronuncie no solo en un sentido declarativo, sino por la restitución material del territorio. Implicaría finalmente, una dignificación a los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, ante la histórica lucha por la defensa de sus territorios. Implicaría una verdadera interpretación del principio Pro personae. Estaremos al pendiente de esta resolución.


  4. baez

    Además de una interpretación jurídica, está presente el problema de la interpretación cultural, en sentido amplio. La significación de la tierra, como territorio, para los grupos originarios es totalmente distinta y alejada a la significación de tierra y territorio que tiene la noción del estado-nación; para los primeros, la tierra significa la vida misma; su relación primaria -al igual que un hijo con una madre- es con la tierra, por lo que es inconcebible ésta como propiedad; mejor aún: es una pertenencia mutua (entre pueblo y madre tierra); entran en relación con ella a través del trabajo, pero no del tipo de trabajo lucrativo del capitalismo, sino de un trabajo colectivo que devuelve los frutos tomados, agradeciendo la subsistencia. Contraria a esta percepción indígena, para el estado nación la idea de tierra y territorio implican un sentido de propiedad privada, un lucro excesivo de los recursos naturales.
    Se espera, en este caso concreto, que la determinación que tome el tribunal constitucional sea la justa; aunque como apuntabas por la radio, no todos los ministros tienen la “sensibilidad” sobre la cuestión indígena; sin embargo, aunque la tuvieran y resolvieran sobre la restitución, sólo se tendría un paliativo y no la solución al transfondo de la explotación y el despojo indígena (aunque sin duda, dicha resolución favorable para el pueblo Ch’ol marcaría precedentes históricos y jurídicos y además le restaría incredibilidad al tribunal constitucional). Recordemos que éste pueblo no es único en México ni en el mundo que sufre la injusticia social del despojo de su territorio, ni tampoco el único que se resiste a ello. Parafraseando un poco a Mariátegui: el verdadero problema de la cuestión indígena no es étnico, ni educacional, ni religioso, ni moral, ni jurídico. El problema real esta muy lejos de una adecuada argumentación y determinación jurídica; el verdadero conflicto indígena es por antonomasia: la codicia de los “otros” por la tierra de estos pueblos originarios, por la propiedad privada de ésta y por obtener lucro de sus frutos. La solución está en el actante indígena; los pueblos originarios son los principales actores sociales para la tan anhelada reivindicación indígena. La panacea no la encontraremos en la obligatoriedad de criterios de interpretación jurídica –aunque sin duda es otra acertada vía- o en la sensibilidad; es el indígena mismo el que debe salir de la utopía para pasar, mínimamente, a la heterotopía de la justicia social de sus pueblos. Aunque no por ello deben desestimarse la defensa jurídica y los criterios antropológicos sobre estas cuestiones, todo lo contrario, estos son en gran medida el motor del entendimiento, la defensa y la solidaridad; además de ser la vía para la denuncia social del despojo y la opresión a estos pueblos.


  5. FOI

    Haría falta ver los expedientes desde los viejitos hasta los actuales y ver las fallas de los defensores, pero también los intereses que convergen en esa tierra; de justicia pura pues ni hablar ya que en México se maneja solo por intereses económicos o partidistas (Resoluciones que solo dan risa y coraje los magistrados y jueces a todos los niveles).

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