Mucho se ha hablado del caso Cassez y sus implicaciones respecto del concepto del debido proceso dentro nuestro ordenamiento jurídico. Periódicos, abogados, autoridades, entre otros, han emitido opiniones a favor o en contra de la resolución que le otorgó la libertad a Florence Cassez.

De lo que he leído al respecto hay algo que me sorprende del revuelo que generó esa resolución, específicamente dentro de la comunidad jurídica a favor de la resolución. Para defender la sentencia de la Suprema Corte frente a los críticos de la misma se ha dicho, entre otras cosas, que la actuación de la Corte no es excepcional porque en casos anteriores se ha ordenado la libertad inmediata de personas que habían sido juzgadas violentando su debido proceso. Sin embargo, ninguna de las opiniones a las que he tenido acceso, diferencia entre los tipos de asuntos en que la Corte ha ordenado la libertad inmediata de las personas procesadas por violaciones al debido proceso.

Esto es muy importante –justo en términos de debido proceso- porque dependiendo del tipo de asunto en que se resuelve un caso son los efectos que puede dársele a la sentencia. Se han citado casos como el de “Acteal”, “Jacinta”, “Alberta y Teresa”, “Hugo Sánchez” para argumentar que la Corte ha actuado anteriormente como en el caso Cassez. Sin embargo, nadie menciona que –a diferencia de estos asuntos– el caso Cassez se trata de un amparo directo en revisión y no de un amparo directo como los otros.

Esto es relevante pues en términos de los efectos que la Corte puede darle a una sentencia de amparo, no es lo mismo hablar de uno u otro. La razón de esto es porque la Suprema Corte conoce y resuelve amparos directos después de haber ejercido su facultad de atracción[1]. Lo anterior significa que la Corte asume las funciones del Tribunal Colegiado para emitir la sentencia de ese juicio, en lugar de que lo haga dicho Tribunal. Esto, a diferencia del amparo directo en revisión, permite que la Corte pueda revisar –sin ninguna limitación– todas las actuaciones de la autoridad jurisdiccional[2] que emitió la sentencia que se impugna y, como consecuencia, pronunciarse sobre la legalidad de todo el procedimiento en cuestión y concederle en su caso un amparo liso y llano para otorgarle la libertad inmediata a una persona por violaciones al debido proceso.

En el caso del amparo directo en revisión, por el contrario, las posibilidades de la Corte son mucho más limitadas. Por disposición expresa del artículo 107, fracción IX de la Constitución, dicho recurso –la revisión de la sentencia que ha emitido un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo- únicamente procede en contra de las sentencias que: i) resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales; ii) establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución; u iii) omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia y que la materia del recurso se limite exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

Esto significa que, por regla general, las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados en los juicos de amparo directo no admiten recurso salvo que se cumplan estos requisitos que específicamente establece la Constitución. Una vez resuelto el problema de constitucionalidad en el recurso de revisión, la Corte debe revocar la sentencia y reenviar el expediente al Tribunal Colegiado que resolvió para que éste dicte una nueva sentencia conforme a la interpretación o parámetros constitucionales que la Corte haya establecido en la revisión del amparo. De tal manera, que ir más allá del tema de constitucionalidad sería violentar lo que expresamente establece la fracción IX del artículo 107 de la Constitución.

Ahora bien: como lo mencioné, en el caso Cassez, la Corte actuaba en el contexto de un amparo directo en revisión, por lo cual se encontraba limitada al estudio de los temas propiamente constitucionales. Estos versaban sobre la puesta a disposición “sin demora” ante el Ministerio Público y la asistencia consular por su condición de ciudadana extranjera. Esto se debe a que en la sentencia en escrutinio, el Tribunal Colegiado determinó el alcance de dichos términos actualizando el supuesto de interpretación directa de la Constitución para la procedencia del recurso.

Así, en cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 107 de que la materia del recurso se limite exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, lo que procedía era que la Primera Sala de la Corte hiciese el estudio constitucional sobre el significado y alcance de los conceptos de “puesta a disposición sin demora” y “asistencia consular” y, en su caso, otorgar el amparo para que el Tribunal Colegiado dictara una nueva sentencia conforme a los parámetros establecidos en el recurso de revisión.

Sin embargo, por mayoría de tres votos y con el objetivo de dar una “mayor protección a la quejosa”, la Primera Sala decidió pasar por alto la regla procesal constitucional que limita el estudio que puede hacer la Corte en los amparos directos en revisión, y analizar la legalidad de la totalidad del procedimiento penal de Florence Cassez como si estuviera actuando en un amparo directo –que llega a la Corte por facultad de atracción.

Por insignificantes que parezcan, en Derecho las normas procesales son igual de importantes que las normas que establecen nuestros derechos. ¿Por qué? Porque son estas reglas las que nos aseguran que las autoridades (incluyendo a los órganos del Poder Judicial) no actúen de manera arbitraria y se apeguen estrictamente a lo que establece la ley cuando se pretenda afectar o proteger alguno de nuestros derechos. No tener la certidumbre de que la autoridad juzgadora va a actuar conforme a las reglas que rigen su actuación nos coloca en un plano de incertidumbre jurídica en cuanto a la protección de nuestros derechos. Lo cual dinamita el debido proceso igual que la actuación arbitraria de un equipo de policías que violen nuestros derechos al momento de detenernos. Dicha situación coloca en el mismo plano de arbitrariedad a la autoridad jurisdiccional y a la de seguridad pública que decide no seguir las normas que rigen su actuación. La justicia de una sentencia deriva del actuar de la autoridad conforme a lo que la Constitución y la ley establecen, no de su resultado.

Por lo anterior, creo que en temas tan importantes como el Estado de Derecho o el debido proceso es importante no confundir peras con manzanas. De ahí que afirmar que el Caso Cassez es un parteaguas judicial en la construcción del concepto de debido proceso me parece, por lo menos menos, una afirmación apresurada. Sobre todo cuando la propia sentencia establece explícitamente que el Caso Cassez se trata de un caso excepcional. Lo cual, en sentido estricto, implica que el criterio que en ella se sostiene no podrá orientar a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la propia sentencia se está calificando como una sentencia ad hoc, contradiciendo la idea de una justicia no especial ni privativa establecida en el texto constitucional.

 

Mariana Velasco Rivera. Abogada por el ITAM, oficial judicial de la Suprema Corte adscrita a la ponencia del ministro José Ramón Cossío. Twitter: @marisconsin


[1] Para mayor referencia sobre esta facultad véase el Artículo 182 de la Ley de Amparo.

[2] Por ejemplo, estudio de pruebas, calificación acerca de la valoración de las mismas, si las mismas han sido suficientes y/o legales. A este tipo de estudio se le conoce como estudio de legalidad y tiene que ver con lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución.

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