VIHÉsta es la segunda parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que sea resuelto la siguiente semana. Para ver la primera parte, dar click aquí.

Desprotegido

Minutos después de ser “despedido”, Reyes hizo una llamada y recibió otra. Él marcó el número de su abogado, José Luis Rostro, para informarle lo que había ocurrido. Con cirugía en puerta al día siguiente, no sabía qué hacer. Rostro lo tranquilizó.

La otra llamada no tardó mucho en entrar. La asistente del doctor que lo iba a operar se comunicó con él esa misma tarde para informarle que la cirugía había sido cancelada. Según Reyes, ella le dijo que HSBC lo había dado de baja del seguro médico, y lo refería, irónicamente, al área de Recursos Humanos del banco para resolver cualquier conflicto.

Hasta la fecha, Reyes no se ha sometido a la operación y dice que todavía siente mucho dolor.

El licenciado Rostro sabía que se enfrentaban a varios problemas. Ni la Constitución ni las leyes en la materia regulaban del todo el caso de Reyes. “No había ninguna reforma en cuanto a los medios electrónicos, es hasta 2011 que se introduce”, dice. (La información del expediente médico de Reyes, las listas en las que aparecían su nombre y muchos datos más que se encuentran en el expediente del juicio estaban en formato electrónico; estas pruebas no fueron valoradas en el laudo.)

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos todavía era un proyecto cuando ocurrió el despido. Organismos como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14, que fue ante la que Reyes y sus abogados llevaron la demanda, se declaraban incompetentes en materia de derechos humanos. Lo suyo era estrictamente laboral, y referían a otros organismos para conocer el fondo.

Pero ahora, en 2013, los cambios a la Constitución obligan a la Junta a entrar en el tema.[1]

Había un tercer concepto que todavía no estaba plasmado en ley, y que conformaba una parte fundamental de la demanda de Reyes. Él acusaba a HSBC de violar sus derechos fundamentales por la forma en que fue despedido. En 2007, el orden jurídico mexicano no establecía que los particulares pudieran ser acusados de violar derechos humanos. Con la reforma constitucional, eso también cambió.

A su vez, Reyes buscaba compensación por el daño moral que le causó la revelación de sus datos privados: su estado de salud y preferencia sexual, entre otras cosas. Esto ya está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, promulgada en 2010. (Es decir, nada de lo que alegaban en ese entonces estaba regulado en la ley mexicana, pero ahora sí.)

Ni a Reyes ni a su abogado los sorprendió el revés que les dio la Junta al declararse incompetente para conocer del tema. Según el licenciado Rostro, la Junta “ignoró olímpicamente” varias de las pruebas de la demanda, incluido el testimonio del doctor Manuel Feregrino Goyos, el especialista en medicina crítica y VIH que trató a Reyes mientras trabajaba para HSBC.

(El doctor Feregrino declinó ser entrevistado para este artículo por estar involucrado en procesos legales por resolverse con HSBC).

Feregrino, según el licenciado Rostro, escribió una carta a la compañía aseguradora subcontratada por HSBC para decirle que había violado leyes mexicanas –incluyendo una Norma Oficial Mexicana (NOM) que prohibe liberar información de expedientes clínicos a personas que no tengan título de medicina– por revelar el estado de salud de Reyes. Según el médico, revelar los datos del expediente clínico de Reyes llevaría a una demanda, cosa que sucedió. “Como si fuera brujo”, dice Rostro.

Feregrino le escribió una constancia a Reyes en la que certificaba que HSBC le había pedido que dejara de tratarlo como paciente porque el seguro ya no lo cubría, y el doctor lo tuvo que referir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para continuar el tratamiento.

Al contar la experiencia con Feregrino, a Reyes se le corta la voz. “Es como mandarte a la tumba esto. Me expide un documento en el que manifiesta que el banco le pide que ya no me dé atención porque ya estoy dado de baja. Me canaliza a asistencia pública para seguir atendiéndome. Lo cual a la fecha sigo haciendo porque ese derecho yo lo perdí”, reclama.

El proceso ante la Junta fue largo y cansado para Reyes, su abogado y su padre. Los testigos que pretendía llevar para que declararan sobre el hostigamiento y la discriminación en el corporativo nunca aparecieron. Ninguno. “O los compraron o los amenazaron”, concuerdan los tres. Reyes perdió peso y se enfermó.

Al mismo tiempo, a manera de amenaza, según el licenciado Rostro, HSBC le abrió dos averiguaciones previas consecutivas a Reyes y a él. Una a nivel federal, y otra a nivel local. Las averiguaciones, en conjunto, duraron casi dos años. A Rostro lo denunciaron por enriquecimiento ilícito, porque supuestamente había pedido una indemnización excesiva. “Ahora si tú lo ves, está contemplado en la nueva legislación [pedir ese tipo de compensación]. Me adelanté a mi tiempo”, dice mientras suelta una ligera sonrisa.

A Reyes lo denunciaron por fraude procesal y falsedad de declaraciones. Según sus jefes, Reyes había utilizado la lista que le habían dado con los nombres de los posibles despidos para obtener un beneficio propio.

Ninguna denuncia llegó a nada. Tanto a nivel local como federal los ministerios públicos determinaron no ejercer acción penal en su contra. Los casos están archivados.

Reyes, su padre y su abogado, a pesar de enfrentarse a un equipo jurídico “que venía con todo”, según Rostro, decidieron continuar la lucha. Junto con el abogado Erick López, presentaron un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Los abogados también solicitaban una facultad de atracción: querían que el caso llegara a la Suprema Corte por la magnitud del tema. Según el licenciado Rostro, la Corte todavía no conoce un caso así en materia laboral, y su resolución podría cambiar cómo se interpreta esta rama del Derecho en México.

En una votación de 4 a 1, la Segunda Sala acordó atraerlo.

Mientras se resolvían los procesos jurídicos, Reyes no tenía empleo. Se encontraba boletinado por el banco, dice. “En uno [un trabajo] estuve a punto de entrar. Ya estaba hasta dentro de una capacitación y todo y me dijeron que ya se había cancelado el proyecto. Se me hizo muy extraño”, comenta. Mientras tanto subsistía con ayuda de su padre, Marco Antonio Reyes, ahora pensionado. “En ese momento [cuando lo despiden] me tuve que deshacer de todo lo que tenía. No hay ningún dinero que alcance para esto”, dice cabizbajo.

Reyes siguió su lucha por otros medios. Fue ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Levantó denuncias y quejas en los tres organismos. Hasta presentó su caso frente a organizaciones extranjeras, y lideró, en 2008, la clausura simbólica de las oficinas de HSBC, con apoyo de un diputado perredista, David Sánchez Camacho, de la LX legislatura.

Ante la pregunta de cómo ha lidiado con la situación de su hijo, la voz de Reyes padre, de 71 años, se entrecorta y las lágrimas se le escurren por los ojos.

“Tocamos fondo, pero abajo de fondo todavía”, dice. “Estás en un estado de limbo, totalmente. Pero muy consciente de no bajar la guardia ni mostrarle a él la impotencia que yo tenía, por qué, porque se la iba a transmitir, y lejos de ayudarle a superar todo esto, nos íbamos a hundir los dos. Hasta la fecha ha sido muy difícil”, concluye.

En el peor de los momentos, Reyes no tenía dinero ni para viajar en transporte público. “Me tenía que meter por debajo del torniquete de metro porque no tenía ni para el pinche boleto”, relata. “He pasado hasta hambre”.

No fue sino hasta tiempos más recientes que consiguió trabajo de vendedor de seguros, pero se sigue tratando en el servicio médico público.

Reyes hijo, Reyes padre y sus abogados contemplan todos los escenarios posibles en la resolución de la Corte. Una de las consecuencias puede ser que se ordene que lo reinstalen en el puesto que ocupó hasta 2007, algo que no consideraría ni por un segundo. “No quiero regresar a ese lugar”, dice de manera firme.

También existe la posibilidad de que se le otorgue el amparo para efectos, lo que implica que un tribunal o la propia Junta repongan parte del procedimiento, tomando en cuenta las pruebas que no fueron valoradas en un inicio.

Pero también contemplan otro revés, porque saben que se enfrentan a una trasnacional y ellos sólo son tres personas. Aún así, se dicen preparados para lo que venga. Incluso  consideran acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para librar una nueva batalla.

Después de seis años, Reyes lo tiene claro: “Yo he aguantado tanto tiempo, y pues lo que sea, que sea. Yo no me pienso dejar. Así me muera, tengo que seguir”.

 

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is


[1] El artículo primero, párrafo tercero, en su redacción actual, dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”

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