En alguna obra[1], Nietzsche juega con la palabra idiosincrasia para dirigir uno de sus infinitos ataques, esta vez a los filósofos: no solo a sus “peculiaridades” (sentido estricto del término), sino de plano a algunas de sus idioteces (sentido a que alude el alemán por su parentesco fonético) como su falta de sentido histórico y su desprecio por la noción de devenir o cambio, a lo que se refiere como “egipticismo”. La adoración del monolito, de la gran piedra; la unción del Tratado, la fijación de la Idea: aspiraciones o ilusiones compartidas por un gremio desafecto a los problemas terrenales y que en cambio vive en el reino de lo abstracto.

piramidesAlgo similar podríamos decir de no pocas de nuestras leyes o de su práctica. Su divorcio con la realidad no es inusual. Empero, eso no importaba: si la realidad se empeñaba en rebasar nuestro marco jurídico, lejos de dotar a éste de flexibilidad se apretaba la camisa de fuerza para que el disfraz de legalidad cubriera un cuerpo social disparejo y lleno de llagas. Con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del juicio de amparo de 2011 y el revigorizado protagonismo de los instrumentos internacionales en nuestro sistema jurídico, muchos nostálgicos de la pirámide kelseniana, del orden que manaba de la cima constitucional hacia los áridos terrenos del día a día han puesto el grito en el cielo: ¿Cómo es posible que el pueblo esté perdiendo su soberanía? ¿Porqué las decisiones tomadas en organismos internacionales han de pesar más que las de nuestros representantes? ¿Cómo una Corte interncinal va a decirle qué hacer a nuestra Suprema Corte?

El caso de Yssel Reyes -cuya explicación de este asunto se puede leer aquí y aquí- no solo es importante para él ni para la posibilidad de que por fin se dote a los trabajadores de herramientas judiciales eficaces (o, al menos, más de lo que son las que ahora existen) que les permitan defender sus derechos en caso de ser violentados por su empleador asegurando con ello un auténtico acceso a la justicia, sino también porque representa un ejemplo de las fuerzas en colisión que han de modelar la manera en que entendemos nuestras instituciones. De un lado, los “tratadistas[2]” o soberanistas de cepa que admiten tan solo como fuente del Derecho al Constituyente (expresión de la “voz del pueblo”) a la que ha de someterse todo el sistema y por el otro los “ensayistas”, aquellos que anteponen a la supuesta perfección conceptual del sistema una flexibilidad que atienda sobre todo a las mejores formas de solventar los conflictos de las personas.

Nuestra tradición jurídica consideró siempre a las garantías individuales como derechos del gobernado oponibles a la autoridad, máxima fuente de abusos. Esas garantías eran “otorgadas” por la Constitución, una “gracia” a los ciudadanos. El arribo de los derechos humanos a nuestro texto constitucional (que ya no los “otorga” sino que los “reconoce”) representa un viraje en su concepción. Son ahora el eje de nuestro sistema y por ello todos estamos obligados a observarlos. La Corte debe dilucidar si los particulares (en el caso de Yssel, su patrón) pueden violar derechos humanos[3], algo que es novedoso si lo comparamos con nuestras concepciones del siglo XIX, pero que ya no lo es si nos miramos en el espejo internacional.

España[4] y Chile[5] previenen ya en sus ordenamientos laborales acciones de tutela de los trabajadores para hacer frente a las posibles lesiones a sus derechos fundamentales ocasionados por el patrón. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido como objetivo mundial el de respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo[6]. Finalmente, tras una opinión consultiva (18/03) solicitada por nuestro propio país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la disminución de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos frente a sus empleadores, la CIDH sostuvo que “el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales”. La incorporación misma del concepto de trabajo decente a nuestra ley laboral sigue la línea marcada por la OIT.

Todos estos ejemplos dan cuenta de una misma tendencia: incrementar la red de protección a los trabajadores reconociendo simplemente una situación de hecho, es decir, que los empleadores pueden discriminarlos, hostigarlos, utilizar ilícitamente sus datos personales o afectar su derecho al honor y la privacidad y que ello debe ser sancionado jurídicamente de forma independiente a los derechos laborales tradicionales. Los alcances de estas sanciones, los posibles abusos de los empleados o las dificultades procesales de estas figuras son todos temas no fáciles de zanjar. Lo que parece ya inadmisible es que se afirme que un empleador no puede cometer esa clase de conductas porque de acuerdo a nuestro sistema los derechos humanos únicamente son vulnerados por las autoridades del Estado.

Acaso por primera vez en nuestro país, ciertas normas se han adelantado a los practicantes del Derecho, quienes no terminan de explotar del todo las novedosas posibilidades: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, las acciones colectivas incorporadas al artículo 17 constitucional, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el sistema acusatorio penal, los juicios en línea en materia fiscal, etc. Los “tratadistas” del Derecho se rehúsan a aceptar que las concepciones monolíticas sirven ya muy poco para enfrentar los problemas actuales, casi todos atravesados por múltiples fenómenos y aristas y que solo pueden abarcarse desde un punto de vista multidisciplinario. El egipticismo mexicano en el Derecho resulta ya obsoleto, anacrónico: la eterna Esfinge sirve bien como monumento, pero no como lugar para habitar este mundo.

José Luis Rostro y Erick López Serrano: abogados del quejoso.


[1] El crepúsculo de los dioses, editorial Alianza.

[2] Con el término aludo, por oposición a los “ensayistas”, no  a los instrumentos internacionales jurídicos sino a aquellas obras que antaño aspiraban a abarcar y agotar un tema en libros inmensos que se concebían inmutables. El mismo sentido posee en el primer párrafo.

[3] La nueva Ley de Amparo (artículo 5) equipara a ciertos particulares con la Autoridad Responsable siempre y cuando ejerzan “funciones [que] estén determinadas por una norma general” como podrían llegar a ser los Notarios o los concesionarios de un servicio público. Resta por ver cómo se aterriza esta previsión, pero ese requisito excluye un sinfín de posibilidades.

[4]  Artículo 177 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

[5] Artículo 485 del Código de Trabajo.

[6]Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa adoptada en Ginebra, 2008 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/genericdocument/wcms_099768.pdf

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