cochinitoAl día de hoy, existe un litigio pendiente de resolverse en el Poder Judicial de la Federación (A.R.122/2013), en concreto en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  del Distrito Federal, en materia de acceso a la información pública y gubernamental y con enorme trascendencia para la definición de las obligaciones que tienen las autoridades federales de hacer públicos los datos relativos a la asignación o entrega de recursos públicos a particulares. Veamos.

El principio de máxima publicidad de la información pública gubernamental, tiene dos límites constitucionalmente protegidos. El que se refiere a la información reservada, por razones de interés público –como la información de las averiguaciones previas o cuestiones de seguridad nacional, entre otros– y la información confidencial, que se refiere a la vida privada de las personas o a sus datos personales.

La información será reservada cuando así lo disponga la ley por razones de interés público y será confidencial, por la naturaleza misma de la información en cuestión.

Ahora bien, este se refiere al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, antes Reforma Agraria). Este programa, cuyo fin y sentido es justamente resolver los conflictos y privilegiar la conciliación de intereses que se suscitan en el sector agrario, opera en base a la existencia de dos partes en conflicto –los cuales pelean la titularidad y propiedad de la tierra motivo del conflicto.

Usualmente, estos conflictos operan entre núcleos agrarios y pequeños propietarios. Cuando se somete un asunto a consideración de la Secretaría, por conducto del Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se analiza éste y, de proceder, se celebra un finiquito por medio del cual se otorga una contraprestación a una de las partes y a la otra, normalmente, se le entrega la propiedad definitiva de la tierra en el medio rural.

Hasta aquí todo parece estar muy bien. Se trata de un programa que por medio de la negociación y amigable composición, aun cuando exista ya una sentencia de por medio, se da fin a conflictos sociales que pueden generar inestabilidad en la región o población de que se trate.

Ahora bien, una cosa son las bondades del programa y otra muy distinta es que su manejo y aplicación se traduzca en información que no está disponible para los ciudadanos, sobre todo si se trata de un programa cuyo presupuesto para el año 2012 fue de $491,261,650.00 pesos.

Hacia finales del año pasado, se realizó por medio del sistema de acceso a la información denominado INFOMEX, una consulta para conocer las cantidades de dinero específicas que la SEDATU ha otorgado a núcleos de población ejidal y a pequeños propietarios y los criterios que respaldan dicha entrega de recursos federales a particulares.

Como respuesta a dicha consulta, la SEDATU contestó que se trata de información reservada, pues compromete la seguridad nacional, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona –actualizando los supuestos correspondientes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Como consecuencia a lo anterior, se promovió un amparo indirecto ante el Juez Noveno de Distrito en la Ciudad de México (A.I.1357/2012), en donde se hicieron valer violaciones al derecho de acceso a la información.

La violación en cuestión se sustentó en lo siguiente: si bien es cierto que existe una pretensión válida por parte de la autoridad al señalar que la información en cuestión es reservada –y quizás un derecho legítimo de quien ha sido beneficiario de dicho programa para que dicha información sea así reservada; existe por su parte, el derecho del quejoso y de los ciudadanos en general de acceder a información relativa a la asignación de recursos públicos a particulares.

Se arguyó, además, que el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información no sólo es indispensable para evitar abusos de funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, sino que además permite la existencia de un debate público sólido e informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los abusos gubernamentales que prevenga la corrupción.

Asimismo, se sostuvo que el derecho de acceso a la información se estatuye como piedra angular de la participación democrática, del control ciudadano sobre el gobierno y como elemento indispensable del derecho a la libertad de expresión. Es decir, que se está frente a un derecho fundamental dentro del régimen democrático.

El amparo en cuestión fue concedido por falta de fundamentación y motivación por parte de la autoridad señalada como responsable, la SEDATU. Sin embargo, se interpuso el recurso de revisión al que ya se hizo referencia, con la finalidad de que un Tribunal Colegiado y muy probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el tema.

La cuestión a resolver en el fondo no es si existe una limitación del derecho a la información, pues esto resulta evidente ante la falta de acceso a la información relativa a la entrega de recursos públicos a particulares por parte de la SEDATU. El tema a dilucidar es si tal restricción al derecho de acceso a la información pública y gubernamental, es constitucionalmente válida.

Estamos, pues, ante una colisión de derechos. Por un lado, el derecho de acceso a la información a conocer el nombre, monto y criterios que el gobierno utiliza para entregar recursos públicos a particulares y, por el otro, la facultad de limitar ese derecho por parte de las autoridades del país en base al interés público y, de forma indirecta, al derecho de los particulares beneficiarios del programa a que esa información sea reservada.

Es altamente probable que la Suprema Corte ejerza facultad de atracción en este caso, ante la ausencia de criterios definidos sobre la materia y, sobre todo, debido a su enorme relevancia social.

Es fundamental que se privilegie en este debate la apertura a la información, pues no sólo está en riesgo el que se conozca la forma en que una autoridad determinada la entrega recursos públicos a particulares –hecho que de suyo tiene una enorme relevancia. Sino porque este caso sentará un precedente fundamental en nuestra democracia, por cuanto hace a que los ciudadanos podamos ejercer control sobre nuestros gobernantes, evitando así la corrupción y, sobre todo, porque el acceso a la información es un eje esencial en el debate público.

Depende ahora del Poder Judicial de la Federación resolver si la entrega de recursos públicos a particulares, es una cuestión que debe ser reservada por consideraciones de interés nacional, o debe de ser información siempre abierta y disponible para la sociedad.

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista.

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2072#sthash.fYijrY6v.dpuf

Te recomendamos: