drugs2Con todo y los cambios señalados anteriormente a nivel estatal, el gobierno federal no ha relajado su posición. En julio del 2009 el Director de la Oficina de la Política de Control de Drogas Nacional  (Office of National Drug Control Policy) aclaró la posición del gobierno federal al declarar que “la marihuana es peligrosa y no tiene ningún beneficio médico” y que la “legalización no esta en el vocabulario del presidente ni en el mío”. Después de la elección presidencial del 2012, esta misma oficina  declaró que “se oponían a la legalización de la marihuana y otras drogas porque la legalización incrementaría la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y poseería riesgos de salud y seguridad”.

En estados como California donde la marihuana médica es legal a nivel estatal, hay una batalla continua entre los usuarios y comerciantes de establecimientos lícitos de marihuana médica (dispensaries) y el gobierno federal. Establecimientos que están siguiendo al pie de la letra la ley californiana y cumpliendo con todos los requisitos, están siendo detenidos y sentenciados con penas mínimas de cinco años por el DOJ. Mientras que el estado los ve como comerciantes similares a los de la industria farmacéutica lícita, a nivel federal se toman como narcotraficantes. Las personas que participan en el mercado de marihuana médica, tanto como cultivadores, vendedores o hasta los propios usuarios se enfrentan a grandes problemas desde clausura, expropiación de bienes y encarcelamiento. Aún esta por verse que pasará con los que participen en esas actividades en Colorado y Washington. 

Más recientemente, la administración del Presidente Obama ha indicado que no es prioridad perseguir a los pequeños consumidores, especialmente aquellos usuarios de marihuana médica: “hay peces más grandes que capturar que los usuarios recreativos en Washington y Colorado” y ha declarado también que el Congreso necesita tener una discusión sobre como armonizar  las leyes estatales y federales de marihuana. Sin embargo, aun con estas declaraciones, el DOJ sigue sin decir como va a manejar la nueva legalización en Colorado y Washington. En el caso de marihuana médica han continuado creciendo el número de detenidos y los encarcelamientos. El DOJ ha declarado que están revisando las iniciativas y observando los procesos legislativos y el establecimiento de los sistemas regulatorios antes de actuar y se ha creado una fuerza especial entre varias agencias gubernamentales federales incluyendo el DOJ y la DEA para contemplar como responder ante la disparidad. Mientras tanto, nos encontramos ante un acertijo sobre cómo va seguir actuando el gobierno federal y a qué riesgos se están exponiendo los distintos sujetos en los estados.

Desde la década de los años 90, cuando algunos estados buscaron abolir las normas locales que prohibían la posesión y venta de la marihuana, han existido múltiples esfuerzos de reclasificar a la marihuana en el CSA y de ponerle un fin a esta disparidad legislativa. Todos, sin embargo, han fracasado. En dos ocasiones la Suprema Corte de Estados Unidos (United States v. Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative  y Gonzales v. Raich) ha determinado que el gobierno federal tiene el derecho de regular y criminalizar la marihuana, inclusive para motivos médicos. El primer caso de 1996, se dio justo cuando los votantes en California pasaron la Propuesta 215, que legalizaba la marihuana médica. En enero de 1998, el gobierno estadounidense demandó al Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative argumentando que se violaban las leyes federales que se habían creado como resultado del CSA. En 2001, la Corte determinó que las leyes federales anti-drogas no permiten una excepción para la marihuana médica. En Gonzales v. Raich en 2005, la Suprema Corte determinó que inclusive en aquellos casos donde las personas están cultivando, poseyendo o distribuyendo marihuana médica bajo las reglas de programas aprobados por los estados, dichas personas están violando las leyes federales de marihuana y pueden ser perseguidos y sentenciados por las autoridades federales. 

Desde que Colorado y Washington legalizaron la marihuana, han vuelto a surgir las iniciativas que buscan derogar el Federal Marijuana Prohibition Act –la ley federal que prohíbe el uso de la marihuana—y que buscan reclasificar la substancia dentro del marco normativo del CSA. El 5 de febrero del 2013, Jared Polis, un congresista del estado de Colorado introdujo una iniciativa titulada “Ending Federal Marijuana Prohibition Act” que pide que el gobierno federal regule la marihuana de forma similar al alcohol. Es decir, descriminalizando[1] la marihuana a nivel federal, permitiendo que los estados sean quienes decidan si legalizar o no la marihuana para usos médicos o recreativos (se mantendría ilegal transportar marihuana a un estado donde es ilegal). El 12 de abril del 2013, la congresista republicana Dana Rohracbacher, introdujo otra iniciativa, “Respect State Marijuana Laws”. Esta iniciativa, respaldada por los dos partidos políticos mayoritarios busca regular de manera federalista la política de drogas.

No existe mucha posibilidad de que pasen estas dos iniciativas, sin embargo parece que la opinión pública está pidiendo un cambio. Cada vez hay más apoyo de la población general al igual que de miembros de ambos partidos políticos. Por un lado, grupos de izquierda y liberales apoyan la despenalización y legalización de la marihuana, mientras que por el otro los conservadores y republicanos que no necesariamente están a favor de la legalización, defienden el derecho de los estados a legislar de manera autónoma. De no respetarse las nuevas legislaciones de los estados se puede argumentar que existe un gobierno central autoritario. 

Es claro que los legisladores locales han tenido que ejercer reformas por la presión de sus ciudadanos y ante la renuencia del gobierno federal de hacer cambios ad hoc a las tendencias globales. La población estadounidense se está uniendo a las voces que piden un cambio de régimen en la política de drogas. Aún es demasiado temprano para medir los efectos de las legislaciones estatales y saber como reaccionará el gobierno federal. Sin embargo, los cambios registrados hasta ahora muestran un cambio significativo del enfoque de la política de drogas de la nación que impulsó el prohibicionismo mundialmente.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE. 

[1]La palabra descriminalización (y descriminalizar) no existe dentro del sistema jurídico mexicano. En castellano, delito y crimen son sinónimos (a diferencia de crime y misdemeanor en inglés). Para efectos prácticos se debe entender la despenalización cuando de iure se despenaliza y la descriminalización cuando es de facto.

Te recomendamos: