El constitucionalismo popular es una corriente norteamericana relativamente nueva, representada principalmente por autores como Jeremy Waldron, Richard Parker, Larry Kramer, Mark Tushnet, Robert Post, Reva Siegel y Barry Friedman. Para algunos, el debate que esta corriente ha generado está circunscrito a la crítica a la supremacía judicial; es decir, al carácter supremo de los tribunales como intérpretes de la Constitución. Para otros, por el contrario, como es nuestro caso, el constitucionalismo popular tiene una agenda más amplia. Una que invita a que todos participemos en la configuración del derecho constitucional a través de nuestras acciones políticas; otorga un papel central a la sociedad civil en la interpretación de la Constitución; desacraliza las visiones dominantes sobre el impacto de las decisiones de los tribunales; muestra la forma en que la sociedad influye, reconstruye y a veces socava el valor de las decisiones judiciales; impulsa una mayor participación en las estructuras políticas y económicas; y que defiende una mirada diseccionada del control de la constitución según la cual ninguna rama del poder tiene el derecho de arrogarse la supremacía sobre las otras[1].  

 

portada libroEn este contexto, el libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica pretende recuperar en México y Latinoamérica el debate que el constitucionalismo popular ha generado en EEUU. Desde nuestro punto de vista, traer a México esta discusión abre nuevas perspectivas sobre el derecho constitucional y, especialmente, sobre el proceso, los actores, las sedes y los métodos de interpretación constitucional. Sobre este último punto, consideramos que es un avance importante para seguir pensando sobre las teorías del diálogo constitucional, que afortunadamente se empiezan a discutir en México.

 

Uno de los aportes del libro está en la participación de especialistas de diversos países, que han pensando y trabajado el constitucionalismo popular en sus lugares de origen. Pero además, debido a la escasa literatura y discusión que existe en castellano sobre el tema, nuestro último propósito es generar un incentivo para que el constitucionalismo popular se debata en la región junto a otras corrientes del constitucionalismo, como podrían ser el neo-constitucionalismo o los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Dice Roberto Gargarella en las primeras páginas del libro:  

 

El ejercicio que se propone el libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica es importante, difícil y necesario. Importante, porque procura traer a la región uno de los debates de teoría constitucional más atractivos e influyentes de la época. Difícil, porque hacer bien ese ejercicio de importación requiere estar capacitado para traducir al lenguaje de nuestra región, debates que no nacieron de nuestras propias angustias y ansiedades. Necesario, porque, como se demuestra en el libro, el debate en cuestión nos ayuda a plantearnos problemas jurídicos –finalmente políticos- que son de primera relevancia, también, en América Latina.

 

Ahora bien: ¿Cuál es el debate que recupera este libro? El debate acerca del papel que le corresponde al “pueblo” en la discusión y decisión de los asuntos constitucionales –es decir, el papel del “pueblo” en la discusión y decisión de los temas públicos más relevantes relacionados con la organización de la vida en común. El constitucionalismo popular, como nos aclaran los autores de esta obra, no puede verse de ningún modo como un todo compacto y uniforme. Sin embargo, todos aquellos que se han vinculado con esta corriente, consideran que el “pueblo” debe recuperar o pasar a ocupar un lugar central o más central en la vida constitucional de sus propias comunidades.

 

Semejante inquietud no representa una simple pretensión más entre las muchas que circulan dentro del constitucionalismo. Se trata de una pretensión que busca –y tiene la potencia de- poner en cuestión muchas de los principios más asentados o tradicionales dentro del constitucionalismo. En efecto, de un modo u otro, el constitucionalismo popular nos invita a pensar de nuevo sobre el papel jugado por la ciudadanía en la historia constitucional (asumiendo que esa historia ha sido contada de un modo que ha opacado su presencia e influencia efectivas); así como a reflexionar (otra vez) sobre la conocida “dificultad contra-mayoritaria”; y (de manera más novedosa) sobre la pregunta acerca de quién debe quedarse con “la última palabra” en asuntos de primordial interés público; sobre las relaciones debidas entre los poderes políticos y el poder judicial; o sobre el papel que efectivamente tiene e idealmente debiera tener la ciudadanía en el control de los asuntos que más le interesan. En definitiva, el constitucionalismo popular nos interroga frontalmente acerca de los temas más cruciales referidos a la relación constitucionalismo y democracia.

 

Dada la obvia relevancia de las cuestiones recién citadas, no debiera resultar necesario hacer un esfuerzo argumentativo mayor para señalar el valor propio de las discusiones propuestas por el constitucionalismo popular. No obstante, entendemos que sí puede tener sentido señalar por qué estas discusiones resultan relevantes también –o, mejor todavía, especialmente relevantes- en América Latina. Veamos.

 

La cuestión nuclear que nos plantea el constitucionalismo popular se refiere al desajuste entre derecho y pueblo. Esto es, el constitucionalismo popular nos invita a pensar otra vez sobre la amplia y profunda brecha que se advierte entre el derecho y las comunidades sobre las cuales ese derecho se aplica. En efecto, hoy como nunca podemos reconocer que cuando se habla del derecho, una amplísima mayoría de nuestra población no se ve representada por éste. La ciudadanía escucha al derecho, pero no encuentra ahí su propia voz. Si eventualmente lee al derecho, no lo entiende. Y si le traducen sus contenidos, tiene razones para rechazarlos, para no sentirse identificados con ellos. El derecho no es lo que Rousseau soñaba que fuese: un espejo en donde la sociedad puede mirarse y verse a sí misma reflejada.

 

Este tipo de problemas de disociación entre derecho y comunidad, no sólo existen en América Latina, sino que encuentran en la región una relevancia muy particular. Ello es así, al menos, por dos razones. En primer lugar, porque en América Latina, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, el derecho (y muy en particular las decisiones de nuestros tribunales superiores) no es objeto de un continuo escrutinio público, sobre todo a través de la prensa masiva y medios especializados. El hecho de que medios y universidades utilicen los fallos judiciales como objeto cotidiano de análisis, hace que en los Estados Unidos el derecho quede sujeto a mejores controles. Algo que, en última instancia, permite tejer lazos entre derecho y comunidad, una situación que lamentablemente es mucho menos habitual en América Latina.

 

La segunda razón que muestra por qué los problemas en cuestión son particularmente relevantes para Latinoamérica, tiene que ver con la desigualdad extrema que padece la región en todas sus esferas. Dicha desigualdad tiende a traducirse en un derecho también desigual y, podríamos agregar, cada vez más desigual. En la región, más que en otros contextos, la creación, interpretación y aplicación del derecho tiende a quedar en manos de élites, normalmente desvinculadas de los intereses y necesidades de la colectividad. El resultado de todo ello es un derecho producido por un puñado de la sociedad, en beneficio propio, aunque ejercido a nombre de todos los miembros de la comunidad.

 

En contextos como los descritos debiera ser claro el cuestionamiento al derecho desvinculado de la comunidad, tanto como la discusión relacionada con cómo recuperar un papel decisivo para la ciudadanía en la creación y gestión del derecho, no pueden resultarnos sino cruciales. Ojalá este libro sirva para aguijonear una discusión indispensable en nuestra región: el papel de la sociedad civil en la construcción de una democracia constitucional.

 

Ana Micaela Alterio y Roberto Niembro Ortega. Coordinadores del libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica (México, Porrúa-ELD, 2013).



[1] Gargarella, Roberto, “Diálogo con Roberto Gargarella sobre Constitucionalismo popular”, Jura Gentium Revista de filosofía del derecho internacional y de la política global, www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/freeoter.pdf En contextos como el nuestro, impulsar el constitucionalismo popular, es decir, la participación popular en los temas más importantes de la vida nacional, cobra una especial relevancia. Piénsese, por poner un ejemplo, en las últimas declaraciones del líder nacional del PAN, quien ante una reforma tan importante como la energética, en la que está de por medio la reforma al artículo 27 constitucional y un cambio definitivo en materia energética, considera que la decisión democrática que se tome al respecto no debe atender a los movimientos sociales, sino que el debate debe darse sólo en el congreso, o mejor dicho, en el Consejo Rector del Pacto por México. Así, tenemos líderes políticos que pretenden llevar a cabo reformas constitucionales de gran calado, sin siquiera escuchar a los titulares de la soberanía popular (no estamos hablando retóricamente), e ignorando lo que el electorado tiene que decir. ¿Democracia? ¿para qué? ( Este comentario no implica tomar postura sobre el fondo de la reforma energética, pues eso queda fuera de nuestro alcance.)

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