El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del asunto más importante en materia de derechos humanos desde la resolución del “caso Radilla”: la contradicción de tesis 293/2011.  

El estudio de fondo aún  no cuenta con votaciones definitivas por parte de los ministros. Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino recorrido durante dos días de sesiones, para dar cuenta de la ruta marcada por el proyecto de sentencia.

mafaldaLa Corte deberá definir dos temas fundamentales. En primer lugar, la relación que deben mantener la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual repercute, entre otras tantas cosas, en la configuración del parámetro de control de regularidad de todo acto de autoridad —pública o privada— al que aspira el ordenamiento jurídico mexicano. En segundo lugar, deberá determinar el grado de obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro ordenamiento. Hasta ahora sólo se ha abordado el primer tema, al cual me referiré en esta nota.

Como en toda contradicción de tesis, una primera cuestión a dilucidar es fijar los puntos jurídicos discrepantes entre los tribunales contendientes (en este caso, dos Tribunales Colegiados de Circuito). Llama la atención que el proyecto fije la litis en un tema que, posteriormente, deja de lado. Me explico: la propuesta sostiene, en principio, que debe determinarse la “posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, pero luego excluye cualquier posibilidad de “jerarquía” entre estas normas.

Esta aparente paradoja se explica, en parte, debido a que los juicios de amparo de los cuales derivaron las sentencias discordantes, se resolvieron antes de que entraran en vigor las reformas constitucionales de junio de 2011 (en materia de amparo y, precisamente, de derechos humanos). Si el proyecto concluye que estas reformas no pueden explicar los derechos humanos en términos de jerarquía, ésta es una condición del marco constitucional actual, no del marco que tomaron en cuenta los Tribunales Colegiados. Se entiende entonces que la jerarquía existía, que dio lugar a la discrepancia, y que ahora ha dejado de existir.

Otra aparente paradoja es que una de las razones que justifican la necesidad de estudiar el fondo de este asunto consiste en que la sentencia del “caso Radilla”, no resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos. A pesar de ello, como ya se dijo, el estudio no zanja la cuestión así formulada. Parece claro que al proyecto le interesa fijar un criterio respecto al modo de interacción de la Constitución y los tratados internacionales en esta materia. Y, de esta manera, no resolver meramente el tema de la “jerarquía” entre derechos.

En estos aspectos, cabe hacer dos observaciones. La primera es la gran importancia que tiene en nuestro ordenamiento el cauce procesal de las contradicciones de tesis, pues éstas permiten resolver problemas jurídicos bajo marcos normativos vigentes al momento de decidir, en nombre de la seguridad jurídica. La segunda es que, después de este asunto se encuentran enfiladas otras tres contradicciones de tesis, todas ellas entre las dos Salas de la propia Corte, que inciden en temas análogos.  

El estudio de fondo aborda una multitud de temas con gran sentido metodológico y apreciable confección técnica, la mayoría adecuadamente dimensionados. Destacaré entonces solamente dos de ellos en función de la especial problemática que, desde mi punto de vista, suscitan.

El estudio insiste en varios momentos sobre la existencia de un catálogo de derechos humanos en la Constitución, dentro del cual ahora deben considerarse insertos los existentes en tratados internacionales. Así, la propuesta se dirige hacia un universo extensivo, difuso e indeterminado de ese catálogo. El problema de esta representación es que el grado de ensanchamiento de ese catálogo —que equivale al grado de amplitud del parámetro de control de regularidad— resulta directamente proporcional al grado de incerteza de las normas que lo integran. En estas condiciones, el ejercicio de fijación de ese parámetro es, a priori, intencionalmente infinito. Además, esa falta de confines normativos equivale a una ausencia de precisión de los deberes exigibles a los poderes públicos.

Quizás una fórmula distinta de identificación de los derechos, como amplificarlos a partir de una metodología de interpretación conforme por los jueces, caso a caso —sustentada en el artículo 1º, segundo párrafo, constitucional—, pueda ser una solución que contribuya a evitar ese riesgo. Se trataría de construirlos jurisprudencialmente desde su base constitucional, y no desde un techo internacional indefinido. Un catálogo en construcción y no un catálogo ya prefijado con un sentido exorbitante.

En cuanto al principio de supremacía constitucional, el proyecto, tras la encomiable exhaustividad de su argumentación, no dota de un contenido satisfactorio a la última parte del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución, que establece que el ejercicio de los derechos y sus garantías “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” —que es, junto al artículo 133—, el principal fundamento del sector de ministros que se ha manifestado en contra de la propuesta.

Lo que ocurre es que esa expresión, que sobrevivió a las reformas de 2011, tampoco suprime el “subsistema” normativo de carácter internacionalista que la Constitución misma también “establece”, que razona convincentemente la propuesta. En todo caso, resultaría exigible una motivación consecuente de la Suprema Corte en este punto, la cual podría terminar siendo el que apuntale cualquiera de estos dos escenarios: o una apertura sostenida hacia el derecho internacional de los derechos humanos o, por el contrario, su aplicabilidad condicionada en el ordenamiento interno, con todas las negativas consecuencias que esta última conclusión implicaría para la práctica jurídica de los derechos humanos en los años por venir en nuestro país. Ya veremos, en los siguientes días, como se desenvuelve a partir de esta propuesta la discusión y decisión de los ministro de la Corte

 

Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Twitter: @jAlfonsoHerrera

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