Si los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales son parte material de la Constitución, no es una cuestión de jerarquías; porque si la propia Constitución los reconoce como derechos constitucionales, entonces se trata sólo de preferir el más protector a la persona, porque todos, formalmente constitucionales o no, son derechos humanos de rango constitucional.

Demonstrations in Morocco

La discusión de la Suprema Corte de Justicia en torno a la contradicción de tesis 293/2011, nos deja cuatro reflexiones principales: 1) el fondo de lo resuelto, es decir, la vigencia efectiva de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales; 2) el entendimiento e interpretación que los ministros hacen y tienen del derecho internacional de derechos; 3) el papel que juega la propia Suprema Corte en la democracia mexicana; y, 4) la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que México no sea parte. Analizaré únicamente al primero y tercero de los puntos mencionados, por su íntima relación.

El primer punto relativo a la posición de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, consisten en que los ministros se decantaron por una interpretación intermedia y de consenso en el tema de fondo. Es decir, resolvieron que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales son derechos constitucionalizados, dando pauta al “bloque de constitucionalidad”, “parámetro de control de regularidad constitucional” o simplemente se “conserva el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional”.

Sin embargo, agregaron que las restricciones contenidas en la propia constitución prevalecerán sobre el contenido de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y, por su puesto, de los derechos reconocidos en la propia constitución. Ello, principalmente con base en la última norma prevista en el artículo 1º de la constitución: “cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Comparto de alguna forma las conclusiones del ministro Cossío, por cuanto hace a que con esta decisión se desdibuja el principio pro persona, sobre la premisa básica consistente en que, si no se habla de jerarquía en materia de derechos humanos (todos los derechos humanos son iguales, con independencia de su origen), entonces, no tiene sentido reconocer la superioridad de las restricciones o limitaciones de la constitución sobre el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, se desdibuja el principio rector de la reforma constitucional del 2011 de situar a la persona en el centro absoluto del Estado (darle privilegio, siempre, a la norma o interpretación más protectora), en tanto que se estará a las restricciones constitucionales, cualquiera que estas sean.

Ahora bien, más allá de la jerarquía, coordinación, armonización o bloque de constitucionalidad que implica el reconocimiento de la constitucionalización material de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y las restricciones constitucionales, el debate de fondo, se centró en el papel que juega la Suprema Corte frente al poder revisor de la constitución y, en general, en la democracia constitucional.

En primer término, los derechos humanos más allá de ser parte consustancial del ser humano, que permiten el desarrollo de la persona y reconocen su dignidad, implican una parte esencial, sino es que toral, dentro de la democracia constitucional, toda vez que constituyen límites estrictos, que no absolutos, del actuar del Estado.

Durante las cinco sesiones del pleno, se habló del poder reformador de la constitución, del principio democrático y deliberativo que subyace en una reforma constitucional (contrario a la aprobación de los tratados internacionales) y a la deferencia que el poder judicial debe tener con el legislador constitucional. De esa forma, la deferencia al legislador, en este caso constitucional, implica que quien impone los límites, es la mayoría democrática. Asimismo, el ejercicio y los límites de los derechos fundamentales, no está en manos del poder judicial, sino del poder legislativo, precisamente, por el valor democrático que comprende el texto constitucional.

En ese sentido, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena manifestó:[1]

…estamos ante una ponderación de derechos, y en esa ponderación de derechos, me parece que tenemos que darle una deferencia al Constituyente permanente de manera indefectible, pero eso no quita que no estamos ante una jerarquía de normas, estamos ante normas indivisibles que se tienen que ponderar con otros derechos, y no hay una expulsión, como lo habría en un análisis formal de jerarquía de normas.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero refiere:[2] “…hacer perder soberanía al Estado, restarle deferencia al Legislador o convertir esta Suprema Corte de Justicia en un súper poder, de ninguna manera.”

De otro lado, la ministra Luna Ramos destacó que:[3] “…yo creo que la deferencia al Constituyente permanente, en mi opinión es precisamente respetar la facultad que tiene para reformar la Constitución”.

Finalmente, el ministro Pérez Dayán expresó:[4] “…hay una deferencia hacia el Constituyente para el caso de las antinomias…”.

Con independencia a la forma en que salga el engrose de la contradicción de tesis 293/2011, y la tesis de jurisprudencia que se desprenda de ésta, estas alusiones a la deferencia al poder revisor de la constitución, implican, cuando menos, tres puntos:

1.- Que la mayoría democrática, a despecho de las minorías, puede determinar la restricción al ejercicio de los derechos humanos.

2.- Que el principio por persona no es una superestructura constitucional, en el rango de lo indecidible en democracia, sino que el legislador constitucional puede limitar el ejercicio de los derechos humanos, a costa de los principios de progresividad, indivisibilidad e interdependencia.

3.- La Suprema Corte perdió una oportunidad histórica de resolver que los derechos humanos, es decir, la dignidad de la persona, están en el centro absoluto del quehacer del Estado mexicano y, así, de cumplir con su función no solo de intérprete de la Constitución, sino su defensor. En este caso, defensor del principio por persona.

Lo anterior es reflejo del resultado al que arribaron en consenso los ministros, al establecer que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, son derechos constitucionales, pero que estarán sujetos a las restricciones que imponga el propio pacto federal, es decir, deferir al legislador constitucional.

El ex ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia de Israel Aharon Barak, dijo que la deferencia al legislador, es “evadir la responsabilidad de juzgar”. Sin embargo, consciente de que estos temas son siempre sujetos a interpretación y opinión, concluyo con un comentario que hizo el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena: “A mí me parece que sin lugar a dudas, éste no es el fin del debate, yo creo que este debate va a marcar la Décima Época, me parece que es una plataforma de entendimiento inicial y común.”[5]

 

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista. Twitter: @gstagle


[1] Pg. 54 de la versión estenográfica de la sesión del 27 de septiembre de 2013.

[2] Pg. 29 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2013.

[3] Pg. 39 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2013.

[4] Pg. 41 de la versión estenográfica de la sesión del 29 de septiembre de 2013.

[5] Pg. 14 de la versión estenográfica de la sesión del 3 de septiembre de 2013.