door2El debate de la contradicción de tesis 293/2011 en la Suprema Corte ha sido ampliamente comentado en este blog. Como se sabe, en ese asunto se concluyó que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional pero, en caso, de que éstos se enfrenten a una restricción expresa de la Constitución, ésta debe aplicarse. Además, se determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida aquélla emanada de casos en los cuales el Estado mexicano no fuese parte, es obligatoria en el orden jurídico mexicano siempre que resulte más favorable para las personas.

Con estas premisas, en las sesiones del pasado 5 y 9 de septiembre de 2013, la Corte discutió otro tema de gran relevancia al resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL. Aunque este asunto siguió la línea argumentativa de la contradicción previa, su problemática presentó particularidades propias de notable complejidad técnica y con un impacto inmediato en la práctica del juicio de amparo. En este caso, se discutió la repercusión de la nueva condición jurídica de los derechos humanos de fuente internacional en el ejercicio de una de las principales competencias de la Suprema Corte: el amparo directo en revisión.

En concreto, el punto a resolver en esta contradicción ―en la que fueron las dos Salas de la propia Corte los órganos jurisdiccionales en colisión― fue el siguiente: si el problema de compatibilidad entre una ley y un tratado internacional es una “cuestión de constitucionalidad” o una “cuestión de legalidad” a efecto de decidir la procedencia de un amparo directo en revisión. La primera sala sustentó la tesis de que ese problema resultaba en una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, la revisión era procedente. Por el contrario, la segunda sala consideró que ese problema era una cuestión de mera legalidad y, por ello, no era posible admitir su revisión. Desde que emitieron sus respectivos criterios, ambas salas los venían aplicando en los asuntos de sus respectivas competencias, con lo cual las líneas jurisprudenciales que fueron desarrollándose, marcaron una riesgosa incertidumbre para las personas que decidieron proponer ante la Corte la revisión de sus correspondientes sentencias de amparo directo.

Vale la pena destacar la importancia del recurso de revisión para la defensa de los derechos de las personas. Se trata de la única competencia prescriptiva para la Suprema Corte a efecto de que analice los agravios planteados por aquellas personas que consideran que fueron afectados por la sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito. Que esa competencia sea “prescriptiva” significa que es la única vía para “obligar” a la Corte a revisar una sentencia de amparo en una segunda instancia. De esta manera, en principio, si se cumplen los requisitos señalados en la Constitución y en la ley de amparo, la Corte no puede rehusar emitir una resolución de fondo. El elemento estadístico también es revelador de la relevancia de este recurso de revisión ante la Corte. Si acudimos al informe de labores de su presidente en el último año judicial (2012), veremos que de un total de 6,002 asuntos resueltos, 1,100 correspondieron a amparos directos en revisión. Así, la suerte de este asunto se traducía en la definición de un estándar elemental a partir del cual la Corte, de ahora en adelante, debe analizar las pretensiones jurídicas que soliciten la revisión de sentencias de los Tribunales Colegiados, en materia de derechos humanos.

La Corte, entonces, con base en lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que un problema de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley es una “cuestión de constitucionalidad” si está en juego determinar el alcance de un derecho humano. Esta decisión precisó de una acotación: si ese problema de fuentes no involucra la aplicación de un derecho humano, entonces debe considerarse que el problema permanece en la condición de “cuestión de legalidad”, terreno en el cual las sentencias de los Tribunales Colegiados son definitivas e inatacables.

El artículo 103 constitucional, modificado con la reforma del 6 de junio de 2011, expresamente estableció que el amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen “los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por (la) Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” (fracción I). Sin embargo, en cuanto al recurso de revisión, el artículo 107 sigue expresando que la materia del recurso “se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras” (fracción IX).

La Corte interpretó que ahí donde el artículo 107 señala que en la revisión deben tratarse cuestiones “propiamente constitucionales”, debe leerse en el sentido de que abarca las “cuestiones propiamente convencionales de derechos humanos”. Es decir, ahora este precepto debe leerse en el sentido de que procede la revisión contra sentencias de amparo que resuelvan sobre la convencionalidad de normas generales, o establezcan la interpretación directa del precepto de un tratado de derechos humanos, u omitan hacerlo, habiéndose planteado en la demanda. A ello debe añadirse que la cuestión planteada debe revestir un criterio de importancia y trascendencia (por ejemplo, si no existe jurisprudencia de la Corte aplicable al tema de que se trata). Así, se formaliza la interpretación del Pleno en el sentido de que para la Corte no es indiferente lo resuelto por los Tribunales Colegiados respecto a la interpretación de derechos humanos de fuente internacional en un juicio de amparo directo. Algo no menor para impulsar la agenda de derechos fundamentales en el país.

>Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es coordinador de la obra, junto con Eduardo Ferrer: Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, Tirant Lo Blanch, Valencia (en prensa). Twitter: @jAlfonsoHerrera