Que la autoridad estatal exhiba a una persona en medios de comunicación no es un asunto menor. Implica la violación a un derecho constitucional que busca proteger al individuo frente al abuso de la facultad punitiva del Estado.

En este sentido, me resulta preocupante el manejo de las redes sociales del municipio de Naucalpan de Juárez (administración 2012-2015), a través del cual ha implementado una campaña de exhibición de las personas detenidas en flagrancia por sus policías. La exhibición no se reduce a una fotografía. Se muestra, a su vez, a los detenidos golpeados, frente a una mesa donde se colocan armas, billetes, monedas y cualquier instrumento con el que hayan sido detenidos. Por si no fuese suficiente, se acompaña estas imágenes con una leyenda donde el detenido es presentado como “presunto culpable” ante los usuarios de Facebook.

Ahora bien, entre las garantías procesales de una persona detenida se encuentra, por supuesto, la presunción de inocencia. La cual es una condición necesaria del proceso penal. Y cuya observancia corresponde a todas las autoridades del Estado mexicano, no sólo al juez. En esta línea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la presunción de inocencia no se limita al proceso, sino que también debe proteger extra-procesalmente al individuo. La Tesis 1ª. CLXXVI/2013, de mayo de 2013, establece:

  1. El derecho como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos.
  2. La violación de la regla de trato, en su vertiente extraprocesal, puede darse por cualquier agente del Estado, especialmente por autoridades policiales.
  3. De nada sirven los derechos fundamentales de los imputados al momento de ser exhibidos y juzgados públicamente.

Por otra parte, en el proyecto de amparo directo en revisión  517/2011 (caso Cassez), a cargo del ministro Arturo Zaldívar, apunta lo siguiente: “[E]l derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie (…)”.[1]

Sobre la exhibición de detenidos en medios de comunicación, el proyecto de sentencia agrega: “[…] no es la “opinión pública” o los medios de comunicación a los que se les debe imputar la escenificación ajena a la realidad y el trato anticipado de culpable respecto a la recurrente. […]

La Suprema Corte, pues, no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de ésta a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo”.[2]

Por ello, sostengo que la medida del municipio de Naucalpan es inconstitucional por las siguientes razones:

  1. Ningún detenido puede ser considerado como presunto culpable, ya que nuestra Constitución y distintos tratados internacionales otorgan una posición de ventaja al imputado para ser tratado y considerado como inocente (sí, desde su detención).
  2. La regla de trato del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en su vertiente extraprocesal, obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, especialmente a los policías, a no considerar culpable al detenido y darle, en todo momento, el trato de inocente.
  3. El contenido del derecho a la presunción de inocencia prohíbe que las autoridades exhiban al detenido, especialmente cuando se le exhibe como culpable, en cualquier medio de comunicación.
  4. La única forma de vencer la presunción de inocencia es mediante sentencia del juez de la causa y hasta que ésta no se declare, el imputado no puede ser considerado como culpable.
  5. La exhibición en medios de comunicación de detenidos por las policías municipales naucalpenses presupone que éstos no son inmediatamente puestos a disposición del ministerio público, lo que resulta en otra violación a los derechos humanos.

La objetividad de un proceso penal es fundamental para reducir los espacios de arbitrariedad de las autoridades. Únicamente un juez penal competente puede declarar que la presunción ha sido vencida, nunca la opinión pública y los medios de comunicación: superemos el medievalismo penal.

Francisco José Rubio Díaz. Estudiante de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @PacoRubioo


[1] Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, p. 132.

[2] Ibid., p. 133.

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