El 12 de junio de 2000, de acuerdo con las evidencias recabadas, al menos 12 personas emboscaron a un grupo de policías del estado de Chiapas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta que circula por la carretera que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. En el ataque resultaron siete elementos policiacos muertos y dos heridos (un policía estatal y un civil menor de edad que conducía el vehículo)

Debido al clima político que en el año 2000 imperaba en Chiapas, el Ejecutivo federal había creado la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que orgánicamente dependía de la PGR. Por esta razón[1], fue que el Ministerio Público Federal (MPF) y, posteriormente, el PJF por medio del Juez Primero de Distrito en Chiapas tuvieron a su cargo la administración e impartición de justicia. Sin embargo, en un principio el Ministerio Público del Fuero Común (MPFP) también realizó diversas actuaciones que posteriormente fueron incorporadas a la averiguación previa federal.

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Durante la integración de las indagatorias se evidenció el conflicto socio-político que existía entre el presidente municipal del Bosque y diversas organizaciones sociales que tenían una presencia importante en dicho municipio. Dentro de este contexto, el 30 de mayo de 2000, más de dos decenas de organizaciones entregaron una carta al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, solicitándole la remoción del edil Manuel Gómez Ruiz, debido a actos de corrupción, acoso sexual, nepotismo –prueba de esto último es que el hijo de munícipe Rosemberg Gómez Pérez tenía a su cargo la conducción de un vehículo oficial.

De igual forma, fueron evidentes las irregularidades en que incurrieron el MPF y el MPFC durante la integración de las Indagatorias, buscando a toda costa aparentar una eficiencia en el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, las autoridades ministeriales no tuvieron ningún reparo en recurrir a la práctica de diligencias ilegales y la obtención de pruebas ilícitas -por ejemplo, el MPF y el MPFC recabaron la declaración de un testigo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, en la misma fecha, hora y lugar; la incorporación de una fotografía de Alberto Patishtán, prueba de rodizonato de sodio practicada siete días después, etcétera- que luego fueron convalidadas por los correspondientes funcionarios judiciales en las distintas fases del proceso, apelación y juicio de amparo.

Este fue el contexto bajo cual Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC., (DEDHAC) retoma el caso en junio de 2012, luego de realizar un análisis exhaustivo de las constancias fueron evidentes dos cuestiones: 1) la existencia de graves violaciones a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia que impidieron que Alberto Patishtán pudiera defenderse adecuadamente y 2) la falta de conocimiento pleno del proceso penal por parte de los abogados y organizaciones que hasta ese momento habían apoyado el caso.

Tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que habían acaecido los hechos y los supuestos bajo los cuales puede sustentarse un incidente de reconocimiento de inocencia, DEHDAC optó por la hipótesis establecida en la fracción segunda del artículo 560 del CFPP que establece la procedencia cuando “después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla”.

DEDHAC al plantear el incidente sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia y hasta el mes de agosto de 2012, aparecieron documentos públicos que invalidaban los elementos que habían conformado la prueba circunstancial sobre la cual se sustentó la sentencia.

A juicio de DEDHAC, los documentos públicos eran las tesis de jurisprudencia y aisladas compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SJFyG), así como las sentencias que dieron origen a los criterios, a través de los cuales con el paso del tiempo los tribunales del PJF revaloraron o reinterpretaron el valor probatorio de la duplicidad de actuaciones, la incorporación de fotografía a la indagatoria, la prueba de rodizonato de sodio, el testimonio único, que por lo que al confrontar estos nuevos criterios plasmados en el SJFyG con los prevalecientes en el año que había sido dictada la sentencia, invalidaban los elementos con los cuales había sido conformada la prueba circunstancial. Dicho en términos coloquiales, lo que en 2003 eran pruebas legales, al pasó de los años los tribunales del PJF habían determinado que habían dejado de serlo.

Es evidente que el planteamiento es innovador y audaz ya que golpea la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración e impartición de justicia, que no es otra cosa, más que la violación sistemática de los derechos de debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada que por igual se cometen en contra de culpables e inocentes. Luego, entonces, establecer un precedente de la forma en que DEDHAC lo planteó significaba abrir la posibilidad de que muchas personas sentenciadas con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas pudieran alcanzar su libertad.

Cuando un apreciado ministro de la Primera Sala señaló que el planteamiento abriría la caja de pandora y que la Corte no estaba preparada para dar ese paso, DEDHAC supo que el destino del incidente estaba decidido y que el PJF prefería dejar en la cárcel de por vida a un inocente antes que enmendar una falla estructural y que era cuestión de tiempo para que la Primera Sala decidiera no reasumir su competencia y el Tribunal Colegiado (TC) declarara improcedente el incidente, como al final aconteció. La resolución de los magistrados es una interpretación letrista alejada de los nuevos estándares plasmados en el artículo 1º constitucional ya que consideraron que las tesis de jurisprudencia y las sentencias que dieron origen a esos criterios “no tenían relación con el caso en cuestión”.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Alberto Patishtán eran tan evidentes que después de que el TC emitió su resolución, se generó una reacción de descontento en diversos sectores de la sociedad civil –grupos de personas, iglesia, ONG’s, funcionarios estatales y federales, así como organismos internacionales-, lo cual fue determinante para que el poder legislativo entrara en acción proponiendo la incorporación al Código Penal Federal del artículo 97 bis, que hace posible el indulto presidencial “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Al pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos de Patishtán, los tribunales del PJF dieron paso a la creación de una cuarta instancia, a cargo del Ejecutivo federal quien puede revisar las actuaciones de los tribunales y determinar la existencia de violaciones graves a los derechos de un sentenciado y por ende concederle el indulto. Esto no sólo es grave por la trascendencia que reviste el hecho de que el presidente de la República pueda analizar las actuaciones del PJF, sino también porque al revisarlas quedará evidenciado que los tribunales convalidaron o no apreciaron las graves violaciones de derechos cometidas contra un sentenciado, lo cual demostrará la falta de eficacia del PJF restándole credibilidad.

Por estas razones sostengo que el PJF fue el gran perdedor, ya que tuvo en sus manos enmendar los errores cometidos por sus propios integrantes, pero por no abrir la caja de pandora, dio paso a que el Ejecutivo federal pueda revisar los procesos y deje sin efectos las sentencias aunque sea de forma parcial.

Leonel G. Rivero Rodríguez. Coordinador General de DEDHAC; tutor de la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO.


[1]Además de que esas fechas, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que el Ministerio Público Federal (MPF) era competente para conocer de delitos del fuero común que tuvieran conexidad con ilícitos del fuero federal.

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