justicia prontaEl caso Yssel Reyes representa una oportunidad idónea para la Suprema Corte para abordar un conjunto de temas por demás relevantes para la justicia laboral. En concreto, estos aspectos no menores son: si pueden los particulares afectar los derechos humanos de sus trabajadores o empleados; si las Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden (y deben) pronunciarse sobre tales violaciones y; por último, si en su caso el trabajador en cuestión tiene derecho a recibir una indeminización. Ante la relevancia de estos temas, El Juego de la Suprema Corte le ha dado puntual seguimiento a este caso (como puede leerse aquí, aquí, aquí, aquí y aquí); sin embargo, hasta el momento, la Segunda Sala después de dos intentos no ha sido capaz de construir una mayoría para definir la suerte de este asunto. Por ello, en esta ocasión, y con el ánimo de que la opinión pública pueda darle continuidad a este asunto, publicamos con plena autorización el exhorto que envió el quejoso Yssel Reyes Delgado a los ministros de la Segunda Sala de Suprema Corte.

AMPARO DIRECTO 69/2012

QUEJOSO: YSSEL REYES DELGADO

 

 

MINISTRO PONENTE JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYAN

MINISTRO SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

P R E S E N T E S

YSSEL REYES DELGADO, quejoso en el amparo directo radicado en este Máximo Tribunal bajo el número 69/2012, de manera atenta y respetuosa, comparezco para manifestar:

Ha transcurrido ya un año y dos meses desde que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara que era procedente ejercer su facultad de atracción respecto del juicio de amparo directo promovido por mis apoderados. A pesar de ello y luego de haber sido listado en tres ocasiones para su discusión, sigo en espera de que se emita una resolución. Sé muy bien que cientos de asuntos de la mayor trascendencia e interés para nuestro país se ventilan ante esta instancia y que por ello los tiempos no son tan breves como todos quisiéramos, pero sé también que por esa misma razón esta Corte debe ser ejemplo y guía para los juzgadores de nuestra Nación. Dilatar más de un año la emisión de resolución de cualquier juicio no parece ser un modo de respetar y encarnar para un justiciable el derecho humano de acceso a la justicia.

Esta dilación, sin embargo, no es lo más preocupante en este caso. De conformidad con las actuaciones de autos y los dos proyectos de resolución rechazados por la mayoría, parecería que la discusión se ha centrado en la existencia o no del despido (incluso así se insinuó en un tweet que uno de los Ministros de la Sala envió en su momento al comunicador Joaquín López Dóriga tras la nota que en su noticiero emitieron en torno a mi juicio) que dio término a la relación de trabajo que sostuve con los hoy terceros interesados. Esta situación, sin embargo, sólo compete analizarla a la Junta de Conciliación y Arbitraje emisora del acto reclamado y en su caso al Tribunal Colegiado competente en ejercicio de sus funciones de control de legalidad. Esta Corte debe concentrarse en evaluar los tres temas que motivaron que ejercitara su facultad de atracción tal y como se aprecian en la página de internet[1]:

  1. DETERMINAR SI A LOS PARTICULARES SE LES PUEDE ATRIBUIR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS HACIA LOS TRABAJADORES,
  2. DETERMINAR SI LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN PRONUNCIARSE RESPECTO DE DICHAS VIOLACIONES Y
  3. DETERMINAR SI EL TRABAJADOR TIENE DERECHO A RECIBIR INDEMNIZACIÓN POR ESA SITUACIÓN.

Estas generalidades constituyen los temas de relevancia y trascendencia a dilucidar por este Tribunal. Ello es así pues desafortunadamente en nuestro país no es aun claro cómo un trabajador puede defender sus derechos humanos ante un patrón que sea el responsable de conculcarlos. Si, como me ocurriera a mí, los datos personales sensibles de un empleado (su estado de salud, en mi caso portador de VIH) son ilícitamente tratados por el patrón en conjunción con el proveedor de servicios médicos particulares y ello origina una situación de discriminación dentro de la empresa, no existen aún caminos legales e institucionales claros y sencillos capaces de asegurar la defensa de esos derechos fundamentales ni que permitan obtener una eventual reparación del daño. El actual entramado jurídico de nuestro país, lejos de brindar un fácil acceso a la justicia para quienes se encuentran en una situación como la mía, representa un obstáculo para el bienestar del ser humano.

Por ello, si el Noveno Tribunal Colegiado debe aún analizar las violaciones procesales que la Responsable cometió en mi perjuicio (marcadamente, el desechamiento de ciertas pruebas tendientes a demostrar el ilícito tratamiento de mis datos personales sensibles y la ulterior existencia de discriminación), lo imperioso es que se estudien los temas arriba citados y con ello se me permita defender mis derechos laborales y humanos violentados por el patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Una vez desahogadas las pruebas, tanto la Junta como eventualmente el Tribunal Colegiado podrán determinar si se han acreditado o no los hechos y por ello si los reclamos son o no procedentes, pero por el momento es indispensable se proteja en lo general mi acceso a la justicia.

Al haber determinado el Pleno de esta Suprema Corte en fechas recientes que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de observancia obligatoria para nuestros Tribunales, no queda entonces sino seguir algunos de esos criterios, siendo los atinentes a mi caso los siguientes:

CASO TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO DE PERU

PÁRRAFO 107. Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia.

CASO RICARDO BAENA VS PANAMA

PÁRRAFO 126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos.

PÁRRAFO 127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

PÁRRAFO 206. La Corte, conforme a una constante jurisprudencia internacional, considera que la obtención de una sentencia que ampare las pretensiones de las víctimas es por sí misma una forma de satisfacción. Sin embargo, esta Corte considera que debido al sufrimiento causado a las víctimas y a sus derechohabientes al habérseles despedido en las condiciones en que se lo hizo, el daño moral ocasionado debe además ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una indemnización pecuniaria. En las circunstancias del caso es preciso recurrir a esta clase de indemnización fijándola conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente del daño moral, el cual no es susceptible de una tasación precisa.

CASO CANTORAL BENAVIDES PÁRRAFO 178

El deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.

En manos de esta Corte está el permitir a los trabajadores gozar de un efectivo acceso a la justicia que represente una auténtica posibilidad de salvaguardar sus derechos humanos y con ello su dignidad. No solo la armonía con el sistema interamericano de derechos humanos está en juego, sino la construcción de un Estado de Derecho eficaz que en verdad encarne los principios constitucionales previstos por el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Espero no se pierda esto de vista.

 

ATENTAMENTE

YSSEL REYES DELGADO

DISTRITO FEDERAL, 29 DE OCTUBRE DE 2013


[1] Según se aprecia en la dirección electrónica siguiente: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=143597

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