Es un hecho, la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública fue publicada el viernes pasado y ya se encuentra plenamente vigente. La reforma traerá consigo la creación de un esquema nacional de garantía del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Las ventajas de esta reforma han sido analizadas en distintos foros y, a pesar de sufrir modificaciones de último momento que no gustaron a ciertos sectores académicos y de la sociedad civil organizada, la reforma es generalmente aceptada y aplaudida.

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A primera vista, esta reforma no merece más líneas en cuanto a su presentación, sino más bien en cuanto a su puesta en práctica. El problema radica en la técnica legislativa aplicada en el régimen de transición de un sistema de protección a otro -en especial la integración del nuevo órgano garante federal y la adecuación de las leyes reglamentarias. Esto debido a que abre un abanico ambiguo de posibilidades en su aplicación pero no abona en nada a asegurar el contenido mínimo de estos derechos y los alcances de sus garantías.

Para tomar perspectiva veamos en qué se convertirá este Instituto: el órgano que reemplace al IFAI tendrá -entre muchas otras tareas administrativas, de promoción, de vigilancia, etc.- las facultades de:

a) revisar las respuestas que los sujetos obligados (administración pública federal, poder legislativo, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, universidades, partidos políticos…) den a las solicitudes de acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO[1];

b) fungir como un órgano revisor de las resoluciones emitidas por los órganos garantes locales sobre los mismos temas y;

c) ser órgano garante del derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito privado a nivel nacional ya que este órgano será en muchos de los casos quien decida qué información es pública, reservada, confidencial o privada.

Con esta dimensión sobre la relevancia del órgano garante, nuestros legisladores se metieron el pie a sí mismos: esta reforma al texto constitucional establece mandatos específicos para las autoridades a las que se les deja mucha tarea. En particular a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y locales les obliga a:

1) la emisión de una Ley General que reglamente el artículo 6º;

2) la adecuación de las leyes federales en materia de transparencia, datos personales y la normativa electoral referente a estos temas, todo acorde a lo establecido en la Ley General;

3) la adecuación de las leyes locales conforme a la Ley general; y

4) la integración del nuevo Órgano Garante Federal.

Las tres primeras tareas tienen un plazo de un año. Este tipo de plazos, aunque forman parte de la Constitución y tienen el máximo nivel de obligatoriedad, no son siempre alcanzados ‑recordemos el retraso de más de un año para emitir la nueva Ley de Amparo, así como las leyes en materia de Derechos Humanos fruto de la reforma de 2011 aún pendientes, etc.‑.

En el plano de adecuación normativa, el tiempo para emitir la Ley General, las adecuaciones a las normas federales y locales es el mismo. Sin embargo, en un orden lógico se debe primero emitir la Ley General que dé el marco dentro el que se deberán desarrollar todos los ordenamientos en la materia. Por ello, si las autoridades se tardan un año en emitir la Ley, no será posible cumplir en tiempo con las demás adecuaciones.

En este mismo punto, es oportuno destacar la carga de pendientes que tiene el Congreso de la Unión, derivada de la producción industrial de reformas constitucionales del anterior periodo de sesiones. La renovación puntual de estas leyes en materia de acceso a la información y protección de datos se ve en riesgo, ya que quedan pendientes las adecuaciones en materia energética, política, electoral, entre otras. No sabemos a ciencia cierta cuál sea la prioridad de las autoridades, pero si tomamos como ejemplo la reforma energética del pasado diciembre, algunas luces se dejan ver. Dicha reforma cumplió con el procedimiento de reforma constitucional íntegro en sólo nueve días; mientras que la reforma en transparencia fue aprobada el 22 noviembre pasado por el Congreso, por las legislaturas estatales justo dos meses después y fue promulgada apenas hace unos días.

Ahora bien, por lo que hace a la integración del órgano garante federal se prevén varios escenarios, todos establecidos en laberínticos artículos transitorios que merecen varias lecturas y que podrán aceptar también varias interpretaciones. Se preveen dos procedimientos para la selección de los Comisionados. En el primero, los actuales Comisionados pueden postularse para ser ratificados por las dos terceras partes del Senado. Bajo este supuesto, en un periodo de veintiún días a partir de la vigencia de la reforma, sabremos quién quedó y quién no. El segundo procedimiento de selección está diseñado para los nuevos miembros del órgano garante. El Senado deberá elegir por mayoría calificada a los integrantes y el presidente de la República podrá objetar este nombramiento.

El primero de los escenarios supone que los actuales cuatro Comisionados (recordemos que la Dra. Peschard, finalizó su periodo el pasado nueve de enero) terminen el periodo para el que fueron designados. En este supuesto, se integran todos al nuevo órgano y las tres vacantes se ocupan, de acuerdo al nuevo procedimiento de selección, en un periodo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma.

En el segundo supuesto, se ratifica solo a algunos de los comisionados, es decir, quienes sean ratificados terminan su periodo original y los otros no. Estos espacios vacíos, deben ser llenados en el mismo plazo de noventa días, mediante el procedimiento antes descrito. Habrá periodos de mandato escalonados y los nuevos Comisionados durarán entre dos y siete años en el cargo, mientras que aquellos que reemplacen a los actuales Comisionados, terminan los mandatos originales.

Si decide no ratificarse a ninguno, se debe integrar un nuevo órgano en noventa días. Se deberán elegir siete nuevos Comisionados con la mayoría calificada (dos terceras partes) del Senado y que el Ejecutivo no objete ninguna decisión. En este supuesto también hay un escalonamiento, habrá Comisionados que duren cuatro, seis, ocho y nueve años.

Existen también otros nombramientos pendientes en el Congreso de la Unión, me refiero particularmente a la integración de los Consejeros del Instituto Federal Electoral. Desde octubre pasado, han llevado las tareas de este Instituto solamente cuatro Consejeros, es decir quedan cinco vacantes conforme a la normativa vigente. En el año 2011, con las elecciones federales en el horizonte cercano, fue necesario que el Tribunal Electoral interviniera para obligar al Congreso a cumplir con los nombramientos catorce meses después de iniciado el procedimiento. Insisto, la experiencia reciente nos hace poner en tela de juicio la puntualidad de nuestras autoridades en estos temas.

Para terminar, queda una mala noticia. Todos los nombramientos de nuevos Comisionados deberán ajustarse a la nueva Ley General, misma que tiene un plazo de un año para ser emitida y que no sabemos cuándo será presentada. ¿Se podría saltar esta formalidad y nombrar nuevos Comisionados sin procedimiento ni ley? Yo creo que no, un nombramiento sin todas las formalidades constitucionales es susceptible de ser impugnado ante el Poder Judicial.

Por fortuna, en los artículos transitorios sí se previó qué hacer en tanto no se nombre a los nuevos: seguir con los actuales Comisionados. Esto sucederá en el mejor de los casos, ya que el legislador previó que los Comisionados -ratificados o no-, permanezcan en su encargo hasta que se nombren los nuevos, falta ver si eso sucede o no. De no ser ratificados –con la confianza en duda‑, renuncirán y, ahora sí, la acefalía paraliza al Instituto.

Un derecho humano que no cuente con el desarrollo normativo adecuado y con un órgano que garantice su respeto queda en entredicho. El órgano garante en materia de transparencia y protección de datos debe ser autónomo, especializado e imparcial de acuerdo con el texto reformado del artículo sexto. Queda en nuestros legisladores cumplir con este mandato y a nosotros estar atentos a las decisiones que se tomen en este tema.

Jesús Eulises González Mejía. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @eulisesgm


[1] Esta es una forma de referirse a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, que protegen el derecho a la protección de datos personales.

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