Hace algunos días, en una breve carta dirigida al presidente Barack Obama, el justice John Paul Stevens presentó su renuncia a una carrera judicial en la Corte Suprema de los Estados Unidos de más de 34 años. En junio, una vez que concluya el actual período de sesiones del máximo tribunal estadounidense, el abogado de casi 90 años tomará su avión –literalmente, pues él mismo lo pilotea- y se mudará de manera definitiva a Florida a disfrutar sus hobbies favoritos: golf y natación.

Pronto, académicos, periodistas y políticos empezaron a prepararse para la que promete ser la gran batalla del verano entre demócratas y republicanos: la designación del reemplazo de Stevens. La cultura política estadounidense entiende que una de las oportunidades más valiosas de un presidente para definir el legado de su administración se presenta cuando nombra a un juez constitucional. No hay que olvidar que se trata de cargos vitalicios cuya función es influir en la definición de los valores constitucionales de una de las democracias más relevantes del mundo. En el año 2005, por ejemplo, el ex-presidente Gerald R. Ford, quien impulsó precisamente a Stevens como justice, declaró lo siguiente: “Estoy preparado para permitir que el juicio de la historia de mi periodo en la oficina presidencial descanse (si es necesario) exclusivamente en la nominación que hice hace 30 años de John Paul Stevens como justice de la Corte Suprema”.

En este sentido, la presidencia de Obama ya se puede calificar de afortunada: apenas en el verano pasado fue ratificada Sonia Sotomayor como miembro de la Corte Suprema, y ahora ya tiene la oportunidad de nominar a su segundo justice. Por si no fuese suficiente, es casi seguro que pronto también renuncie Ruth Bader Ginsburg, quien desde hace algunos años batalla con un cáncer de páncreas.

Ahora bien, ¿cuál es el escenario que enfrenta Obama en esta nominación? En primer lugar, con la salida de Stevens se va un juez constitucional que durante lustros se erigió en el líder del ala liberal en un amplio abanico de temas, que van desde pena de muerte hasta derechos de los homosexuales, pasando por libertad de expresión y control del poder económico. Para algunos esto significa que es necesario un sustituto no moderado, sino un juez joven comprometido con la causa liberal y con las habilidades políticas necesarias para enfrentar la polarización que está sufriendo la Corte Suprema estadounidense.

Por otro lado, la decisión United Citizens vs. FEC donde la mayoría conservadora de cinco justices consideró inconstitucional cualquier regulación que limitase a las corporaciones a pagar publicidad mediática para apoyar o atacar a un candidato a la presidencia, orilló al presidente Obama a criticar esta sentencia en su discurso de State of the Union. A los pocos días, el presidente de la Corte Suprema John Roberts expresó su molestia ante dicha crítica e inclusive descalificó el mismo State of the Union: “ha degenerado en una mera espiral de arengas”. No es difícil imaginar que este inusual ambiente hostil entre los poderes ejecutivo y judicial propiciado por estos dimes y diretes, se reflejará entre los senadores al momento de ratificar el candidato de Obama.

El tercer ingrediente es la reforma de salud recién aprobada por el Congreso estadounidense. El proceso, como se sabe, fue muy desgastante y los republicanos ven en esta designación una excelente oportunidad para sacarse la espina y propinarle un buen golpe a Obama. Asimismo, no hay que olvidar que varios estados preparan en estos momentos acciones legales para someter a escrutinio constitucional diversos aspectos de la reforma, lo cual significa que el voto del nuevo justice será de enorme relevancia cuando el asunto llegue a la Corte Suprema (será interesante seguir las preguntas que sobre este tema formule el comité judicial del Senado).

Ahora bien, en diversos medios de comunicación han empezado a circular nombres de posibles candidatos (por ejemplo, en Slate, NYTimes y The Economist), pero hasta el momento el que suena con más fuerza es el de Elena Kagan que actualmente ocupa el cargo de representante (Solicitor General) del poder ejecutivo ante los casos que resuelve la Corte Suprema. Se trata de una inteligente abogada, con excelentes credenciales académicas, aunque con poca experiencia judicial. Lo curioso, sin embargo, es que el aspecto que está despertando más interés ante su posible nominación, es su probable inclinación homosexual.

A lo largo de la historia, se ha buscado que la Corte cumpla en la medida de lo posible una función de representatividad. En los primeros años de la unión estadounidense, existió la preocupación de lograr un balance de los estados. Es decir, la integración de la Corte debería representar estados tanto del norte y sur como de la costa este y oeste. Luego vino el criterio religioso: se buscó mantener un equilibrio entre católicos, judíos y protestantes. Ahora, no pocos piensan que es momento de que esta idea de representatividad gire y apunte hacia las minorías étnicas, culturales y sexuales.

En este contexto, para los liberales, después de la entrada de la Sotomayor como la primera latina en la Corte Suprema, es necesario un justice representativo de la comunidad homosexual. Varios grupos conservadores creen que los justices sí deben ser representativos, pero no de minorías sociales sino de la tradicional familia anglosajona protestante.

¿Con cuál candidato buscará Obama finalmente marcar el legado de su presidencia? La envidiable práctica de periodismo judicial de país vecino pronto nos dará la respuesta y lo que esto significa: darle seguimiento puntual al debate académico y político respecto cuál debe ser el perfil de un juez constitucional en el siglo XXI.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. www.twitter.com/slopeznoriega

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