consultaLa Ley Federal de Consulta Popular fue publicada apenas el pasado 14 de marzo y tiene como propósito, al ser la ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, de regular el procedimiento para la convocatoria, organización y declaración de resultados de la consulta popular. Según esta ley, consulta popular se entiende como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido [el cual expresa] su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. Siempre que estos temas no versen sobre restricción de derechos humanos, asuntos electorales, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional, organización de las Fuerzas Armadas y respecto algunos de los principios que dan forma al Estado mexicano como una república, democrática, federal y laica. 

Ahora bien, con el objetivo de atar a un medio de control de constitucionalidad los temas que se quieren someter a consulta de los ciudadanos, el Congreso de la Unión otorgó en esta ley una serie de facultades no menores a la Suprema Corte: decidir sobre si es constitucional o no la pregunta objeto de la consulta popular, calificar la trascendencia de las consultas populares propuestas por los ciudadanos y, en su caso, notificar a la autoridad competente que sea afectada por el resultado de cierta consulta.  

Al respecto, es preciso cuestionarse lo siguiente: ¿Qué significa decidir sobre la constitucionalidad de un asunto? En términos muy simples, se trata de una tarea judicial que verifica y, en ese sentido, controla que las normas y actos jurídicos de nuestro orden normativo estén en armonía con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En este caso, la tarea de la Corte es verificar la concordancia del contenido de la consulta propuesta con la Constitución. Los temas sobre los que tendrá que decidir podrán ser, entre ellos: convencionalidad, aplicabilidad de los principios rectores de los derechos humanos, división de poderes y, en general, asuntos de profundo interés en la vida pública del país.

Esta facultad, recién otorgada a la Corte, será ejercida justo en estos días que vienen. El asunto versará sobre el caso de la consulta popular en materia de la reforma energética.[1] Hay que recordar que el 4 de diciembre de 2013, Manuel Camacho, Alejandro Encinas y Mario Delgado, en su calidad de ciudadanos mexicanos, solicitaron a la Suprema Corte resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular relativa a la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética. En otras palabras, se trata de una solicitud de consulta popular sobre la modificación de los artículos 27 y 28, que busca que la consulta sea procedente y, en su caso, que se suspenda cualquier acto del Congreso de la Unión o del presidente de la República con motivo de la reforma. Suspensión que tendría que ser acatada hasta que obtener los resultados de la consulta solicitada.

Es muy importante subrayar que la propuesta de consulta popular deberá ser analizada por la Corte a la luz de la propia Constitución; en concreto, de la fracción VIII del artículo 35. Las razones son muy simples. La modificación de esta fracción fue publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. En este decreto, en un artículo transitorio, se obligaba al Congreso de la Unión a expedir en menos de un año una ley que reglamentara esta fracción. Lo cual no sucedió: la ley reglamentaria, como se comentó al principio de este artículo, se publicó apenas hace algunos días, más de siete meses después del límite establecido. 

Es por esto que la Corte deberá decidir si la consulta propuesta es procedente con base en la Constitución, ya que el recurso fue promovido el 4 de diciembre de 2013 –cuando todavía no había ley reglamentaria-. Entonces, la Corte deberá enmarcar el debate en dos puntos: por un lado, si es procedente la consulta basándose en el proceso seguido por los promoventes y, por el otro, respecto su obligación de analizar un asunto que busca proteger y expandir un derecho, en este caso de solicitar una consulta popular, aun en ausencia de un ley que regule tal derecho. 

Otras particularidades que también deben ser consideradas son que la propuesta busca promover una consulta popular; sin embargo, la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece que sólo el Congreso de la Unión puede convocar a una consulta a petición del presidente de la República, de una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso y de los ciudadanos –en un número equivalente al 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores-. Requisitos que justo no fueron seguidos por los promoventes.

Por una parte, si se ostentan como Senadores –lo cual no hicieron desde el principio- el recurso debería haber sido turnado a la Corte por parte de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Asimismo, presentarse como ciudadanos requeriría tener el sustento del 2% de los ciudadanos anteriormente mencionados. Pero parece ser que hay un dato que la Corte puede analizar: el escrito promovido por los Senadores estaba acompañado por varios documentos, entre ellos uno que acreditaba la recepción de “cajas que dicen contienen (sic) [1,772,242] firmas.” ¿Por qué este dato es importante? Porque esta cifra representa precisamente más del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. A estas alturas del proceso ¿qué deberían hacer los ministros de la Suprema Corte con estas firmas? En estos días, veremos el desenlace del ejercicio por primera vez de esta nueva facultad en un tema tan peliagudo.

Gerardo Ramos Cruz. Director de la revista estudiantil El Extranjero y estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @GerardoRamosC. Agradezco a Francisco Martínez Cruz por su trabajo en la edición del texto y a José Manuel Ruíz Ramírez por complementar este artículo.


[1]Consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2014.

Te recomendamos: