La semana pasada trascendió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una resolución sobre el llamado “derecho al olvido”. Para entender los alcances de dicha resolución habría que aclarar algunos puntos:

  • Se trata de una resolución de carácter interpretativo por parte de la Gran Sala del TJUE de Luxemburgo (distinto de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo).
  • La resolución emitida el 13 de mayo de 2014 con el número C-131/12no fue una sentencia propiamente dicha, en el sentido de resolver una disputa entre dos partes planteada ante el TJUE. Más bien, se trató de una consulta prejudicial que la Audiencia Nacional española planteó ante el Tribunal para que éste aclarase los alcances interpretativos de la Directiva Europea 95/46, pero la Audiencia conserva la competencia sobre el litigio principal y será la que ejecute la sentencia a partir de los principios que el TJUE fijó.
  • Una Directiva Europea es un acto jurídico emitido mediante un procedimiento legislativo por parte del Parlamento y el Consejo, usualmente a iniciativa de la Comisión, que tiene como finalidad el ejercicio de las competencias de la Unión. Las directivas obligan a los Estados miembros en cuanto a los resultados, pero la forma y los medios son electivos.
  • Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE[1]), el TJUE será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, si se estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Ahora, el caso:

El ciudadano español, Mario Costeja González, sufrió en 1998 un embargo por deudas a la Seguridad Social, motivo por el cual se anunció en el periódico La Vanguardia la subasta de inmuebles de su propiedad. Costeja González acudió ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que La Vanguardia eliminara o modificara sus datos personales de la publicación ya que si se introducía su nombre en el buscador Google, aparecía el mencionado anuncio. Asimismo, solicitó a Google que eliminara u ocultara sus datos personales para “desligar” el anuncio del motor de búsqueda. Costeja González considera que La Vanguardia y Google violan la Directiva 95/46 sobre protección de datos personales.

La AEPD no estimó la demanda a La Vanugardia por considerar que su publicación es conforme a la ley, pero determinó que es posible ordernar “retirar e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales datos no sean conocidos por terceros.” (subrayado mio)

Google Spain y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional de España; la cual determinó plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para que sea éste quien aclare el modo en que debe interpretarse la Directiva 95/46 en el marco de estas tecnologías, que han surgido después de su publicación.

La resolución del TJUE determina por medio de esta resolución, de forma obligatoria[2], el alcance interpretativo de la Directiva en cuestión relacionada con las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos personales.

El TJUE resolvió en general a favor de los derechos personales frente al derecho a la información pública y la libertad de información. La resolución estableció una regla de balanceo entre ambos derechos, y aunque se ha dicho que determina una regla: Privacy by Default, lo cierto es que ésta tiene algunos matices. Veamos. Se plantearon tres cuestiones al TJUE:

1) La primera cuestión planteada fue si, en efecto, la Directiva aplica a Google, aunque sus servidores (Google Inc. que gestiona Google Search) estén fuera del territorio europeo. La respuesta fue que sí aplica. Google Inc. utiliza una empresa filial, Google Spain, como agente promotor de venta de espacios publicitarios y como responsable del tratamiento en España de ficheros inscritos ante la AEPD, la empresa española cuenta con personalidad jurídica propia y domicilio social en Madrid.

google22) La segunda cuestión fue acerca del alcance de la disposición sobre «tratamiento de datos personales» y cómo aplicaría ésta a los motores de búsqueda de Google. La respuesta fue sí. Las actividades del motor de búsqueda deben ser calificadas como tratamiento de datos personales en el sentido del artículo 2º de la Directiva y el gestor del motor de búsqueda debe considerarse responsable del tratamiento. Por otro lado, el Tribunal concluyó que pueden afectarse los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, los que “el gestor de este motor, como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades” en términos de la Directiva 95/46, “…para que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular, de su derecho al respeto de la vida privada.”

3) Una tercera cuestión planteada fue si la Directiva[3] debe interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar, de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en sí misma en dichas páginas sea lícita. El TJUE realizó una interpretación de la Directiva en conjunto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con respecto a los derechos a la privacidad y la intimidad y la protección de los datos personales[4]. Esto con la finalidad de complementar el entendimiento de la expresión «tratamiento de los datos» y concluye que:

Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta.

La Audiencia planteó al Tribunal si la Directiva debe entenderse en el sentido de si pueden los interesados “exigir al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, debido a que estos datos e información pueden perjudicarle o que desee que estos datos e información se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo”. Aquí es donde el TJUE responde a lo que se ha llamado “el derecho al olvido”: en principio prevalecen los derechos a la intimidad y a la privacidad, así como a la protección de los datos personales frente al interés económico del gestor del motor de búsqueda, pero establece una excepción:

…tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate…[E]n la medida en que [no existan]… razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso a esta información en el marco de tal búsqueda, lo que […] incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, el interesado puede, en virtud de […] la Directiva 95/46, exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados.

Esto implica pues que sí existe el “derecho al olvido”, pero solamente en la medida en que la jurisdicción nacional compruebe que la información relativa a una persona que arroja una búsqueda efectuada a partir de su nombre, lastima sus derechos a la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, sin que se presuma en principio que la existencia de esa información en la lista de resultados del motor, causa un perjuicio al interesado. Ello, además, siempre y cuando, no resultara, por razones concretas, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate. El Tribunal matizó muchísimo lo resuelto por la AEPD.

Entonces, el Tribunal propone tres niveles de comprobación para determinar si tengo derecho a que la información relativa a mi persona ya no esté vinculada a mi nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de mi nombre:

1) Comprobar: que el motor de búsqueda presente información vinculada a mi nombre y que la inclusión en la lista de resultados obtenida es, en la situación actual, incompatible con el artículo 6.1 letras c) a e) de la Directiva[5].

2) Primera ponderación: que ésta lastima mis derechos, (lo que al comprobarse, prevalece sobre el interés económico del gestor del motor) y

3) Segunda ponderación: que la eliminación de la información vinculada a mi nombre no lastima el derecho a la información pública por alguna razón concreta (por ejemplo, si soy candidata a algún puesto de representación popular).

Entonces, estos principios de interpretación deben ser aplicados, caso por caso, por cada jurisdicción nacional. Falta conocer la sentencia de la Audiencia Nacional pues podría concluir que en este caso concreto, la información es compatible con el artículo 6.1 de la Directiva, o que no siéndolo, no lastima ningún derecho o que aún lastimándolo, prevalece el interés público. Lo cierto es que esta decisión, sin duda, abrirá nuevos planteamientos del derecho al olvido frente a las nuevas tecnologías.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: geraldinasplace

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[1] El TFUE retoma funciones que el TJUE ya tenía y es posterior al Tratado de Lisboa del 1 de diciembre de 2009.

[2] Un recurso prejuidicial interpretativo ante el TJUE tiene como objetivo la unificación de la interpretación del Derecho de la Unión, así, los alcances de esta resolución son aplicables a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

[3] En particular se refiere a la interpretación de los artículos 12 inciso b) y 14 inciso a):

Artículo 12.

Derecho de acceso

Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:

b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;

Artículo 14

Derecho de oposición del interesado

Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a:

a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos;

[4] Artículo 8 – Protección de datos de carácter personal:

1. Toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que la conciernan.

2. Estos datos se tratarán de forma leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y su rectificación.

3. El respeto de las normas quedará sujeto a un control de la autoridad independiente.

[5]  Artículo 6:

1.      Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:

a)      tratados de manera leal y lícita;

b)      recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las garantías oportunas;

c)      adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente;

d)      exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados;

e)      conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos.