En México convergen distintos movimientos migratorios: es un país de origen, de destino, de retorno y de tránsito de personas migrantes. El gobierno ha enfrentado estos fenómenos desde una óptica de seguridad nacional, de control y de criminalización, a través de una política disuasiva de la migración irregular de las personas que transitan por territorio mexicano.

En 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias, de los cuales uno de cada 10 (9 mil 893) fueron registrados como menores de edad. Asimismo, el INM reportó 80 mil 79 eventos de extranjeros devueltos a su país de origen o de residencia habitual . La gran mayoría de las personas deportadas son originarias de Centroamérica , particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que enfrentan graves problemas socio-políticos, con altos índices de violencia. Las detenciones de personas migrantes en México se llevan a cabo en 58 estaciones migratorias y estancias provisionales distribuidas en puntos estratégicos del flujo migratorio.

Todo Estado democrático tiene la obligación de garantizar la igualdad ante la ley y, por tanto, todas las personas, incluidas las que migran, deben gozar de los mismos derechos. En México, el orden jurídico contempla sólo algunas restricciones a dicha regla general, mismas que deben estar contempladas en la propia Constitución y estar acordes con el marco jurídico internacional. No obstante, diversas políticas públicas y disposiciones legales en materia migratoria restringen los derechos de las personas migrantes, sin que dichas limitaciones sean constitucionales ni compatibles con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Al respecto, cobra especial relevancia la detención administrativa de personas migrantes en estaciones migratorias que no pueden acreditar su estancia regular en el país, pues se trata de una medida prevista en la Ley de Migración y a la que el INM destina una cantidad considerable de recursos, ya que constituye uno de los pilares de la política migratoria actual.

inmEl elemento más importante que debe considerarse respecto de la privación a la libertad de personas migrantes (a la que, por cierto, la legislación migratoria se refiere eufemísticamente con los términos de “presentación” o “alojamiento”), es que no está prevista en la Constitución. La norma máxima contempla distintas formas de detención y señala plazos máximos para cada una de ellas, sin que la detención administrativa con fines de control migratorio encuadre en alguna de ellas, además de que excede cualquiera de los plazos conferidos a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona. Toda privación de la libertad que no esté de conformidad con la legislación nacional será ilegal o arbitraria, tanto con respecto a la legislación nacional como con el derecho internacional.

La detención administrativa de personas migrantes debe analizarse también a la luz de diferentes estándares de derechos humanos que son vinculantes para el Estado mexicano: para que la detención no sea considerada arbitraria, es necesario que el Estado demuestre que la detención sea razonable en todas las circunstancias, necesaria en el caso concreto y proporcional a la finalidad legítima, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor vs. Panamá.

Los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad requieren que antes de privar de la libertad a una persona, la autoridad debe considerar otros medios en virtud de los cuales se pudieran alcanzar los mismos objetivos, sin interferir con el derecho a la libertad y la seguridad personales. Si bien es cierto que la legislación mexicana contempla como alternativa la custodia, la falta de una adecuada regulación y su accesibilidad en la práctica la vuelven cuestionable: un ejemplo es que, entre enero de 2010 y diciembre de 2011, el INM otorgó únicamente 92 custodias, de acuerdo con International Detention Coalition (con base en información obtenida a través de los mecanismos de acceso a la información).

Los periodos de tiempo en los que las personas migrantes permanecen privadas de la libertad deben tomarse en cuenta igualmente. La Ley de Migración establece que los extranjeros no podrán permanecer por un plazo mayor a 15 días hábiles en una estación migratoria, y establece las siguientes excepciones permitiendo que el período se extienda hasta 60 días hábiles en los siguientes casos:

• Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
• Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;
• Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;
• Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado.

La Ley de Migración indica que, transcurridos los 60 días hábiles, el extranjero deberá abandonar la estación migratoria y el INM le otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para realizar un trabajo remunerado en el país. En caso de que el extranjero haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en el que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional, o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país, no hay un tiempo máximo de detención. Es decir, sin plazos máximos la detención puede ser prolongada y, en algunos casos, indefinida, especialmente para los apátridas o los solicitantes de asilo sin documentación cuya identidad no puede ser verificada, o cuando los procedimientos de asilo se retrasan o, en el caso de otros inmigrantes, cuando su expulsión no puede llevarse a cabo por razones jurídicas o prácticas.

La detención administrativa a la que son sometidas las personas migrantes que no acrediten una estancia legal en territorio mexicano, no sólo es un tipo de privación de la libertad que no está prevista expresamente en el texto constitucional, sino que excede cualquiera de los plazos que la Constitución confiere a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona, además de que puede llegar a ser indefinida y, por tanto, arbitraria.

El marco jurídico internacional en materia de derechos humanos establece garantías procesales respecto de la detención, mismas que se aplican independientemente de la condición migratoria del individuo. Las personas migrantes, al igual que los nacionales, tienen derecho al disfrute de protección judicial, al acceso a la justicia, así como a las garantías judiciales.

La Constitución en México reconoce el derecho de toda persona a una defensa legal por parte de un abogado de su elección a partir del momento en que es detenida. Más aún, cuando la persona detenida no cuenta con recursos, el Estado debe brindarle una defensa jurídica gratuita. A pesar de que, en papel, las personas migrantes tienen derecho a la asistencia jurídica durante el procedimiento administrativo migratorio, en pocas ocasiones gozan de dicha asistencia ya que, por una parte, los obstáculos establecidos en la práctica limitan el acceso de abogados de organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y, por otra, porque el Estado no cuenta con un cuerpo de defensores de oficio para cuestiones relativas a la privación de libertad por motivos migratorios.

La Ley de Migración establece que la persona migrante tiene derecho al debido proceso , aunque en la práctica se limita constantemente su acceso al expediente administrativo y, en varios casos, se viola la obligación de asegurar la disponibilidad de peritos traductores certificados para garantizar el debido proceso de quienes se encuentren frente a trámites o procedimientos administrativos que pongan en riesgo sus derechos fundamentales, como la libertad o posible expulsión.

Las reflexiones en torno a la detención a la que son sometidas más de 80 mil personas anualmente en nuestro país son un llamado de atención al Poder Ejecutivo en torno a su política migratoria, al Poder Legislativo en torno a la legislación migratoria, y al Poder Judicial en torno a sus atribuciones para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y políticas del Poder Ejecutivo.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil trabajan cotidianamente desde hace varios años ayudando a las personas migrantes en su tránsito por México, y se han sumado a un esfuerzo encaminado a llevar ante los tribunales, particularmente ante la Suprema Corte de Justicia, los dilemas de la legislación migratoria vigente. El objetivo de las diversas organizaciones es acudir ante el máximo tribunal para obtener un pronunciamiento que brinde certeza sobre la interpretación que debe darse al derecho a la libertad de las personas migrantes en el país, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte. El pronunciamiento de la Suprema Corte determinaría el alcance de los derechos de los migrantes y las obligaciones de todas las autoridades, de manera que cese la inhumana práctica de encerrar a las personas migrantes en prisiones migratorias como castigo por no portar papeles en su tránsito por el país.

Alejandra Carrillo Soubic. Consultora en temas de migración y desarrollo.
Santiago Corcuera Cabezut. Vicepresidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas A.C., y miembro del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
José Antonio Guevera Bermúdez. Presidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas A.C. y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.

 

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