Si hemos de creer al conocido refrán, debería empezar por su casa. La llamada sabiduría popular, anclada siempre en el sentido común, suele errar menos que nuestros dispendiosos legisladores o nuestros exquisitos analistas. La exigencia de poner en orden los propios asuntos, antes de querer solventar los ajenos, no se enseña en postgrados ni en libros de pasta dura. Es producto de la experiencia, de atestiguar qué es lo que hace que una institución sea más o menos funcional.

mean-judge_616En este sentido, el pasado 15 de mayo acudí al palacio de justicia de San Lázaro, sede de la mayoría de juzgadores del poder judicial de la federación en la capital del país. Cerca de los estrados de un juzgado de distrito, una hoja convocaba a los trabajadores a una manifestación pacífica en donde se solicitarían incrementos salariales, eliminación de jornadas extenuantes y respeto a sus derechos humanos (“San Lázaro no es prisión” se leía entre paréntesis). Además de ciertas referencias de algunos colegas litigantes que habían presenciado manifestaciones de ese tipo, una breve pesquisa por internet confirma la inquietud pues en diversos estados (Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Baja California Sur, Jalisco, Coahuila) se ha hecho eco de estos reclamos.

Mientras ministros, magistrados, jueces y secretarios gozan de remuneraciones espléndidas (a veces hasta obscenas en nuestro contexto económico y, como aquí se refiere, notoriamente superiores a sus pares latinoamericanos), los llamados oficiales judiciales, que son la base de la jerarquía judicial, no gozan de los mismos beneficios económicos, además de tener que sortear la lógica de esta pirámide laboral donde para ascender hace falta algo más que méritos. No en vano se le conoce como poder familiar de la federación: como botón de muestra basta ver el árbol genealógico de la familia Luna Ramos inserto en este poder judicial.

La enorme cantidad de funcionarios que se han hecho necesarios para afrontar las cargas de trabajo no se ha incorporado con esquemas administrativos y laborales claros. Muy lejos se encuentra su precaria situación del concepto de trabajo decente, recientemente incorporado a la Ley Federal del Trabajo en la reforma de 2012 (parámetro y referencia de todos los ordenamientos burocráticos laborales del país). Si a ello se suma que el eficaz desempeño no siempre resulta en un ascenso profesional, tenemos entonces el caldo de cultivo para la protesta: los exorbitantes salarios de los titulares se apoyan en las fatigosas condiciones de los de abajo.

Esta disparidad remunerativa no sólo se da al interior del poder judicial de la federación. El colosal presupuesto de este poder luce como un leviatán ante los risibles recursos de la mayoría de los juzgadores locales –los cuales, por cierto, son los más cercanos a las necesidades del común de la gente-.

La torpe repartición de presupuestos y salarios es en sí un enorme problema. Otro de igual gravedad es que contamos con una arquitectura institucional que fomenta la evaluación de fondo de los asuntos hasta la cúspide. Es decir, la mayoría de los litigios judiciales o las disputas con los órganos administrativos del poder ejecutivo son meros preparativos para que en un juicio de amparo se tome la decisión última o se analice por fin el fondo de una controversia. El inconveniente no es que tengan la última palabra, sino que nuestro diseño provoca que las autoridades judiciales o administrativas prefieran arroparse en formalidades rehuyendo por lo general de los pronunciamientos que suelen darse hasta las ejecutorias de amparo.

Ambos problemas sustanciales, sin embargo, no suelen ser vistos de frente. En lugar de ello, se opta por falsas soluciones como la de seguir engrosando nuestros juzgados bajo el lesivo esquema federal: para los individuos, aguantar varios años de penurias e incertidumbre hasta que llegue la tan ansiada “base”. Las maratónicas jornadas que se viven en muchísimos organismos jurisdiccionales no conllevan a una mejora en la impartición de justicia, algo lógico: ¿quién puede atender con entusiasmo y esmero durante 14 horas su trabajo? ¿El resultado? Empleados aprisionados que dicen velar por el respeto a los derechos de los demás pero que no pueden hacerlos realidad para ellos mismos.

Es inusual que los funcionarios judiciales levanten la voz a fin de defender sus propios derechos. Mal presagio: los esclavizados servidores (y sus autócratas cabezas) que debieran vigilar el cumplimiento de la ley son incapaces de encarnarla en el propio feudo. En la casa de la justicia, ésta brilla por su ausencia. ¿Y si empezáramos por ahí?

Erick López Serrano. Abogado.Twitter: @eLoseRR

Te recomendamos: