En meses recientes, México ha impulsado una serie de reformas constitucionales de gran importancia; éstas dan un giro de ciento ochenta grados en aspectos vitales para el desarrollo del país, como en las materias energética, telecomunicaciones y político-electoral.

Esta última, enfocada a la participación más directa de los ciudadanos dentro del sistema político, como la posibilidad de presentar una iniciativa de ley ciudadana o bien de participar activamente como ciudadano en las contiendas electorales como candidato sin partido político. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda: de estas grandes reformas devienen insuficiencias y adolecen de imperfecciones jurídicas, en especial el tema de la regulación secundaria integral como es el caso de las candidaturas independientes o ciudadanas.

La respuesta del Congreso de la Unión respecto de este nuevo modelo de participación política ha sido favorable, ya que permite y fomenta esta figura de acceso a la participación de los ciudadanos sin filiación partidista pero con aspiración política; sin embargo, existe un problema no menor: ¿cómo materializar de facto lo que en la tribuna se debate y en la Constitución se asienta?

Si bien cuenta con pleno reconocimiento constitucional en un inciso nuevo añadido a la fracción IV del artículo 116, en el que se destaca la posibilidad de que un ciudadano solicite su registro como candidato independiente, también es cierto que el hecho de la limitación de los recursos financieros para sostener la campaña son cuestiones que se dejan para que sean definidos por la legislación secundaria.

moneyDurante mucho tiempo, el principal problema al que se enfrentaba este tema era la inexistencia de la figura de la candidatura ciudadana o apartidista en el sistema político mexicano, por tanto era llanamente una utopía de la democracia que veía lejana su llegada. Cabe destacar que a través de este difícil proceso de democratización en el país, existieron diversas impugnaciones judiciales respecto de las negativas de registros de candidaturas independientes, especialmente las resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1]. En tales casos, se contempla una nula observancia de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto a la protección fiel de los derechos políticos. Los criterios observados en dichas resoluciones, posteriores a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, resultan por demás devastadores para la ya de por sí convulsionada democracia mexicana, en la que la obligación política se cumplía en un partido y no fuera de él. Enseguida lo podremos vislumbrar con el análisis al caso de Quintana Roo y Zacatecas.

Casos Quintana Roo y Zacatecas, un estudio comparado

México, en su calidad de Estado federal, tiene reservadas determinadas facultades a las entidades federativas, que conservan una autonomía paralela respecto del poder federal. En este contexto, al tener cada entidad sus facultades y atribuciones propias, le corresponde también contar con un Instituto Electoral Estatal (con la reforma electoral recibe el nombre de Organismos Públicos Locales en Materia Electoral). Es decir, aquel organismo que será el vigilante de los comicios y contiendas electorales, así como de ser el encargado del total acceso a la transparencia de las decisiones político-electorales de cada entidad. Este Instituto tiene como tarea primordial establecer las “reglas del juego” respecto de los procesos electorales locales con el fin de garantizar la vida plena de la democracia[2].

A partir de esta concepción, partimos del supuesto de que cada Organismo tiene la facultas de aprobar determinados lineamientos y regulaciones, para este caso concreto me concentraré especialmente en el análisis de los reglamentos que contempla la regulación de las candidaturas independientes en los estados de Quintana Roo[3] y Zacatecas[4]; de dicha revisión, emanan las carencias de facto y la imposibilidad concreta y verdadera del acceso real a la contienda electoral desde la trinchera independiente. La siguiente tabla nos muestra la comparación respecto de cuatro variables de análisis en ambos ordenamientos:

tabla-financimiento

Derivado del análisis anterior, podemos concluir en este sentido, que el tema del financiamiento es lo que verdaderamente materializa en la realidad las oportunidades concretas del acceso a la candidatura independiente y, en un segundo plano, a los medios idóneos para poder ejercerla plenamente en condiciones electorales. Ahora bien, me parece oportuno después de este breve análisis trazar una posible solución: la homogeneidad de criterios.

Una nueva perspectiva de financiamiento, la homogeneidad de criterios.

El financiamiento constituye el eje toral de una verdadera materialización de la figura del candidato independiente, pues se le otorga a éste un mayor espectro de oportunidades que pueda tomar como vías de financiamiento a la campaña política que pretende iniciar.

El legislador federal y local, y los organismos locales, cada uno en sus respectivas competencias, debe tomar en cuenta criterios internacionales, especialmente los de países de América Latina[5] con quienes compartimos un sistema electoral semejante. En este contexto, la homogeneidad de criterios respecto de las candidaturas independientes, resulta para algunos imposible, ya que se desprende de una analogía en la que la competencia de los organismos electorales estatales se vería “vulnerada”, pues son estos quienes por medio de acuerdos de sus consejos generales respectivos aprueban dichos reglamentos, a la interpretación y consenso de cada entidad.

Pero, por otro lado, hay quienes ponderamos el principio de igualdad de condiciones, es decir, quienes atendemos a una verdadera materialización de las candidaturas independientes, en la que las condiciones de acceso a financiamientos sean más equilibradas y permitan una contienda entre candidatos partidistas y apartidistas, en circunstancias y oportunidades semejantes. Urge, entonces, regular el tema de financiamiento de las candidaturas independientes de manera precisa y atendiendo siempre a los principios básicos de nuestra Constitución, pues en la medida en que sean establecidas las bases jurídicas que contemplen contiendas electorales equilibradas, será el éxito de la reciente reforma en el tema.

De todo lo anterior, me queda claro que un verdadero sistema democrático es aquel que dirige todos los medios necesarios a preservar los principios que de su Constitución emanan, en el que las condiciones de desarrollo y dinamismo electoral le corresponden a todas las partes en los mismos términos, y que permite dentro de los límites legales ejercer con plenitud los derechos que por justa causa le son reconocidos y garantizados a todo ciudadano, con el único fin de seguir sirviendo a la democracia y a las necesidades de la patria.

Vicente Flores Meléndez. Estudiante de derecho de la Universidad La Salle. Twitter: @vincent_fm

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[1] Criterios SUP-JDC-602/2012 y Acumulados, SUP-JDC-612/2012 y Acumulados, SUP-JDC-618/2012, SUP-JDC-1610/2012 y Acumulado SUP-JDC-1615/2012 y SUP-JDC-1661/2012.

[2] El sistema democrático mexicano se encuentra actualmente en una transformación debido a la reciente reforma electoral, cuyo objetivo de ésta última, es fortalecer la democracia real y no teórica que nuestra Constitución establece como forma de gobierno.

[3] Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización de los recursos que obtengan y apliquen los candidatos independientes, aprobado el 30 de enero de 2013.

[4] Reglamento de candidatos independientes del Estado de Zacatecas, aprobado el 4 de enero de 2013.

[5] Candidaturas independientes: análisis comparado. Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. 2011.