La mayor parte de los Cortes del mundo empiezan a estar conscientes sobre su transformación de “élite decisora” a “institución mediadora” de diversos discursos normativos. Esto es, el derecho, entendido como una técnica resulta en un canal de diversos discursos normativos como es el caso de los derechos humanos, culturales, morales, entre otros. A manera de metáfora: el derecho (y su vigilante) se convierte en árbitro y decide que discursos normativos entrarán a la cancha de juego y ya en el juego sólo vigila el cumplimiento de la “técnica”.

La Suprema Corte consciente de esta situación ha empezado a emitir protocolos de actuación para dar cabida a diversos discursos normativos[1]. Ya se puede apreciar en sus discusiones argumentos de dignidad humana, de sistemas normativos internos, incluso de moralidad[2], pero los ministros han rehuido a un tipo de argumento no menor: los políticos.política-derechoNo es casual que la Corte rehúya a hacer uso de los argumentos políticos, entendidos estos como las razones estratégicas para la obtención de resultados legales. En efecto, desde hace décadas, la Corte se niega a invocar expresamente dichos argumentos. Pero, ¡ojo!, los argumentos políticos no se usan expresamente pero es casi seguro que siempre están ahí. Aquí, está posiblemente el problema, pues hay una deficiencia institucional en plantear en términos claros la problemática. Es decir, ocultar los argumentos políticos ocasiona que la decisión judicial sea ventilada con información parcializada. Lo cual genera, en consecuencia, una mala decisión fáctica aunque una buena decisión técnica.

Considero que un ejemplo de lo anterior es el expediente 57/2013. En resumen lo que sucedió fue lo siguiente: el municipio de Corregidora, estado de Querétaro, interpuso una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y de otras autoridades del mismo estado. Fueron varios temas los que se abarcaron en dicha resolución; sin embargo, hay uno en específico que es digno de atención. Se trata del relativo a las deudas municipales. De acuerdo a la ley impugnada, para que el municipio contraiga una deuda es necesaria la aprobación del Gobernador y de la Legislatura local. El municipio alegó que esto violenta su autonomía municipal. Por su parte, los demandados alegaron que está dentro de las facultades concedidas por al Constitución federal el regular las bases por medio de las cuales se aprobaría la contratación de tal deuda pública. El pleno discutió los alcances de los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII y determinó que era procedente pero infundada la controversia constitucional[3].

El debate fue bueno en términos técnicos. Pero se echaron de menos, algunos argumentos políticos de trasfondo. Veamos. Es posible pensar, que el legislativo de Querétaro comparta algunas de las deficiencias que mencionaré a continuación. El sistema de aprobación o rechazo de cualquier tema en la mayor parte de los congresos locales está caracterizado por la necesidad de un cabildeo personal. Es decir, hay que ir a convencer a los lideres de la fracciones para mostrarles las razones de votar a favor o en contra. El tema tiene varias instancias de aprobación y, por tanto, de cabildeo. Primero las comisiones, después (en algunos casos) la junta de coordinación política, finalmente el pleno.

Ahora bien, las discusiones parlamentarias sobre la relevancia de un tema son de minutos. Son pocos los casos en los cuales después de votar, los diputados dan un razonamiento público de su voto a favor o en contra. Estos pasos, que para nada son malos pues el convencimiento y el propio cabildeo es uno de los avances democráticos en cualquier sociedad, se convierte en problema ante la falta de reglamentación de la transparencia en dicho cabildeo. Ahora, imaginemos por caso la situación de un municipio que desea contraer una deuda pública por 10 millones de pesos. ¿Cuál sería políticamente su proceso de cabildeo? Hay dos opciones: la primera es la de un cabildeo de altura, democrático, deliberativo y eficiente; la segunda es la de su antagónico: opaco, elitista y deficiente. Si no tenemos la opción para asegurar lo primero, lo más saludable sería buscar la forma de evitar lo segundo.

Algo importante: estoy de acuerdo que podría considerase absurdo pedirle a la Suprema Corte -que con base en ese argumento- declare la inconstitucionalidad, pues en ese caso se le atribuiría funciones que rebasan su competencia. Además, este mismo argumento podría utilizarse para quitarle muchas funciones al Congreso local. Por ello, quizás, lo que se han intentado en otras Cortes del mundo, es dejar evidenciada, en discusión, de la problemática para que se vaya tomando conciencia de ella y se generé lo que hoy se llama “diálogo constitucional”[4]. Esta sería, una forma indirecta de ir autocorrigiendo a nuestro sistema jurídico mexicano. Es decir, señalar la problemática aunque no se conceda la razón por la propia dinámica del sistema jurídico[5].

Sea como fuere, ciertamente es muy posible que los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII, respalden la autorización que tiene que dar el Congreso local y el gobierno del estado. No por casualidad muchas leyes estatales de deuda pública van en el mismo sentido. Para el caso de Oaxaca, su artículo 7º de la Ley de Deuda Pública establece un mecanismo similar. Sin embargo, sería saludable para nuestro propio sistema jurídico empezar a incluir en las discusiones, las problemáticas de trasfondo y sus respectivos argumentos políticos para ir rehabilitando nuestro propio sistema. Señalar razones aunque no necesariamente se conceda la petición, puede ser también una forma democrática y legítima de resolver temas judiciales.

Rodolfo Moreno Cruz. Profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Twitter: @rodolfomoreno_o

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[1] Los protocolos emitidos por la SCJN son los siguientes: Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Protocolo de actuación para quienes  imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

[2] En cuanto al discurso moral como razón de discusión al interior de la propia SCJN véase la posición de la ministra Sánchez Cordero en la sesión del día 3 de septiembre del 2013 p.  43

[3] “unanimidad de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 6º, 17 y 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y mayoría de ocho votos a favor de reconocer la validez del artículo 8 Bis, párrafo primero, de la ley impugnada con el voto en contra de la señora Ministra Luna Ramos y anuncio de reserva de voto del señor Ministro Aguilar Morales”. Versión taquigráfica del día 9 de junio de 2014, p.  46

[4] Vid. Linares, Sebastián. La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 200-210

[5] Vid. Jiménez Campo, Javier (1997): «Qué hacer con la ley inconstitucional», en La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley, CEPC, Tribunal Constitucional, Madrid. 1997. p. 24.

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