El miércoles 9 de julio parecía todo claro: tres ministros de la Primera Sala se opusieron al proyecto del ministro Cossío Díaz que reconocía el ‘interés legítimo’ de los contribuyentes para cuestionar a través juicio de amparo el despilfarro, la opacidad y corrupción del gasto público.

En este aspecto, la decisión era inmodificable. La consecuencia también era clara: el expediente se turnaría a otro ministro para redactar la sentencia que formalizase esa decisión. Fin de la historia. Así lo entendimos quienes estuvimos presentes en la breve y lacónica sesión pública en la que no se deliberó ni rebatió dicho proyecto.

Sin embargo, un comunicado de la Suprema Corte[1] y diversos artículos publicados en Excélsior los días 22[2], 23[3] y 31[4] de julio introdujeron un giro en el entendimiento del tema. En ellos se introduce una modificación al estatus de la decisión y se agrega un elemento relevante: las condiciones de publicidad, argumentación y deliberación con las que la Corte resuelve los casos.

La desinformación de la Suprema Corte

En los artículos de Excélsior se enfatiza que el rechazo al proyecto del ministro Cossío Díaz obedeció a lo siguiente: i) porque “los precedentes citados [jurisprudencias y tesis aisladas] no alcanzaban para realizar una aplicación extensiva del interés legítimo al caso concreto”; ii) porque la cuestión de fondo planteada “por el movimiento #YoSoyContribuyente no fue objeto de discusión por los integrantes de la Primera Sala”; y iii) porque por parte de los ministros no existió “una decisión que rechace el derecho de los quejosos a conocer las condiciones de endeudamiento de su gobiernos”.

OscuridadEl lenguaje utilizado en los artículos es ambiguo, difícil de descifrar y, por ello, que se presta a múltiples interpretaciones. En efecto, si la razón del desechamiento del amparo fue “que los precedentes citados en el proyecto no alcanzaban para realizar una aplicación extensiva del interés legítimo”, mas no, en apariencia, para rechazar el interés legítimo, de ello resultan dos posibilidades:

a) Que si los precedentes citados por el ministro Cossío Díaz no son suficientes para reconocer el interés legítimo de los quejosos, entonces el nuevo proyecto de la mayoría tendrá que dar razones de por qué los mismos no bastan y de esa manera confirmar la improcedencia del juicio de amparo.

b) Que en verdad existan precedentes no considerados por el ministro Cossío Díaz -o que se construya uno nuevo–, que al invocarse permitan reconocer el interés legítimo como vía para garantizar los derechos constitucionales de los contribuyentes frente al despilfarro, la opacidad y la corrupción del gasto público. Esta posibilidad resulta esperanzadora para la causa #YoContribuyente.

A nuestro entender, la primera hipótesis es la única posible, pues ese fue el sentido expreso, sin reserva alguna, de los votos de los ministros de mayoría en la sesión pública del 9 de julio. Sin embargo, la segunda es a la que invita el comunicado de la Suprema Corte y los artículos en Excélsior, en cuyo caso, de darse, la cuestión continuaría subjúdice y el nuevo proyecto reabriría el debate, para con base en nuevas consideraciones y deliberaciones someterse a una nueva votación en la Primera Sala. Esto se convalida con la afirmación de que el amparo ‘aún no está resuelto’, lo cual aumenta la confusión, pues si bien el turno del expediente será para que se redacte un nuevo proyecto de sentencia, el mismo tendrá que imitarse a confirmar por escrito lo ya resuelto en la sesión pública del 9 de julio.

A esta ambigüedad se añade la circunstancia de que, a pesar de que hubo mayoría de votos, el turno a otro ministro fue acordado por el presidente de la Primera Sala con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que contempla esa modalidad sólo en los casos en que ‘no exista mayoría’. Dicho precepto establece lo siguiente:

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo turnara a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones.

¿Qué fue entonces lo que sucedió al resolverse el amparo #YoContribuyente? Una especulación es posible: sólo existió mayoría de tres votos respecto de la inexistencia de interés legítimo de los quejosos, pero los ministros de esa misma mayoría discreparon sobre las razones en que cada uno sustentaba su criterio. Se trata de una suposición, ya que, se reitera, en la sesión pública del 9 de julio nada se dijo sobre el particular.

Independientemente del sentido de la decisión, en este asunto destaca la importancia de que los argumentos de los ministros y de los votos sean conocidos públicamente. La interlocución que la Suprema Corte ha entablado en la prensa fijó un estándar de la discusión: es ya una cuestión de debate público y no de sesiones privadas o intercambio de dictámenes entre pares.

El obscurantismo en la Suprema Corte

En el máximo tribunal constitucional de México, el criterio para diferenciar entre sesiones privadas y públicas se aparta de la Constitución y del principio elemental de transparencia en la impartición de justicia. Veamos por qué.

En los últimos veinte años, la tendencia en la Suprema Corte ha sido debatir en privado los asuntos sometidos a su resolución. Esta práctica se ha agudizado en las Salas, cuyas sesiones no se transmiten por el Canal Judicial. Sin embargo, la Constitución federal[5] y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[6] disponen que las sesiones privadas -secretas- serán la excepción y sólo en los casos en que los exijan la moral y el interés público.

El estudio de los casos, la reflexión profunda y el intercambio de ideas y notas entre los ministros se presupone como parte inherente a sus responsabilidades. Sin embargo, las sesiones públicas son un vehículo para que los justiciables, abogados, estudiantes de Derecho, medios de comunicación y cualquier interesado se informen de inmediato de las causas y motivos que sustentan las sentencias, fundamentalmente en casos novedosos y con trascendencia jurídica, social o política.[7] Sin duda, que el interés legítimo en materia de impuestos y gasto público es una temática que cumple con esas condiciones.

En el amparo #YoContribuyente se cuestiona la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios a la luz de los principios constitucionales de ‘eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez’ en la administración de los dineros públicos.[8] Es de interés público que este tipo de temas se debatan con apertura en la Suprema Corte, lo cual hubiera sido deseable -era lo obligado- en la sesión pública del 9 de julio. En todo caso, si la moral y el interés público aconsejaban, por excepción, la discusión en privado de este asunto, los ministros de la Primera Sala tuvieron que justificarlo también públicamente.

Que las sesiones de las Salas no se transmitan en el Canal Judicial es un argumento que carece de fundamento constitucional, por lo que no es un pretexto válido para eludir la publicidad de la argumentación y la deliberación en la Suprema Corte. Que las sesiones públicas se reduzcan a un formato en las que los ministros se limiten a decir “sí, no, con el proyecto, en contra del proyecto, por el desechamiento, por el sobreseimiento, por conceder el amparo, con reservas, etcétera”, se aparta de la finalidad de esas sesiones y prohíja el obscurantismo en quienes son los máximos responsables de defender la transparencia en la actuación del poder público.

Conclusión

Si los precedentes citados en el proyecto del ministro Cossío Díaz “no alcanzaban para realizar una aplicación extensiva del interés legítimo al caso concreto”, los tres ministros de mayoría tuvieron que explicar en la sesión pública cuál fue la semejanza o la diferencia de los hechos a los que esos precedentes se han aplicado respecto de la litis planteada en el amparo #YoContribuyente. La aplicación de precedentes -jurisprudencias y tesis aisladas- es necesaria, pero no se agota en la cita formal y dogmática de los mismos, a la manera de argumentos de autoridad.

En el amparo #YoContribuyente, el valor de una sentencia estará en la apreciación de las peculiaridades del caso, en los derechos que se reclaman, en los deberes públicos que la exención otorgada a los Estados y municipios se infringen, y en la pretensión procesal de los quejosos. No es consistente que una polémica que se lleva a la prensa se niegue en el foro jurisdiccional en que se decide. No se puede deliberar en la prensa lo que es obscuro en la Primera Sala. El interés legítimo y los cuestionamientos en amparo de las finanzas públicas del país no pueden excluirse del debate público exigible constitucionalmente a la Suprema Corte.

Lo paradójico del caso es que el comunicado de la Suprema Corte y los artículos publicados en Excélsior omiten responder a las siguientes preguntas: ¿Los contribuyentes tenemos o no interés legítimo para cuestionar a través del juicio de amparo el despilfarro, la opacidad y la corrupción del gasto público? ¿Los ministros de mayoría votaron o no en el sentido de desconocer el interés legítimo en el amparo #YoContribuyente? ¿Los ministros de mayoría rechazaron el proyecto del ministro Cossío Díaz sólo porque en él se aceptaba el interés legítimo de los quejosos?

Lamentablemente para la causa #YoContribuyente, las respuestas a todas esas preguntas son desfavorables: la decisión definitiva e inamovible de la Primera Sala fue que el juicio de amparo era improcedente por inexistencia de interés legítimo.

José Roldán Xopa. Doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador del CIDE. Twitter: @JRXopa

Luis M. Pérez de Acha.Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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[1]Comunicado leído por la periodista Carmen Aristegui en su programa matutino de Noticias MVS del 16 de julio del año en curso. No existe versión pública disponible en la página de la Suprema Corte.

[2]http://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/07/22/972134.

[3]http://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/07/23/972346.

[4] http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/07/31/973764.

[5]El artículo 94, cuarto párrafo de la Constitución Federal establece: “Las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público”.

[6]El artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: “Las sesiones de las Salas serán públicas y, por excepción, privadas en los casos en que a su juicio así lo exija la moral o el interés público”.

[7]La Primera Sala ha dado ejemplo de que el debate puede ser especialmente robusto y trascendente. En el amparo de Florence Cassez, por citar un caso, las discusiones se dieron en dos sesiones públicas, una en 2013 y otra más en 2014.

[8]Estos principios se establecen en el artículo 134, primer párrafo de la Constitución Federal.