Una vez más la forma eclipsó al fondo. Durante el primer día en que se analizó el caso de la Guardería ABC en la Suprema Corte, el debate giró en torno a los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos fundamentales[1] y, en este sentido, a determinar el rol que debe ocupar la Corte en el sistema político mexicano.

Que no se haya entrado aún al análisis de la violación de garantías y al tema de las responsabilidades no es, desde luego, lo más deseable. Sin embargo, por más rancio que parezca, no es un asunto menor que los propios ministros discutan sobre el carácter político y ético de su función, especialmente si se tiene en cuenta que la Corte tiende a evadir este tipo de cuestiones a través de formalismos jurídicos. A continuación un breve recuento de lo ocurrido en la discusión del día de ayer.

La facultad de investigación, como se sabe, no es cómoda para la mayoría de los ministros, sea por su carácter no jurisdiccional o sea por la ausencia de efectos para vincular a las autoridades que se consideren involucradas (o responsables) en hechos de violación grave de garantías. Prueba de esto son las conclusiones del Libro Blanco de la Reforma Judicial[2], así como la manera en que se discutieron y resolvieron los casos Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. No obstante, en contraste con esta posición, el ponente de este caso, el ministro Arturo Zaldívar, inició la sesión[3] con la exposición de un proyecto que desafía esta visión dominante –y quizá también a la reforma que busca trasladarle esta atribución a la CNHD, aprobada ya por el Senado y en análisis en la cámara de diputados-, y en el cual propone que la Corte esté a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana en materia de derechos.

Así, Zaldívar planteó que la facultad de investigación sea un instrumento que, independientemente que no genere efectos administrativos, civiles o penales, le permita a la Corte proteger la vigencia de los derechos fundamentales mediante la autoridad ética y política que posee. Con base en ello, propuso declarar a catorce funcionarios del IMSS, el gobierno estatal y el ayuntamiento como responsables de violaciones graves a los derechos humanos, tanto por sus actos como por sus omisiones, y que resultaron en lo que calificó como un desorden generalizado del sistema de guarderías subrogadas del IMSS.

Para analizar la propuesta y resolver el caso, el pleno decidió que la ‘metodología’ adecuada sería analizar primero los alcances de la facultad de investigación. Al respecto, los ministros se ubicaron básicamente en dos posiciones: por un lado, una que comparte la visión de la propuesta y considera que la facultad de investigación es un instrumento clave para que la Corte pueda proteger y dar contenido a los derechos (integrada por Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza) y; por el otro, una que en general es renuente a aceptar que la Corte y sus decisiones tengan un peso ético, moral y/o político (Aguirre, Cossío, Luna, Franco, Gudiño, Aguilar, Valls y Ortiz).

En las dos sesiones del 14 de junio no se discutió a profundidad el tema de la delimitación de las responsabilidades, aunque varios de los ministros sí insinuaron sus posiciones al respecto. Silva Meza y Sánchez Cordero, por ejemplo, señalaron estar a favor del contenido de la propuesta e, inclusive, ésta última consideró que los particulares (además de las autoridades) podrían también ser eventualmente considerados como responsables. Los ministros Cossío, Valls, Gudiño y el presidente Ortiz Mayagoitia dejaron ver que, a pesar de no compartir el razonamiento de ciertas partes del proyecto, sí se sumaban en el punto de que hubo violaciones graves de derechos fundamentales.

Al final de la sesión, el ministro Zaldívar pidió estudiar el resto del día las diferentes críticas y cuestionamientos de sus colegas, para hoy responder exhaustivamente a ellas. Y aceptó la posibilidad de incorporar algunas de tales observaciones a su proyecto. Lo cual probablemente se trate de una estrategia: lanzar un proyecto con algunos aspectos un tanto contundentes y radicales, como el tema del peso moral y político per se de la Corte frente al resto de los poderes, para luego ceder en éstos como moneda de negociación, con la idea de sacar adelante los temas más relevantes del proyecto: la construcción de la responsabilidad política de los funcionarios públicos y el listado de autoridades responsables. Pronto sabremos.

Lo cierto, es que, para haber sido el primer día de debate, no estuvo mal que los ministros opinaran, algunos con mayor lucidez que otros, respecto cómo ven su función dentro de la dinámica política y social del país. Hoy, sin embargo, difícilmente podrán evadir las cuestiones de fondo.

Camilo Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra


[1] Establecida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

[2] “…se recomienda que el Constituyente Permanente proceda en el mediano plazo a la eliminación de las facultades de investigación establecidas en el artículo 97 de la Constitución. Ello por considerar que estas facultades no corresponden al diseño de un tribunal constitucional. En caso de que esta recomendación no se considere adecuada, el Congreso de la Unión deberá en el mismo plazo reglamentar dichas facultades para precisar tanto sus causales de procedencia como sus efectos.”

[3] Vale mencionar que antes de la exposición del ministro Zaldívar, la sesión comenzó con una tercera solicitud del ministro Fernando Franco para que el pleno evaluara si se encontraba impedido para conocer de este asunto (facultad de investigación 1/2009) –la otras dos anteriores se intentaron al momento de determinar qué ministro elaboraría el proyecto de resolución-. En esta ocasión su argumento fue que mientras fungió subsecretario en la Secretaria del Trabajo asistió a sesiones del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual podría constituir una causal de impedimento. En una votación 6-4 (el solicitante no vota, desde luego) en la que estuvieron en la minoría los ministros Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero y Silva Meza, la corte rechazo su solicitud. Inmediatamente después el pleno por unanimidad resolvió también que en el caso del ministro Valls tampoco existe ningún impedimento, puesto que cuando laboró en el IMSS el esquema de subrogación no había sido todavía instituido