En días pasados el Partido Revolucionario Institucional manifestó su intención de impulsar una consulta popular a efecto de someter a la consideración ciudadana la reducción del Congreso de la Unión. Concretamente, disminuir el número de legisladores electos por el principio de representación proporcional. En el caso de los Diputados quitar la mitad –pasar de 200 a 100 diputados- y en el caso de los Senadores eliminar por completo a los 32 que se eligen bajo este sistema.

voladoLa ley define a la Consulta Popular como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular). La pregunta debe ser calificada en cuanto a su legalidad por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tiene su cargo la organización para recabarla.

La Consulta Popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal[i], (artículo 35 constitucional). Actualmente ese 2% equivale a 1,605,120 ciudadanos.

La Constitución también señala los temas que no pueden ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; las definiciones relativas a la forma de gobierno establecidas en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización y operación de las fuerzas armadas.

Sobre el contenido de la Consulta Popular planteada por el PRI algunos han planteado la interrogante de si ¿el tema es materia electoral? Será la Suprema Corte quien en su momento, y en caso de que el partido consiga el apoyo ciudadano suficiente, conteste esta interrogante. No obstante, analíticamente es útil revisar los argumentos que sostienen que preguntar sobre la disminución de legisladores plurinominales es materia electoral y, por tanto, no pude ser materia de Consulta Popular, frente a los argumentos que sostienen que no, que forma parte del ámbito de asuntos parlamentarios y, por ello, es legal plantearla.

Sobre las razones de la representación proporcional conviene hacer una breve revisión. El principio de representación proporcional cuenta con tres características que según Luigi Ferrajoli lo hacen más idóneo que ninguno otro para asegurar la representación política:[ii] (i) garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado; (ii) es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual, equivale a la igualdad política, y (iii) refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad.

En México, con un solo voto se eligen a más de un candidato, mediante dos sistemas distintos, mayoría relativa y representación proporcional. Esto resulta complejo y pudiera ser confuso para muchos ciudadanos, por lo que trataré de explicar brevemente cómo funciona.

En el caso de los Diputados, la Cámara se integra por 500 legisladores, de los cuales 300 se eligen bajo el principio de mayoría relativa, mediante el voto ciudadano directo. El país se divide en 300 distritos electorales, de manera que en cada distrito, los electores eligen a un candidato que los represente ante el órgano legislativo en forma directa.

Los 200 diputados restantes se designan mediante el principio de representación proporcional, para ello, el país se encuentra dividido en 5 circunscripciones plurinominales, de manera que por cada circunscripción existe una lista de cada partido político o coalición integrada por 40 candidatos que serán electos por este medio. Al momento en que el elector emite su voto por un candidato de mayoría relativa, su voto también computa para efectos de la elección de representación proporcional en la circunscripción que integre. Se busca que los partidos políticos que no obtuvieron mayoría de votos, pero que tienen una votación que es superior al 3% de la votación emitida cuenten con diputados de representación proporcional, de manera que la votación que obtuvieron tenga presencia en el órgano legislativo.

La fórmula para asignar a los Diputados de representación proporcional está prevista en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de ello, la autoridad electoral asigna las diputaciones que correspondan a cada partido conforme a los candidatos que integran la lista presentada por cada partido político o coalición en la circunscripción que corresponda.

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, 64 son electos bajo el principio de mayoría relativa en una proporción de dos Senadores por cada entidad federativa, 32 son electos bajo el criterio de primera minoría y los 32 restantes bajo el principio de representación proporcional. En este caso, los partidos políticos presentan una sola lista de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional para todo el país y será mediante la aplicación de la fórmula de distribución de senadurías que se asignará a cada partido político las que corresponda.

Entendiendo cómo funciona la representación proporcional, habría que delimitar hasta dónde es materia electoral y hasta donde parlamentaria.

El derecho electoral se ocupa de lo relacionado con la elección de los integrantes del Congreso de la Unión a través de ambos principios, esto es, el proceso de selección de candidatos, el registro de los mismos, la integración de las fórmulas de candidatos, la integración de las listas de representación proporcional que conforma cada uno de los partidos políticos o coaliciones, las precampañas y campañas que realizan los aspirantes y candidatos a cada uno de los cargos de elección popular, los resultados de la elección, la declaración de validez de la elección, la entrega de las constancias de mayoría, la aplicación de la fórmula de representación proporcional e incluso el acceso al ejercicio del cargo.

Por su parte, el campo del derecho parlamentario versa sobre la composición e integración del Congreso, esto es, el número de legisladores que integran el órgano legislativo, la forma de organización interna, como es la conformación de grupos parlamentarios, y desde luego, el ejercicio de las atribuciones y facultades inherentes al cargo como legislador.

De acuerdo con el aviso de intención para realizar una Consulta Popular presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (consultable aquí), la pregunta que busca formular este partido es: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

De este cuestionamiento es necesario distinguir dos ámbitos: uno que involucra la composición del Congreso de la Unión, es decir, el número de integrantes que integran cada una de las Cámaras y otro que implica el método de elección de los legisladores que integran el órgano parlamentario.

Por ello, existen opiniones -informadas y no- que consideran que el tema de la Consulta Popular es electoral o bien parlamentario. Me parece que bordea en los límites entre ambas materias. Lo relevante consistirá en determinar si involucra aspectos que tienen que ver con la elección de Diputados y Senadores bajo el principio de representación proporcional o si únicamente involucra la composición e integración del Congreso de la Unión al reducir el número de legisladores, con independencia del método de selección.

Dicho en otras palabras, si el objeto de la consulta es únicamente reducir el número de Diputados y Senadores que conforman el Congreso de la Unión o si la misma trasciende a los aspectos vinculados al mecanismo de elección de los mismos y con ello a la materia electoral.

Me parece que la línea entre estos dos temas es muy fina, pues si bien la composición del Congreso desde el punto de vista del número de integrantes que debe tener es un debate ajeno a la materia electoral, lo cierto es que los efectos de una determinación así pueden tener impacto en el ámbito electoral. Esto se debe a que de manera indirecta repercuten en el proceso de elección ya que al tener un Congreso más pequeño, la distribución de fuerzas políticas necesariamente será distinta. Lo cual  se acentúa si consideramos que algunos partidos políticos únicamente cuentan con legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, lo cual podría incidir en el sentido del voto que emitan los ciudadanos, lo que involucra la materia electoral.

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[i] El listado nominal de electores se integra por 80,256,024 ciudadanos.

[ii] FERRAJOLI, LUIGI, Principia Iuris, teoría de la democracia, Trota, Madrid, 2011, p. 179.