Ya hay un dictamen listo en la Cámara de Senadores para la reforma al Distrito Federal. Es un dictamen sobre nueve iniciativas presentadas en distintos momentos por las diversas representaciones políticas. Se trata de dar un nuevo régimen al Distrito Federal mucho más semejante al de las entidades federativas. La paradoja estriba en que esta reforma constitucional requerirá, de conformidad con el 135, del voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores, para luego ser enviada a las legislaturas locales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha sido considerada legislatura local para efectos de intervención en las reformas constitucionales, así que estará excluida del cambio constitucional que habrá de afectarla. En otras palabras, los representantes del Distrito Federal no tendrán participación en la reforma Constitucional que cambie su representación y, en general, el nuevo régimen del Distrito Federal que propone se convierta en Ciudad de México.

La reforma va a dar el fundamento para que se elijan constituyentes encargados de elaborar y aprobar una Constitución para el Distrito Federal que se rige por un Estatuto de Gobierno emitido por el Congreso de la Unión en 1997, a diferencia de los estados de la Federación que sí tienen una Constitución local.

Los actuales diputados no pueden ser los constituyentes porque no tienen esa encomienda, así que la Asamblea próxima, que se elija en el 2015, puede ser la última con las funciones actuales en tanto nace y se instala el Congreso local con sus nuevas competencias.

Vale recordar que las facultades de los estados son residuales, es decir, lo que no está previsto expresamente en el artículo 73 (facultades del Congreso) se entiende reservado a los estados (artículo 124). En cambio, para el Distrito Federal, hay dobles facultades expresas tanto para el Congreso de la Unión como para la Asamblea Legislativa respecto del Distrito Federal en el artículo 122.

Hay leyes que rigen en el Distrito Federal que han sido emitidas por el Congreso de la Unión como la Ley de Expropiación, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En el nuevo esquema, todas las leyes locales las expediría el Congreso Local.

Asimismo, actualmente, hay nombramientos y remociones de funcionarios locales en los que se le da intervención del Ejecutivo Federal, como es el caso del Secretario de Seguridad Pública, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal  y del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto se modificaría en el nuevo esquema.

A diferencia de los estados, el Distrito Federal no tiene capacidad para contratar deuda. Dados los excesos cometidos en Coahuila, Tabasco y Chiapas, tal vez sería conveniente que el modelo de control actual del Distrito Federal se ampliara a los estados y no a la inversa.

En el Distrito Federal hay un Jefe de Gobierno y no gobernador como en las entidades federativas, pero además de su denominación, las facultades son diferentes porque en el Distrito Federal, el Ejecutivo funciona en ocasiones como gobernador y en otras ejerce la competencia de los municipios para la prestación de los servicios públicos.

Hasta ahora, el Distrito Federal se divide en 16 delegaciones políticas y cada delegado tiene las funciones que el Estatuto de Gobierno y las leyes locales determinan. La nueva Constitución de la Ciudad de México tendrá que redefinir estas facultades. En el dictamen se prevé que se mantengan como demarcaciones territoriales con alcaldes y concejales.

Aunque quisiera igualarse el Distrito Federal a las entidades federativas tendrán que preverse algunas diferencias indispensables porque la Ciudad de México continuará siendo la sede de los Poderes Federales y debe tener los beneficios de la capitalidad. Asimismo, la conurbación impide que cada delegación se convierta en municipio con la misma estructura y funciones de aquellos.

La pregunta obligada es: ¿en qué beneficia a los habitantes del Distrito Federal tener una Constitución? Más que razones jurídicas, a la población le interesa saber si va a tener servicios públicos más eficientes, si va a haber menos burocracia y atención más pronta y expedita a sus necesidades. Puede  interesar también la existencia de un sistema de rendición de cuentas efectivo, sobre todo porque los alcaldes tendrán la oportunidad de reelegirse como sucede en los otros cargos de elección popular constitucionalmente previstos.

Nada sería más delicado que, con las nuevas competencias, la burocracia aumentara, que las ventanillas de atención se multiplicaran y que los costos al erario público también fueran mayores. El que se prevea un cabildo en cada delegación puede hacerle contrapeso al delegado, pero también puede hacer más tardadas y complicadas la toma de decisiones.

Aunque hay acuerdo respecto de ciertos temas para el contenido de la Constitución, en otros, los partidos políticos van a tener divergencias. ¿Qué queda centralizado y qué se descentraliza?

La policía y toda la seguridad pública tienen que seguir bajo el esquema de un mando único. La disposición final de residuos sólidos, el servicio de agua potable y alcantarillado, el transporte, los servicios de salud, no dejan lugar a dudas que tendrán que seguir centralizadas. Las reglas para la apertura de negocios, los usos del suelo, la publicidad exterior también. El Congreso local seguirá dando las reglas generales.

alActualmente, hay una división de funciones respecto ciertos servicios en donde desde el Estatuto se fija la competencia por la identificación de vías primarias y secundarias. Las vías primarias son competencia central y las secundarias delegacional. Así se sabe quién repavimenta o cubre un bache, quién retira autos abandonados, quién pone o quita un tope, quién poda árboles o mantiene limpias las calles y banquetas, etcétera. La competencia actual es compleja y no siempre resulta la mejor para el ciudadano. En el caso de los establecimientos mercantiles ha sido su impacto lo que ha generado la  diferenciación y la distribución de competencias que en ocasiones provocan duplicidades o sobre posiciones.

En la actualidad, y sólo por poner un ejemplo, el Paseo de la Reforma es una vía primaria que corresponde al ámbito central, pero las fuentes y monumentos son competencia delegacional, de acuerdo con el Estatuto. Para encender una fuente, para iluminarla, para cambiarle el agua, existe un problema competencial, ya no se diga las duplicidades que implica el uso del zócalo, de la plaza de la República, o de la Alameda Central, por ejemplo.

Hay que agregar además que también se ha dado duplicidad en los programas sociales con perjuicio al erario público. Algunas delegaciones replican el apoyo central y en eso también es necesario poner orden en las nuevas competencias.

No se puede dejar de considerar las grandes diferencias y contrastes entre las delegaciones. El constituyente tendrá que tomar la decisión respecto de si Iztapalapa y Gustavo A, Madero se mantienen igual o se subdividen. De acuerdo con el último censo tienen casi dos millones de habitantes cada una. La organización de las delegaciones del sur como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y parte de Tlalpan y de la Magdalena Contreras tienen aún población indígena y condiciones rurales que generan diferencias importantes que habrá que considerar.

Por último, aunque nos hemos referido a la parte orgánica de la Constitución, no debemos dejar a un lado que en el Distrito Federal se ejercen más derechos que en el resto de la República y que tendrían que quedar plasmados a nivel Constitucional. Esa será la facultad de libre configuración del Constituyente local en materia de derechos siempre y cuando estén de acuerdo con la Constitución Federal de la República y con los Tratados Internaciones suscritos por México en materia de derechos humanos.

La Constitución del Distrito Federal puede ser la primera Constitución del siglo XXI con visión de avanzada, que recoja todas las novedades del constitucionalismo moderno y las interpretaciones recientes de la Suprema Corte. El pronóstico prevé como altamente probable que se logre el consenso para la reforma constitucional que se aproxima; pero las dificultades se irán haciendo mayores  en la medida en que más se entre al detalle. Las posiciones de los partidos de seguro serán divergentes según se vean como oposición o como gobierno. Un gran reto nos espera.

Leticia Bonifaz. Profesora investigadora del CIDE.