Menudo dilema el que tendrá que resolver en breve la Suprema Corte de Justicia. No es un tema menor pretender definir un asunto donde, por un lado, hay que dilucidar si un policía incurrió en omisión de actuar a pesar de tener el deber de impedir un posible delito; o bien, determinar que el delito está excluido porque los procesados actuaron en cumplimiento de un deber derivado de la obediencia jerárquica a su superiores.

Casi podría decirse que se está en presencia de un tema clásico del derecho penal. En una mano, se tiene la posibilidad de fincar responsabilidad penal a una persona por no haber hecho lo conducente para evitar que se cometiera un delito. En la otra, se encuentra la ponderación que ha de corresponder al cumplimiento de la obligación de obediencia propia de los agentes encargados de la seguridad pública. ¿Qué elementos podrían considerarse para dirimir esa controversia? Van algunas ideas.

Atendiendo a algunas tesis del Poder Judicial de la Federación, parece que la Suprema Corte debe fincar responsabilidad penal a los procesados porque en el caso concreto, los agentes del orden i) no estaban constreñidos a repeler agresión alguna; y ii) porque tratándose de la colisión entre dos deberes (el de evitar la comisión de un delito y, en el otro extremo, el cumplimiento de la instrucción de un superior jerárquico), el asunto se debería resolver a favor del deber más categórico y más digno de protección, que es el de la vida. Hasta aquí, pareciera que no hay mayor problema.

nd2Ahora bien, siguiendo otras tesis, parece que deberá exonerarse a los miembros de la policía que están indiciados porque i) estaban cumpliendo un deber, es decir, de no acatar la orden recibida, se les impondría una sanción por desobedecer la orden girada por su superior; ii) hasta donde se sabe, no hay pruebas de que los agentes hayan agredido o ejercido violencia física sobre las personas (a menos que se sostenga que impedir la salida del lugar en que se encontraban los jóvenes constituye per sé un acto de agresión, lo que no parece convincente), iii) porque no hay elementos que permitan concluir que lo que provocó la tragedia fue solamente la actuación de los agentes, sino el concurso de su actuación aunado a la negligencia o corrupción de quienes permitieron que el News Divine operara incumpliendo la normativa en materia de protección civil (ventilación y salidas de emergencia inexistentes o insuficientes). Finalmente, ninguno de los ahí presentes podía prever que el cumplimiento de las órdenes recibidas por los agentes, sumado al comportamiento de la muchedumbre ahí reunida, instigada por los propietarios y funcionarios del lugar, derivaría en muertes por asfixia.

A la distancia, es claro que la tragedia fue el resultado del concurso de diversas irregularidades y complicidades. De nueva cuenta, la cadena se está rompiendo por el eslabón más delgado. Nada habría pasado si el lugar hubiera operado ajustándose a la capacidad permitida (no sería extraño ni sorprendente que las investigaciones arrojaran que para estar abierto hubo colusión de los propietarios con las autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal); o si se le hubiera clausurado al detectar que se permitía el acceso a menores, que se comercializaba droga, o que estaba funcionando sin ajustarse a las normas en materia de protección civil.

Pretender que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que participaron en el operativo aplicado al News Divine se plantearan, in situ y sin tiempo para reflexionar, la disyuntiva de desacatar la instrucción de sus superiores en razón de que los jóvenes que acudieron al antro referido corrían el peligro de morir aplastados es, a no dudarlo –y que nadie se llame a engaño o escándalo-, esperar peras de la prudencia y capacidad, del árbol de la ignorancia y la necesidad. Condenar a esos elementos de la policía del Distrito Federal no resolverá el problema, no eliminará la impunidad, ni impedirá que algo semejante vuelva a ocurrir en el futuro.

Los ciudadanos esperamos que se aplique la ley no solamente en quienes cumplen instrucciones. También deseamos ver que la legislación se aplica en quienes giran instrucciones desde la comodidad de su escritorio burocrático conociendo las cualidades y limitaciones de sus subordinados jerárquicos que, en el colmo de su situación, no tienen capacidad para contar con los servicios de abogados calificados que defiendan debidamente su causa y logren, con ello, la aplicación de una sanción razonable y proporcionada al papel que desempeñaron en la tragedia que nos ocupa.

Una postura que pocas veces se asume y, cuando se asume, generalmente se asume mal en el ejercicio y la aplicación del derecho, consiste en aceptar el reto de determinar el tono de los grises, prefiriendo normalmente plantarse cómodamente en posturas ramplonas donde la solución defendida es totalmente blanca o totalmente negra. La puerta que se abrió con el ejercicio de la facultad de atracción de este caso en la Primera Sala de la Suprema Corte, a iniciativa del ministro Cossío, constituye una estupenda ocasión para que el máximo tribunal del país rehúya de la zona de confort en que podría haberse ubicado y se pronuncie, desde la cúspide del sistema constitucional, por una solución que pueda no ser políticamente correcta pero sí atinada conforme los valores constitucionales en juego.

Sobra mencionar que lo que esta controversia plantea, hacia el futuro, repercutirá no sólo en los cuerpos de seguridad pública, sino en la visión que se tenga en el país de los grandes problemas del derecho. Más allá de la aplicación estricta de la ley, principio sobre el que está construido todo el entramado del derecho penal, se está ante un problema de filosofía del derecho: el relativo a los mecanismos a través de los cuales debe resolverse la colisión entre dos deberes reconocidos por el propio ordenamiento jurídico.

Antonio Musi Veyna. Abogado. Ex Consejero Jurídico del CISEN. Ex Director General Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM. Twitter: @amusiv

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