En estos tristes días para un país atiborrado de violencia e ilegalidad, parece existir unanimidad en cuanto al hartazgo pero no en cuanto a los caminos que podemos seguir. Hablar de un Estado de Derecho es fácil pero en general no hemos sabido construirlo ni parece que esta administración sea capaz de hacerlo.

El problema de la seguridad no es solo prioritario para los mexicanos. La preocupación en Europa por combatir el crimen organizado y el terrorismo desembocó en 2006 en un camino arriesgado: mediante la emisión de la Directiva de Retención de Datos (la número 24/2006/EC), el Parlamento Europeo intentó armonizar las legislaciones de sus Estados miembros a fin de obligar a los proveedores de servicios de redes o comunicaciones electrónicas a conservar por cierto tiempo (entre 6 meses y 2 años según el artículo 6 de la Directiva) información referente a comunicaciones telefónicas y por internet así como la localización de los equipos utilizados por los usuarios con el fin de que las instituciones de seguridad (fiscalías, policías y en general las autoridades determinadas por cada país) pudiesen recurrir a esa base de datos con motivo de sus investigaciones penales.

El propósito, a no dudarlo, es noble. Sin embargo, bajo un pretexto loable un peligro quizá mayor que el que se intentaba enfrentar surgió: la potencial erosión de la privacidad y la construcción de sociedades que todo lo vigilan. El político y activista alemán Malte Spitz llevó a cabo un ejercicio para evidenciar esto. Solicitó a su compañía de teléfonos acceder a sus datos, esos que la empresa estaba legalmente a conservar. El acceso le fue negado bajo el pretexto de que la base de datos podía ser utilizada sólo por las autoridades competentes, así que tuvo primero que obtener una orden judicial para gozar de su derecho fundamental. Con ayuda del periódico Die Zeit utilizó la información recibida y la mostró (parcialmente) en este sitio. El resultado eriza la piel: una cartografía precisa de algunos meses en la vida de Spitz, un recorrido de sus ires y venires. Luego llegó la confirmación de las labores de espionaje cibernético norteamericanas en todo el mundo y los temores se convirtieron en certidumbre.

balance2En semejante contexto, en abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó declarar la invalidez de la directiva europea arriba citada. Al ponderar su finalidad (es decir, la seguridad pública) con el derecho a la privacidad de los ciudadanos y la protección de datos personales (derechos contenidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), consideró que la retención resultaba desproporcionada al carecer de límites, constituir “una injerencia en los derechos fundamentales de prácticamente toda la población europea[1]”, olvidar el principio de presunción de inocencia (no sólo los datos de probables responsables delictivos se almacenaban, sino los de toda esa población), comprender comunicaciones vinculadas con el secreto profesional (objeto de protecciones reforzadas, como la de los abogados con sus clientes o médicos con sus pacientes), no fijar criterios para la delimitación del acceso a la información por parte de las autoridades (¿quiénes pueden hacerlo?), carecer de criterios para determinar por qué se elige cierto periodo de conservación (¿por qué seis meses o un año?) y no establecer reglas especiales para la seguridad y protección de los datos.

Todas estas características llevaron al Tribunal a considerar la Directiva como violatoria de los derechos fundamentales mencionados y por ello la declaró inválida. No hubo un rechazo absoluto para las retenciones: podrían resultar viables, pero no en la manera general prevista por el parlamento europeo. Dicho de otra manera, el mensaje de la Corte es que se debe perseguir la seguridad pública pero respetando siempre la privacidad y los datos personales de las personas.

México, por su parte, acaba de incluir en su nueva Ley Federal de Telecomunicaciones un artículo, el 190, en donde se impone a los concesionarios de esa clase de servicios una obligación de retención de datos de las comunicaciones de los usuarios por dos años semejante a la hoy invalidada en la Unión Europea. Poco antes, nuestra Suprema Corte había avalado el artículo 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales que le permite al Ministerio Público solicitar de esos mismos concesionarios la geolocalización de equipos de comunicación móvil relacionados con delincuencia organizada o delitos como secuestro y amenazas sin necesidad de una autorización judicial. Nuestros tres poderes consideran, pues, que la lucha contra la delincuencia es una especie de salvoconducto capaz de justificar medidas que vulneran  derechos fundamentales. Desafortunadamente, la impunidad aun campea a sus anchas y en cambio la protección de nuestros derechos se adelgaza: el peor escenario.

La construcción de un Estado de derecho pasa por un sinnúmero de operadores. El sistema de justicia penal es apenas la punta del iceberg. Instituciones como la hoy vergonzosa (y costosísima) Comisión Nacional de Derechos Humanos, denostada por casi todos (con excepción de su titular), y un IFAI timorato que se olvida de defender a los ciudadanos (como en esta entrada previa bien lo comenta Natalia Calero) son otros ejemplos de cómo nuestras propias dependencias se encargan de socavar aquello que supuestamente deberían proteger. Nuestros problemas no son únicos y ayuda reflejarse en espejos como el europeo; sin embargo, mientras nos rehusemos a mirar de frente nuestras propias malformaciones es difícil pensar que podamos construir un país más habitable.

Erick López Serrano. Abogado, actualmente estudia la maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR

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[1]    Párrafo 56 de la sentencia.

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