La verdad es un error exiliado en la eternidad

Emile Ciorán

El día de ayer concluyó finalmente la discusión de la Suprema Corte sobre el caso Guardería ABC. Por la mañana, al iniciar el debate, el proyecto del ministro Arturo Zaldívar había sido sufrido golpes en aspectos muy relevantes, pero finalmente se encontraba con un marcador empatado: dos puntos resolutivos perdidos -ampliar los alcances de la facultad de investigación y la narración de los hecho- y dos ganados -la suficiencia de la investigación y la legalidad del esquema de subrogación de guarderías del IMSS-. La derrota definitiva, no obstante, se presentó precisamente a lo largo de este último día de sesiones. Ahí se definió la suerte de su proyecto y, en este sentido, el calibre de la respuesta de la Corte frente a este sensible asunto.

Así, la sesión inició con una presentación de Zaldívar en la que defendió el llamado ‘desorden generalizado’ del sistema de guarderías del IMSS –aspecto, sobre mencionar, estructural dentro del diseño su proyecto-. Su postura rápidamente enfrentó las objeciones de los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos y Valls Hernández, que habían venido desacreditando cualquier elemento que pudiera constituirse en una amenaza para las autoridades o, simplemente, para algún señalamiento de violaciones graves. El punto central de éstos y otros ministros era que el ‘desorden generalizado’ no se constituía como la causa eficiente que dio origen a la tragedia. La mayoría de los ministros aceptaron que existieron ‘irregularidades’ en el desempeño de las autoridades, pero con una votación 6-5 se resolvió que no era suficiente para calificar al sistema de guarderías del IMSS como un ‘desorden generalizado’ (en este punto la mayoría se integró por Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González-Salas, Aguilar Morales, Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia).

Con esta decisión, la Corte se fue al receso y volvió para la sesión vespertina. Al inicio de ésta, Ortiz Mayagoitia manifestó que, en vista que el proyecto de Zaldívar había sido derrotado en sus puntos medulares, el resto del debate no podía apoyarse más en su ‘metodología’. Y, por ello, en votación económica, el pleno aprobó esta reflexión del presidente, así como su propuesta de 8 puntos a resolver para concluir el asunto.

En este nuevo contexto, el pleno procedió a votar si había habido violación grave de derechos fundamentales. La decisión fue contundente. Salvo Aguirre Anguiano, todos los ministros dijeron que sí hubo violación grave. Inmediatamente después se procedió a votar una moción de Aguirre respecto lo siguiente: basándose en precedentes en materia de amparo, el IMSS no podía ser considerado como autoridad y, por tanto, tampoco como una institución potencialmente violadora de derechos. A pesar de que Valls Hernández y Luna Ramos se unieron una vez más a Aguirre, el pleno determinó que el IMSS sí podía considerar como autoridad. Luego se votó una moción presentada por Sánchez Cordero, en la cual planteaba la posibilidad que los particulares podrían también ser considerados responsables de violación de garantías. Con una votación idéntica a la del tema de ‘desorden generalizado’, la Corte determinó que la facultad de investigación no aplica para actos de particulares.

De esta manera, una vez que se habían resuelto el asunto de los alcances de la facultad, la legalidad de la subrogación y el de si habían existido violaciones graves a derechos, la Corte entró en el tema más peliagudo para los ministros: los nombres de los involucrados en la violación grave de derechos. La estrategia seguida para ello fue, extrañamente, comenzar por la autoridades de menor jerarquía en el sistema federal. En este contexto, en cuanto a las autoridades municipales se decidió señalar como involucrados a: Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia Municipal de Hermosillo (9-2 fue la votación donde Aguirre Anguiano y Aguilar Morales fueron la minoría) y Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (8-3 la votación, con Aguirre, Aguilar y Cossío Díaz en la minoría). Respecto el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, sólo Zaldívar, Gudiño, Sánchez y Silva votaron por también señalarlo como involucrado.

En cuanto a las autoridades estatales, se consideraron involucrados a: Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (por unanimidad), Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, (ambos por votación 8-3, figurando en la minoría Aguirre, Luna Ramos y Valls).  En contraste, la mayoría integrada por los ministros Aguirre, Luna, Franco, Aguilar, Valls y Ortiz consiguió que no fueran señalados el ex gobernador, Eduardo Bours y tampoco Ernesto Vargas Gaytán, su ex secretario de Hacienda.

Sobre las autoridades del IMSS, la Corte no consideró como involucrados a: el ex director, Juan Molinar Horcasitas (7-4, con Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero y Silva en la minoría), el actual director, Daniel Karam (8-3, la misma minoría excepto Sánchez Cordero); Sergio Antonio Salazar Salazar, Director de Prestaciones Económicas y Sociales y Carla Rochín Nieto, Coordinadora de Guarderías (ambos con votación 6-5, quedando Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero, Silva y Ortiz en la minoría). Así, de las cinco personas propuestas como involucrados, sólo Arturo Leyva Lizárraga, Delegado Estatal en Sonora y Noemí López Sánchez, Titular del Departamento Delegacional de Guarderías, fueron encontrados como autoridades involucradas (para ambos la votación fue 8-3, con Aguirre, Luna Ramos y Valls en la minoría).

La sesión cambió notablemente después de que se votaron los puntos anteriores. La confusión generada por tantas votaciones incrementó y varios de los ministros decidieron hacer propuestas puntuales sobre otros funcionarios a los que se podría involucrar y por qué. Al final, en contradicción con el aparente rechazo del proyecto ocurrido poco antes, los ministros decidieron recuperar varias de las cuestiones que el mismo establecía como actos ‘reparatorios’, sólo que nombrándolas como acciones mínimas que se sugiere a las instituciones involucradas llevar a cabo.

La decisión de este caso no dejó nada de nuevo y, desafortunadamente, con ella todos salimos perdiendo. La Corte confirmó su aversión a la facultad de investigación y lanzó una llamada de auxilio para que de una vez por todas se la quiten. Su actuación, lejos de mostrar mayor autonomía, la hizo ver tímida y titubeante. Al tiempo que evidenció el poco realismo –o la hipocresía- con la que algunos de los ministros entienden su responsabilidad. Las autoridades involucradas no evitaron ser señaladas ante la opinión pública como posibles responsables de actos y omisiones tan graves que podrían estar ligados a una tragedia profundamente dolorosa. Al final, los derechos fundamentales tampoco lucen mejor protegidos que antes de que la Corte entrara a este tema. Por el contrario, pareciesen más vulnerables que antes.

En los días que vienen la indignación por la tragedia de la Guardería ABC lejos de desaparecer, aumentará y será aún más dolorosa que antes. La Suprema Corte continuará con sus esfuerzos por posicionarse como un verdadero tribunal constitucional. Pero no logrará eclipsar lo que es hoy muy claro: lo mínimo que hace falta exigirle no es que sea una Corte justiciera, sino un órgano inteligente y estratégico en la forma de abordar su labor. De otra forma, la Corte continuará paulatinamente destruyendo la autoridad ética y política que dice no tener.

Camilo Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra

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