La desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, sin duda ha causado una ola impresionante de reacciones de todo tipo, que ha cobrado trascendencia internacional y que ha llevado a políticos, celebridades, artistas, intelectuales y ciudadanos a opinar al respecto. En ese contexto, me interesa contribuir, desde un punto de vista jurídico, a una discusión muy importante: ¿Quién es responsable? Responsable, ¿de qué?

Esto lo hago a partir de lo publicado por Alonso Madrazo Labardini en este blog, El Juego de la Suprema Corte. Aprovecho para hacerle un reconocimiento al autor, pues era necesario que se aclarara la distinción entre los tipos de responsabilidades: la de naturaleza penal, que únicamente se le puede atribuir a una persona natural (artículo 25[1] del Estatuto de Roma[i]); y la de carácter internacional, que corre a cargo del Estado pero que no es de tipo penal. En ambas, siempre desde el lenguaje jurídico, es inadecuado hablar de un crimen de Estado y su uso sólo contribuye a la confusión.

Ahora bien, mi interés es abordar dos puntos específicos: por un lado, la posibilidad de responsabilidad penal del presidente de la República, lo cual es casi imposible de sostener y; por el otro, la responsabilidad internacional del Estado mexicano en su conjunto. No puedo dejar de mencionar que las consideraciones que escribiré no son definitivas, pues aún nadie sabe con certeza qué es exactamente lo pasó y qué es lo que las autoridades han hecho o han omitido.

Responsabilidad penal por la comisión de un crimen de lesa humanidad

Como dicho antes, este tipo de responsabilidad, desde el Derecho penal internacional, puede recaer únicamente sobre personas naturales. ¿Cuáles? Las que, grosso modo, cometan el crimen, lo ordenen, lo propongan o induzcan su comisión, quien sea cómplice, encubridor o colabore de algún modo con la comisión, o quien intente cometer el crimen, aunque no se haya consumado (art. 25 del Estatuto).

En tal rubro podría considerarse, si se comprueban los demás elementos del crimen, especialmente la intención y el conocimiento (art. 30), a José Luis Abarca (presidente municipal de Iguala), a su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los policías municipales de Iguala y Cocula, que privaron de libertad a los estudiantes y los entregaron a los miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, y a quienes se encargaron directamente de desaparecer a los estudiantes.

Es cierto, bajo este esquema de atribución de responsabilidad es bastante improbable que se pueda señalar a Peña Nieto. No obstante, no se puede olvidar que existe otra forma de imputarle a alguien un crimen internacional: la responsabilidad penal de los jefes y otros superiores, prevista por el propio Estatuto de Roma en su artículo 28. Lo que se reprocha en este vía no es haber participado de alguna forma en la comisión del crimen, sino el haber omitido ejercer un control apropiado sobre las fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo.

epn1También es cierto que hasta el momento no hay datos precisos sobre la participación u omisión de alguna autoridad federal en la desaparición de los estudiantes, pero hay algunos señalamientos: por ejemplo, la omisión del ejército y de la policía federal de actuar, siendo que ambas corporaciones cuentan con destacamentos muy cercanos al lugar donde sucedieron los hechos. De hecho, resulta preocupante que el propio Procurador General de la República haya dicho en conferencia de prensa que fue mejor que los militares no hayan intervenido, porque habrían apoyado a la autoridad civil -¿Qué significa eso? ¿Se está aceptando que los militares obedecen órdenes, por más evidente que sea su ilegalidad, por decir lo menos?-.

Si bien por el momento tales situaciones no han sido aclaradas, en caso de hacerse se daría el primer paso para poder hablar de una responsabilidad de los superiores jerárquicos de esas autoridades federales, cadena de mando la cual llega, constitucional y legalmente, hasta el presidente de la República, quien es jefe de Estado, titular de la administración pública federal y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas[ii].

No obstante, aún se tendría que comprobar algo más: que el superior en la cadena de mando sabía o debía saber que los subordinados estaban cometiendo el crimen o se proponían cometerlo, y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para informar a la autoridad competente para su investigación y enjuiciamiento (art. 28[a] del Estatuto).

Así, se tendría que probar que Peña Nieto tenía conocimiento de las desapariciones sistemáticas en Iguala a manos de las autoridades municipales y los grupos criminales, lo cual resulta demasiado complicado. Ello hace más viable explorar otra alternativa: si no sabía, al menos sí debía haber sabido lo que pasaba. ¿Cómo? Algunos medios de comunicación han reportado que la PGR había recibido, desde finales de abril de este año, informaciones por parte de la Fiscalía de Guerrero de desapariciones y asesinatos en las que estaban involucrados diversos funcionarios municipales[iii].

Si logran comprobarse tales elementos, hablar de la responsabilidad penal de Peña Nieto es factible, pues teniendo la obligación de saber lo que sucedía, no tomó todas las medidas necesarias para evitar y reprimir la participación u omisión de sus subordinados, sean militares o policías o agentes federales, en la desaparición forzada de los estudiantes, pudiendo ser juzgado por la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar que a un presidente como el nuestro, con grandes y amplias facultades, le corresponden, proporcionalmente, las mayores responsabilidades y obligaciones.

Responsabilidad internacional del Estado mexicano

Claramente el Estado es responsable por la desaparición forzada de los 43 normalistas. Lo es porque este hecho se inscribe en un contexto grave de violaciones a derechos humanos y de desapariciones forzadas en el país, que son realizadas por agentes del Estado o, en el mejor de los casos, con su tolerancia y aquiescencia. Lo es además, porque en ella intervinieron autoridades municipales y porque de no haber sido así, es el Estado quien ha fallado en prevenir a toda costa que sucediera. Es también el Estado quien no ha cumplido con su obligación de búsqueda efectiva y localización inmediata de los desaparecidos. A pesar de que cualquier protocolo de investigación en materia de desaparición forzada indica que las primeras horas y días son de vital importancia, el Estado se entorpeció a sí mismo aduciendo que la PGR tenía que respetar la competencia de la procuraduría local, cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había señalado al Estado mexicano que debía, entre otras cosas, «establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona» y «eliminar cualquier obstáculo de hecho o de Derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares»[iv].

Es por ello innegable que la responsabilidad internacional del Estado se configuró desde el momento mismo en que los estudiantes normalistas fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por los policías municipales, y continuará hasta en tanto no sé dé con su paradero, se repare integralmente a las víctimas, se esclarezcan los hechos y se deslinden todas las responsabilidades que correspondan, hasta donde sea que éstas tengan que llegar.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

[i] Se trata del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acordado en Roma el 17 de julio de 1998. Ratificado por México en noviembre de 2005, entrando en vigencia en el país a partir del 1 de enero de 2006.

[ii] Basta con leer los artículos 89, fracciones II, IV, V, VI, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a si el presidente de la República es superior jerárquico del Procurador General de la República, cabe señalar que por virtud del artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma a la Constitución de 10 de febrero de 2014, sigue vigente la facultad del Ejecutivo de remover libremente al Procurador, por lo que cabe decir que sí es su superior.

[iii] Por ejemplo, el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la PGR, aceptó en un reportaje el hecho de que recibió tales informaciones; el video puede verse aquí.

[iv] Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C no. 207; §506.

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