El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en septiembre de 2014.

Durante este mes, se decidieron cuestiones electorales. Tratamos los rasgos más distintivos de este nuevo modelo, sumamente complejo y enfáticamente interesante para su estudio.

I. Los asuntos federales

Coaliciones

A través del tema de: “Limitación de los efectos del voto cuando marque más de un emblema de los partidos coaligados en la boleta electoral[1]”, la Corte definiría aspectos importantes de esta figura.

La Corte analizaría cuál es el marco normativo para las “coaliciones”. Definiría que las legislaturas de los estados no tienen competencia, esto es materia federal en virtud de que se persigue la conformación de un sistema uniforme, regido por una Ley General[2].

Propaganda electoral

¿Es constitucional la difusión de informes anuales gubernamentales rendidos fuera de los períodos de campaña?[3] No se considera propaganda porque está referida no sólo a la promoción política personal, sino a la rendición de cuentas, al igual que es de carácter informativo e institucional. Se dan parámetros, a fin de que no se torne proselitismo: realizarse anualmente para efectos del informe, cobertura regional limitada, no exceda de seis días antes y cinco días después del informe y que el contenido no pueda considerarse como prohibido legalmente.

Partidos políticos

La Corte resolvería que el marco normativo manda a la existencia de una serie de órganos internos, con características definidas, pero no impide la creación de otros[4]. Es razonable que la norma[5] impusiera mínimos que deben regir los procedimientos de democracia internos, para la conformación de candidatos de elección popular, tales como: convocatoria, reglas claras del proceso de selección y registros de precandidatos y candidatos, etc. Lo mismo se afirmó del establecimiento de procedimientos de justicia interna, que significa menos intervención estatal y garantía del debido proceso[6].

La formación de coaliciones totales, parciales y flexibles[7] se adecua a la reforma constitucional, donde se otorga un amplio margen de la libre configuración legislativa.

La negación a los partidos políticos de reciente creación para formar coaliciones, frentes y fusiones[8], en la primera elección en la que participe, es razonable[9], porque permite al partido demostrar, que representa con efectividad una corriente democrática importante.

Delitos electorales[10]

La Corte declararía que la eliminación de la “orientación” del sentido del voto por parte de ministros religiosos, como conducta que genera un delito, se encuentra dentro de las facultades del legislador y su libertad de configuración legislativa.

II. Los temas que incumben a las entidades federativas

Candidaturas comunes

La Corte definió los alcances de la configuración legislativa, por lo que se puede establecer las formas de intervención de los partidos políticos en los procesos electorales, en la ley o la Constitución local[11].

La disposición es razonable. Primero, se requiere que los partidos nuevos demuestren ser una verdadera opción para los ciudadanos y para tal fin, es necesario que en la primera contienda electoral, participen de manera individual[12].

Trato inequitativo entre las candidaturas comunes, con las instituciones de candidaturas independientes y coaliciones.

Con las candidaturas independientes, en cuanto al financiamiento y propaganda electoral no existe tal trato inequitativo, con excepción del tema de acceso a radio y televisión, que no se analizó, por considerarse competencia federal[13].

Con las coaliciones al tratarse de dos instituciones diferentes, no es posible establecer comparaciones equivalentes[14].

Cuando se trate de una candidatura común, los votos se computarán a su favor y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común, el cual debe estar registrado ante el Instituto Estatal Electoral, aprobado y publicado en el Boletín Oficial. Se determinó que esto es parte de la libre configuración legislativa.[15]

Candidatos independientes

Una causa refrendada por la Corte, para incurrir en responsabilidad por parte de los aspirantes y los propios candidatos independientes, es la de recibir aportaciones en efectivo, metales o piedras preciosas[16].

Resulta aceptable, resolvería la Corte, para el derecho de ser votado, el que no puedan ser candidatos independientes, quienes hayan tenido algún cargo de dirigencia en algún partido político. El tiempo previo varía dependiendo de la legislación local: un año[17], dos años[18] o tres años[19].

SCJN_PlenoSe analizó la regulación de las candidaturas independientes, en relación con los requisitos para su registro. Los diferentes marcos normativos analizados, se argumentaban inválidos, porque no guardaban proporcionalidad y razonabilidad con los términos constitucionales, en específico la obligación de entregar: constancia de inscripción al padrón electoral, constancia de entrega de informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano, dictamen sobre ello[20] y la copia de la credencial para votar. Definiría la Corte que esto se encuentra dentro de la LCL, además son documentos idóneos para acreditar la exigencia de demostrar la ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos, al igual que un debido control financiero[21].

Es constitucional que se le imponga a los ciudadanos que decidan manifestar su respaldo a algún aspirante a candidato independiente, presentar copia de su credencial para votar, ya que se considera un requisito razonable para demostrar cuál de los aspirantes obtuvo un mayor número de respaldos, y por tanto cumple con los requisitos de elegibilidad[22].

Fijar los plazos para la obtención del respaldo ciudadano[23], es constitucional, ya que se trata, en la selección de candidatos independientes, de una fase más dentro de un procedimiento electoral complejo, por lo que debe tener un plazo perentorio, que permita el desarrollo de dicho procedimiento y sus diversas etapas, aunque varíen dependiendo del cargo.

Tampoco es inadecuado que los plazos sean diferentes al de los partidos políticos, ya que tienen naturaleza y dinámicas diferentes[24].

La Constitución no estableció un valor porcentual, esto quedó a la voluntad del legislador local, para decidir sobre: la forma de acreditar el apoyo ciudadano para el registro, y, las cifras suficientes con que se debe demostrar documentalmente el apoyo[25]. Variaría dependiendo del cargo y no resulta inequitativo que sea diferente, al exigido a los partidos políticos. El objetivo del porcentaje es, que demuestren tener un verdadero respaldo ciudadano.

La Corte definiría que la candidatura independiente involucra un derecho individual ejercido a título personal, y mientras no haya sido electo, en ninguna de las etapas del proceso electoral, puede ser sustituido[26].

Las personas que hayan logrado el registro de candidato independiente, tendrán derecho a recibir financiamiento público. Esta decisión es parte de la libre configuración legislativa y se puede equiparar con los partidos políticos que reciban menor financiamiento[27].

La Corte resolvería que per se, no es inconstitucional establecer diferencias entre los institutos políticos y las candidaturas independientes[28]. La diferencia está justificada inclusive por la jurisprudencia de la CoIDH.[29]

Mexicanos en el extranjero

La LGIPE, sí deja abierta la posibilidad para que los estados determinen la forma en que se darían este tipo de votos[30].

La Constitución local puede limitar el voto en el extranjero a las elecciones de gobernador, esto se encuentra dentro de la libre configuración legislativa[31].

Un tema sin precedente, el candidato migrante o binacional. Conoce los intereses de sus representados, y los defiende en el interior del poder público del que forma parte. La unidad territorial que le corresponde, tiene el espacio donde se asienta la comunidad a la que representa, y, aquél donde desarrolla sus labores[32].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. Agradezco la colaboración de Marisa Rosbel Barrera Rincón, estudiante de la Licenciatura en Derecho de la UAC.

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[1] (1) LGPP: 87, párrafo 13. CPEUM: 73, párrafo XXIX-U;41; 116; 122; Segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de 10 de febrero de 2014.

[2] (1) Mayoría de 9 votos, sesión del 8 de septiembre, p. 56.

[3] (1) Unanimidad, sesión del 1 de septiembre, p. 55.

[4] (2) LGPP: 43. Votación económica, sesión del 8 de septiembre, p. 85.

[5] (2) LGPP: 44. Votación económica, sesión del 8 de septiembre, p. 87.

[6] (2) LGPP: 46, 47 y 48. Unanimidad por los artículos 47 y 48. Mayoría de 7 votos por el artículo 46. Sesión del 8 de septiembre, p. 93.

[7] (2) LGPP: 88. Votación favorable, sesión del 8 de septiembre, p. 95.

[8] LGPP: 85, párrafo 4. Votación Favorable, sesión del 8 de septiembre, p. 97.

[9] 41 base I primer párrafo y 73 fracción XXX-U.

[10] (3) Sesionada el día 8 de septiembre. Mayoría de ocho votos, p. 111.

[11] Para los datos completos de todos los asuntos sobre las entidades federativas, ver infra nota 40. (7) Mayoría de 9 votos. Sesión del 22 de septiembre, p. 97.

[12] Encontramos los siguientes asuntos: (4) Unanimidad de 10 votos, sesión del 9 de septiembre, p. 23; (7) Mayoría de 8 votos, sesión del 22 de septiembre, p. 114; (10) Unanimidad de 8 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 69.

[13] (7)Con excepción del tercer tema “acceso a radio y televisión” desestimado, los anteriores se aprueban con Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 99. CPEUM: 41.

[14] (7) Mayoría de 8 votos, sesión del 22 de septiembre, p. 117.

[15] (8) Unanimidad de votos, sesión del 23 de septiembre, p. 42.

[16] (1) Votación económica, sesión del 4 de septiembre, p. 95. (9) CEEM: 230, fracción IV. Votación favorable, sesión del 23 de septiembre de 2014, p. 98; (9) CEEM: 230, fracción IV. Votación favorable, sesión del 23 de septiembre, p. 98; (14) LIPEG: 348 fracción VI y 308 fracción III. Votación favorable, sesión del 30 de septiembre, p. 82.

[17] (9) CEEM: 298. Mayoría de 7 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 8.

[18] (10) LIPEEG: 50, inciso c), fracción VII, numeral 2. Mayoría de 6 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 66.

[19] (11) CIPEDF: 224 Bis. Mayoría de 8 votos, sesión del 29 de septiembre, p. 17.

[20] (9) CEEM: 318. Votación favorable, sesión del 25 de septiembre, p. 13. (6) CEEC: 346. Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 47. (1) Unanimidad de votos. Sesión del 4 de septiembre, p. 73

[21] (14) LIPEG: 308, fracción VIII. 311, fracción III, incisos c), g) e i). Unanimidad de votos, sesión ibídem, p. 69. Precedentes en las A.I. 32, 45, 66 y 75/2014. En específico, sobre la entrega de la constancia de inscripción a la lista nominal: (9) CEEM: 305, fracción II. Unanimidad de 9 votos, sesión del 25 de septiembre de 2014, p. 10; Requisito específico para los candidatos locales (6) CEEC: 335 fracción III. CPEUM: 116 fracción IV. Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 58. (1) LGIPE: 384, 385, 386. CPEUM: 14 , y 41.Unanimidad de votos, con excepción de los relativo al 385 párrafo 2 incisos b) y g) LGIPE, donde hay ocho votos. Sesión del 4 de septiembre, p. 69.

[22] (9) CEEM: 312. Sigue la votación de la Acción de inconstitucionalidad 22/2014. Unanimidad de 9 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 12. (11) Votación favorable. Sesión del 29 de septiembre, p. 18. (14) LIPE: 313, fracción II. Unanimidad de votos, sesión del 30 de septiembre, p. 73. Precedentes en las A.I. 33 y 42/2014.

[23] (9) CEEM: 308. Votación favorable, sesión del 25 de septiembre, p. 14. Temas similares con la Acción de Inconstitucionalidad 32/2014. (14) LIPEG: 298. Votación favorable, sesión de 30 de septiembre, p. 62. (16) CIPEEM: 268. Votación favorable, sesión del 30 de septiembre, p. 17. (6) CEEC: 339. Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 42. (1) Unanimidad de votos. Sesión del 4 de septiembre, p. 71.

[24] (1) CPEUM: 35 fracción II; 41 y 116, segundo transitorio del decreto de reforma constitucional. Unanimidad, sesión del 4 de septiembre, p. 63.

[25] (1) CPEUM: 35 fracción II; 41 y 116, segundo transitorio del decreto de reforma constitucional. Unanimidad, sesión del 4 de septiembre, p. 63. (9) CEEM: 313, fracción I y último párrafo. Mayoría de seis votos, sesión del 25 de septiembre, p. 18. (16) CIPEEM: 283 incisos a) y b). Mayoría de 9 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 24. (11) CIPEDF: 224 Ter, apartado A, párrafo 2. Mayoría de 9 votos. Ibídem, p. 20. (9) CEEM: 314, fracción IV. Mayoría de 8 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 21. (10) LIPEEG: 39. Mayoría de 7 votos. Sesión del 25 de septiembre, p. 64. (14) LIPEG: 300. Mayoría de 8 votos, sesión ibídem, p. 65. (15) LIPPES: 9 y 17. Mayoría de 8 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 92. (16) CIPEEM: 270. Mayoría de 9 votos, sesión ibídem, p. 20. 14) LIPEG: 314. Votación favorable, sesión del 30 de septiembre, p. 76.

[26] (1) LGIPE: 392.Votación económica, sesión del 8 de septiembre, p. 5. (9) CEEM: 191 y 317. Votación favorable, sesión del 25 de septiembre, p. 24. (6) CEEC: 352. Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 74. (14) LIPEG: 318 y 319. Mayoría de 7 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 79. (15) LIPPES: 35, 36 y 37. Mayoría de 8 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 97. (16) CIPEEM: 287, 288, 289. Mayoría de 8 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 27.

[27] (9) CEEM: 326. Votación favorable, sesión del 25 de septiembre, p. 29. Relacionado con la A.I. 22 y 32/2014. (6) CEEC: 355. Votación favorable, sesión del 22 de septiembre, p. 74.

[28] (9) CEEM: Mayoría de 8 votos, sesión del 25 de septiembre, p. 31. Relacionado con la A.I. 32/2014.

[29] (6) CEEC: Mayoría de 9 votos. Sesión del 22 de septiembre, p. 75.

[30] (1) LGIPE art. 329. Mayoría de ocho votos. Sesión del 4 de septiembre, p. 28. (9) CEEM: 274, 289 y 292. Mayoría de 8 votos, sesión del 23 de septiembre, p. 98.

[31] (14) CPEG: 23, fracción II. LIPEG: 275 y 279. Mayoría de 8 votos, sesión del 30 de septiembre, p. 60 y 61.

[32] (10) LIPEEG: 13, 17, 18 y octavo transitorio. Votación favorable. Sesión del 25 de septiembre, p. 61.

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